El caso que se arrastra desde 2016 y terminó con la organización ambientalista siendo declarada responsable por millonarias pérdidas a una compañía de gas natural y propano, quienes buscaban instalar un oleoducto cerca de una reserva de siux, un pueblo indígena americano. Un jurado da la razón a la compañía de oleoductos Energy Transfer que pedía 300 millones de dólares por unas protestas en 2016; Greenpeace considera que se quiere “destrozar el derecho a la protesta pacífica”.
Fuente: CNN y GGON
ESTADOS UNIDOS (22/3/2025).- La reciente sentencia contra Greenpeace por un jurado de Estados Unidos, que la obliga a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer, fue considerada como un riesgo para la continuidad de una de las organizaciones ambientalistas más influyentes del mundo.
Más allá de las implicaciones legales y políticas, la posible quiebra de Greenpeace plantea serias preocupaciones sobre el impacto ambiental que su ausencia podría generar en la lucha contra el cambio climático y la protección de ecosistemas clave.
La desaparición de una entidad con la capacidad de presión global de Greenpeace afectaría la fiscalización de proyectos con alto impacto ambiental, debilitando la capacidad de la sociedad civil para exigir responsabilidades a las empresas contaminantes. Sin esta supervisión, gobiernos y corporaciones tendrían mayor margen para flexibilizar regulaciones y acelerar iniciativas con consecuencias ambientales devastadoras.
El fallo se conoció este miércoles, cuando un jurado de Dakota del Norte declaró a Greenpeace responsable de millones de dólares en daños a una empresa gigante de oleoductos en relación con las protestas contra el oleoducto Dakota Access hace casi una década.
Energy Transfer Partners, con sede en Dallas, demandó a Greenpeace por 300 millones de dólares en 2019, acusando al grupo ambientalista de planificar las protestas, difundir información errónea y causarle pérdidas financieras a la empresa a través de daños a la propiedad y pérdida de ingresos.
Después de un juicio que duró tres semanas, el jurado de nueve personas tardó dos días en emitir su veredicto.
El resultado es un duro golpe para la organización ambientalista de 50 años de existencia, que anteriormente había dicho que el caso podría llevar a la quiebra sus operaciones en Estados Unidos, y los expertos dicen que podría tener consecuencias escalofriantes para la libertad de expresión.
“Creo que esta es una de las peores decisiones sobre la Primera Enmienda en la historia de Estados Unidos”, dijo Marty Garbus, abogado de derechos civiles que ha estado siguiendo el juicio. “La decisión es incomprensible”, dijo. Todavía no está claro si Greenpeace apelará.
La demanda giró en torno a las protestas contra la construcción del oleoducto Dakota Access cerca de la reserva siux de Standing Rock en 2016 y 2017. Los siux de Standing Rock se opusieron ferozmente al oleoducto, diciendo que pondría en peligro el río Misuri, su fuente de agua, y dañaría tierras tribales sagradas.
Miles de personas, incluidos representantes de más de 100 tribus y docenas de organizaciones sin fines de lucro, se unieron a la protesta que duró meses.
Energy Transfer acusó a Greenpeace de llevar a cabo un plan para detener la construcción del oleoducto. Durante las declaraciones iniciales del juicio, el abogado de la empresa, Trey Cox, acusó a la organización de pagar a personas externas para que fueran a la zona a protestar, organizar capacitaciones para manifestantes y hacer declaraciones difamatorias sobre el oleoducto.
“Hoy, el jurado emitió un veredicto contundente, declarando que las acciones de Greenpeace son incorrectas, ilegales e inaceptables según los estándares sociales. Es un día de ajuste de cuentas y rendición de cuentas para Greenpeace”, declaró Cox en un comunicado.
Este veredicto constituye una contundente afirmación de la Primera Enmienda. La protesta pacífica es un derecho inherente a los estadounidenses; sin embargo, la protesta violenta y destructiva es ilegal e inaceptable, declaró Cox.
Greenpeace, sin embargo, dijo que la acusación era un ataque apenas velado a la libertad de expresión y de protesta y era un intento de responsabilizar al grupo por todo lo que sucedió en una protesta a la que asistieron miles de personas, la mayoría de las cuales no tenían conexión con la organización ambiental.
Los abogados del grupo argumentaron que solo tuvo un papel menor en la protesta, enseñando técnicas de acción directa no violenta a petición de los organizadores indígenas.
