El desfinanciamiento de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, herramienta jurídica que promueve beneficios de aportes económicos no reintegrables a productores y otorga estabilidad fiscal a las empresas con proyectos forestales, fue uno de los temas que quedaron a resolver en 2025. El reclamo llegó del sector privado y las provincias mesopotámicas durante la última reunión de la Mesa Nacional Foresto-industrial. El Presupuesto nacional destinó históricamente fondos insuficientes para ejecutar la normativa. Para 2025 se solicitó un monto de más de $1200 millones, pero aún no se aprobó en el Congreso Nacional.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES (8/12/2024).- La reunión de la Mesa Nacional Foresto-Industrial, realizada el miércoles 4 de diciembre en Buenos Aires, tuvo un enfoque dinámico y resolutivo, de la que participaron representantes del sector público y privado.
Entre los temas abordados, estuvo el capítulo de plantaciones forestales, donde se planteó la problemática del desfinanciamiento que marcó en 2024 respecto al pobre funcionamiento de la operatoria de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados. La asignación presupuestaria nacional resulta insuficiente, dejando pendientes numerosos pagos a productores forestales por campañas solicitadas en años anteriores.
Según lo planteado por Pablo Ruival, presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y miembro del Consejo Foresto-industrial Argentino, se presenta la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento alternativas para garantizar los Aportes Económicos No Reembolsables (AENR) y saldar la deuda vigente.
De igual forma, valoró que este año se gestionó la aprobación de los beneficios fiscales de los expedientes, independientes del pago de lo AENR (subsidio forestal), como también la decisión del gobierno nacional de dar continuidad a la vigencia de Ley 25.080.
En el Presupuesto nacional se destinó históricamente fondos insuficientes para la ley 25.080, lo que generó demoras en las ejecución de la normativa. Para 2025 se solicitó un monto de más de $1.200 millones, pero aún no se aprobó en el Congreso Nacional.
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De la Mesa Nacional público privada participaron los respectivos presidentes y representantes de las cámaras gremiales empresarias que integran CONFIAR: Claudio Terrés, por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel; Pablo Ruival, por la Asociación Forestal Argentina; Mercedes Omeñuka, por la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines; Osvaldo Kovalchuk, por ASORA, y Marcos Pereda por la Sociedad Rural Argentina, entre otros empresarios.
Por el sector público, la mesa es coordinada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos, y la directora nacional de Desarrollo Foresto-Industrial, Sabina Vetter.
En representación de Entre Ríos, asistieron el ministro Guillermo Bernaudo y la directora forestal Lorna Sacks. Por Corrientes, participaron el ministro Claudio Anselmo y el secretario Luis María Mestres, mientras que Misiones estuvo representada por el ministro Facundo Sartori.
Avances de gestión
Durante el encuentro, se mencionó entre los avances del año de gestión el fortalecimiento del sistema de información forestal georreferenciada, que por primera vez ofrece datos actualizados online y útiles para la toma de decisiones estratégicas en el sector.
Otro punto destacado fue la intervención del país en la discusión sobre el cumplimiento del Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación (EUDR), donde el sector de plantaciones forestales busca posicionarse con estándares que respalden la competitividad de los productos argentinos en mercados internacionales.
Asimismo, se mantuvo el programa de evaluación y certificación de trabajadores forestales, impulsado por la Subsecretaría de Empleo, en conjunto con AFoA y UATRE, que este año cumplió 20 años de vigencia.
En términos normativos, se valoró la inclusión de la derogación de la Ley de Tierras en un DNU, cuya resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia se espera con interés.
Sin embargo, representantes del sector insistieron en la necesidad de simplificar y agilizar los trámites de Previa Conformidad en la Zona de Seguridad de Fronteras, dado su impacto en las operaciones de transmisión de inmuebles y reestructuración societaria.
Por otro lado, los representantes provinciales coincidieron en priorizar medidas que reduzcan los altos costos logísticos y de transporte, una de las principales barreras para la competitividad del sector y las economías regionales.
También se destacó la inclusión de inversiones forestales y foresto-industriales en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) como una oportunidad para atraer nuevos proyectos al país en el sector.
La Mesa Nacional Foresto-Industrial marcó la agenda de trabajo por la sostenibilidad económica y ambiental del sector, promoviendo estrategias que aseguren la competitividad y fortalezcan el desarrollo integral de las regiones forestales del país de cara al 2025.
El Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, cerró la reunión de la Mesa Nacional con un llamado a la acción y la ambición para potenciar el sector. En su discurso, Chiappe destacó la importancia de aprovechar el momento histórico que atraviesa el país para transformar la percepción global de Argentina y consolidar el potencial del sector foresto-industrial.
“Estamos en un momento histórico de nuestra nación y todos estamos haciendo un gran esfuerzo por cambiar la imagen del país. La llave para que despegue esta industria está en la inversión a gran escala. Debemos pensar en grande, ser ambiciosos y resaltar siempre el enorme potencial de Argentina”, expresó.
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