En relación con las presuntas declaraciones difamatorias, Greenpeace argumentó que estas afirmaciones habían sido ampliamente difundidas en los medios de comunicación antes de que la organización las comentara.
“Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta destinadas a destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión”, dijo Deepa Padmanabha, asesora legal principal de Greenpeace Estados Unidos.
El mes pasado, Greenpeace Internacional, con sede en los Países Bajos, presentó su propia demanda contra Energy Transfer en un tribunal holandés utilizando la legislación anti-SLAPP de la Unión Europea, buscando recuperar los daños y costos en los que la organización ha incurrido como resultado de las demandas de la empresa.
“La lucha contra las grandes petroleras no ha terminado hoy, y sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado. Greenpeace Internacional seguirá luchando por un futuro verde y pacífico. Energy Transfer no nos ha dejado solos en esta lucha”, declaró Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional, en un comunicado.
Solidaridad con Greenpeace ante los recientes ataques a su derecho a la protesta pacífica
Aunque el veredicto no pone fin al caso, fue recibido con decepción y preocupación por organizaciones climáticas de todo el mundo. La demanda en sí misma es un ataque a los derechos fundamentales de libertad de expresión y protesta pacífica, así como un intento peligroso de silenciar las manifestaciones contra los impactos devastadores de los combustibles fósiles en comunidades tradicionales, el ambiente y el clima global. Greenpeace apelará la decisión en EE. UU.
Al mismo tiempo, Greenpeace Internacional está involucrado en una demanda en los Países Bajos contra la demanda SLAPP sin fundamento de Energy Transfer. Las SLAPP son demandas que intentan ahogar en gastos legales a organizaciones sin fines de lucro y activistas, empujándolos a la bancarrota y, en última instancia, silenciando la disidencia. La Unión Europea cuenta con una Directiva anti-SLAPP que tiene como objetivo proteger a las organizaciones de la sociedad civil de esta estrategia desleal.
Organizaciones climáticas en todo el mundo expresaron su solidaridad con Greenpeace y sus socios. Los ataques de Energy Transfer solo refuerzan la verdad y el poder de las acciones del movimiento climático, galvanizando la unidad de las personas frente a los abusos de la industria de los combustibles fósiles.
Tasneem Essop, directora ejecutiva de Climate Action Network International, se refirió al caso y expresó: “La demanda contra Greenpeace es un ataque siniestro de la industria petrolera al derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica. El veredicto del jurado que llama a Greenpeace a pagar 660 millones de dólares utiliza la ley como un arma para servir a intereses corporativos. Esto debería preocuparnos a todos. La industria de los combustibles fósiles sabe que su existencia es una amenaza para las personas y el planeta”, planteó.
“Estamos presenciando sus últimos coletazos. El movimiento climático no será silenciado. Seguiremos luchando por la justicia climática y apoyando a millones de personas en todo el mundo afectadas por los impactos devastadores de los eventos extremos. Estamos en solidaridad con Greenpeace y todas las organizaciones de la sociedad civil afectadas por las acciones represivas de las grandes corporaciones contaminantes”, manifestó Essop.
Michelle Medeiros, subdirectora de Earthworks, señaló por su parte que el resultado del caso contra Greenpeace envía una señal “escalofriante” a todos los que se preocupan por la defensa del ambiente y los derechos humanos en EE. UU.
“La industria petrolera busca establecer un precedente peligroso para silenciar a todos los que se oponen a la avaricia corporativa. En este caso, la decisión prioriza las ganancias corporativas sobre las personas, por lo que debe ser cuestionada. El poder corporativo y su rentabilidad no son más importantes que los derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución de EE. UU. Esta demanda no debe prevalecer en su ataque a los derechos de la Primera Enmienda y no dividirá comunidades y defensores del ambiente”, sostuvo Medeiros.
“Energy Transfer no borrará a los líderes indígenas de un poderoso movimiento de protesta para proteger el derecho al agua limpia y las tierras tribales sagradas. Earthworks colabora con comunidades y pueblos indígenas, trabajando incansablemente para defender su derecho a la vida, la tierra, el agua y el aire. Este resultado no disuadirá a las organizaciones valientes, compasivas y comprometidas que abogan por la justicia, las comunidades y nuestro ambiente. Para y por aquellos que se preocupan por la justicia y el poder de las personas para generar cambios, no seremos silenciados y nuestro movimiento perdurará”, indicó.
Nnimmo Bassey, director ejecutivo de Health of Mother Earth Foundation (HOMEF), consideró que el fallo es un ataque a las y los defensores del ambiente en todo el mundo. En un momento en que deberíamos estar construyendo resiliencia a nivel global, entregar a las corporaciones contaminantes un martillo de demolición contra las personas es completamente inaceptable. “Las personas y el planeta siempre deben estar por encima de las ganancias y los intereses corporativos o políticos sin sentido. ¡Estamos en solidaridad con Greenpeace!”, expresó.
Colin Roche, coordinador de Justicia Climática y Energía de Friends of the Earth Europe, se refirió a la consternación que generó el fallo. “Expresamos nuestra solidaridad con Greenpeace mientras apela esta decisión, así como con todos aquellos que han enfrentado el impacto destructivo de los oleoductos en Estados Unidos y más allá. El derecho a protestar está amenazado en todo el mundo, por grandes corporaciones y políticos interesados que ponen en riesgo nuestras democracias”, dijo.
“Este es también un recordatorio contundente para los gobiernos europeos de que deben garantizar que todos los ciudadanos tengan el derecho a protestar, que estén protegidos de la intimidación legal por parte de las corporaciones y que deben defender la democracia de quienes trabajan para socavarla.”, planteó.
Paul Paz y Miño, subdirector de Amazon Watch, afirmó que “el juicio fue un intento descarado de la industria de los combustibles fósiles por silenciar a las y los defensores del agua y de la justicia ambiental. La Tribu Sioux de Standing Rock y sus aliados enfrentaron represión violenta por defender sus derechos, su agua y el planeta del accionar de Energy Transfer Partners y el Oleoducto Dakota Access”.
Consideró, además, que se trató de “un veredicto sesgado forma parte de una estrategia más amplia de intereses de la industria de combustibles fósiles para criminalizar la disidencia, pero nos mantenemos firmes en nuestra lucha por la justicia. Amazon Watch está en solidaridad con Greenpeace, la Tribu Sioux de Standing Rock y las comunidades indígenas de todo el mundo en la lucha por los derechos ambientales y humanos.”
Gustavo Alanis, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), comentó: “En vista del veredicto que condena a nuestros colegas y aliados de Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) expresa su solidaridad y apoyo para que ellos y cada persona y organización puedan defender su derecho a cuidar y proteger el ambiente y los recursos naturales, así como evitar las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Durante años, el compromiso de Greenpeace ha girado en torno a la conservación de la naturaleza en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Este trabajo no puede ser silenciado a través de ataques legales a las y los defensores de los derechos humanos ambientales, que básicamente buscan reducir su participación pública.”
Nora Cabrera, directora ejecutiva de Nuestro Futuro A.C., expresó: “En Nuestro Futuro A.C., creemos que ningún poder económico o político debería tener la capacidad de intimidar o llevar a la bancarrota a quienes luchan por un futuro habitable. El veredicto contra Greenpeace —por solidarizarse con líderes indígenas y defensores del ambiente— no es solo un castigo para una organización; es un ataque directo a la justicia climática. Y ante esto, no podemos retroceder. Por el contrario, este intento de silenciar la defensa del planeta debe fortalecernos como movimiento. El sistema legal no puede seguir siendo usado como un arma para silenciar a quienes protegen el clima, las comunidades más afectadas y nuestro futuro colectivo. En todo el mundo, defensores del clima arriesgan todo para exponer el daño causado por los combustibles fósiles. Sin embargo, en lugar de proteger sus derechos, los gobiernos permiten que los intereses corporativos los apunten con demandas como esta. En Nuestro Futuro, estamos en solidaridad con Greenpeace y con todos aquellos que, con valentía, se niegan a ser silenciados. Porque la lucha por la justicia climática es también una lucha por los derechos humanos, por la dignidad y por el futuro que todos merecemos.”
Pablo Montaño, director de Conexiones Climáticas, México, comentó: “El veredicto contra Greenpeace es preocupante y representa una amenaza para el derecho esencial de defender la naturaleza y las comunidades. También es una clara señal de que la industria de los combustibles fósiles se ha quedado sin argumentos y ahora recurre a la corrupción de los sistemas legales. Estamos con Greenpeace, pues ha sido un referente de lucha constante contra la industria de los combustibles fósiles y a favor de la vida en nuestro planeta. No seremos silenciados.”
