La COP29 aborda temas esenciales como los mercados de carbono, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), medidas de adaptación y financiamiento climático. «Cada año sin avances representa una pérdida de oportunidades de desarrollo sostenible y competitividad en el mercado global de carbono», sostiene Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, instando a las autoridades a tomar medidas que faciliten estos acuerdos cruciales.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
Fuente: Con información de la Mesa Argentina de Carbono y Comunidad Planeta
Azerbaiyán (14/11/2024). – La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP29, que se lleva a cabo en Bakú desde el 11 hasta el 22 de noviembre, destaca el compromiso de más de 50 países en acuerdos de transferencia de reducciones de emisiones bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París.
Sin embargo, Argentina aún no ha avanzado en este ámbito, lo que preocupa a los sectores de desarrollo sostenible y ambiente que consideran fundamental esta oportunidad para la economía y el combate al cambio climático.
La COP29 aborda temas esenciales como los mercados de carbono, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), medidas de adaptación y financiamiento climático.
En este contexto, el Artículo 6 representa un pilar en la agenda, permitiendo a los países colaborar en la reducción de emisiones mediante acuerdos bilaterales, esenciales para atraer inversión extranjera en sectores estratégicos como las energías renovables, la eficiencia energética y la gestión forestal.
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe un 80 % de probabilidades de que la temperatura global supere los 1,5 °C respecto a niveles preindustriales, lo que hace aún más urgente la adopción de estos mecanismos internacionales.
Rezago en el mercado de carbono
Desde la Mesa Argentina de Carbono, creada en 2022 para posicionar al país en los mercados de carbono, se destaca que mientras naciones vecinas como Colombia, Chile y Uruguay ya tienen acuerdos bilaterales con países europeos y asiáticos, pero la Argentina aún no ha definido su postura oficial ni ha generado un marco regulatorio adecuado para facilitar estos convenios.
«Es crucial que Argentina acelere el desarrollo de una estructura robusta para implementar el Artículo 6 del Acuerdo de París», señaló Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.
«Los mercados de carbono internacionales pueden financiar proyectos que actualmente no son viables en Argentina a través de los mercados voluntarios», añadió, enfatizando la necesidad de cooperación entre el gobierno y el sector privado para concretar acuerdos internacionales.
El retraso de Argentina no solo disminuye sus opciones de inversión, sino que también podría limitar su acceso al mercado de carbono voluntario y al mecanismo CORSIA, diseñado para compensar las emisiones de la aviación internacional.
Los inversores ya demandan una estructura clara para proyectos de carbono en el país, un requisito que algunos consideran excluyente. Sin avances en este sentido, Argentina podría enfrentar mayores dificultades para atraer inversiones destinadas a mitigar el cambio climático.
Oportunidad y desafío de liderazgo climático
La implementación del Artículo 6 ofrece a Argentina la posibilidad de fortalecer su competitividad en innovación climática y atraer financiamiento verde, pero esto requiere un marco normativo efectivo y relaciones diplomáticas sólidas para negociar con otros países.
«Cada año sin avances representa una pérdida de oportunidades de desarrollo sostenible y competitividad en el mercado global de carbono», concluyó Cano, instando a las autoridades a tomar medidas que faciliten estos acuerdos cruciales.
Argentina, por ahora, observa desde la distancia cómo otros países de la región logran posicionarse en la vanguardia del liderazgo climático.
El mercado de carbono como acción climática en finanzas verdes
Desde 2005 el valor total de los mercados voluntarios fue de USD 10 mil millones totales, mientras que sólo en los años 2021 y 2022 los valores anuales fueron de USD 2 mil millones anuales, lo cual muestra su crecimiento. El valor de los mercados casi se cuadruplicó en 2021 y 2022 impulsado principalmente por proyectos del sector forestal y del agro, usualmente conocidos como Soluciones Basadas en la Naturaleza.
“Argentina tiene un gran potencial de no solo cumplir sus compromisos internacionales mediante mecanismos trazables, sino de ser proveedor de reducciones de emisiones al mundo. Si en Argentina se desarrollaran y certificaran proyectos de captura y reducción de emisiones en sólo el 10% de la superficie agropecuaria y forestal del país, podría estimarse preliminarmente que la comercialización de los certificados/créditos de carbono generados por estos proyectos podría representar ingresos totales por entre USD 10 mil y 14 mil millones (USD 250-350 millones anuales)” agrega Cano.
“Si este cálculo se lleva al 50% de la superficie agropecuaria y forestal, representaría entre USD 1.100 y 1.750 millones anuales, lo cual puede asimilarse a los ingresos generados por los complejos productivos minero y de la carne y cueros”, concluye.
Actualmente existen al menos 170 tipos de tecnologías para generación de créditos de carbono a través de la captura y reducción de emisiones, tanto del sector forestal y del uso del suelo, como de los sectores de las energías renovables, la eficiencia energética, los hogares y comunidades, la producción industrial, el transporte, la gestión de residuos y la agricultura.
Los mercados de carbono son un mecanismo de reducción de emisiones mediante la gestión privada principalmente, utilizando mecanismos de mercado. No requiere de inversión o financiamiento público, pero sí requiere que el Estado pueda garantizar las condiciones para que el sector se desarrolle.
“Una apertura a los mercados internacionales de carbono permitirá inversiones para implementar este tipo de proyectos en diversos sectores productivos del país”, asevera Cano, en un reporte de prensa que dieron a conocer este jueves.
Debate global en la COP29 sobre mercado regulado de carbono
La discusión sobre el mercado regulado de carbono se viene dando en las conferencias del clima desde al menos la COP27 de 2022. El año pasado en la COP28 se esperó hasta el último día y los países volvieron a fallar en lograr el consenso.
Hay tres razones por las cuales la historia fue diferente en la COP29:
- La necesidad de una victoria ante una conferencia complicada: Con la contenciosa discusión sobre la nueva meta de financiamiento climático en la mesa, la presidencia de Azerbaiyán ya tiene un “logro”. Una estrategia similar a la empleada en 2023 por Emiratos Árabes Unidos, entonces presidente de la COP28, con el fondo de daños y pérdidas.
- Muchos interesados: la mayoría de los países europeos y asiáticos dependen de los créditos de carbono para cumplir sus compromisos climáticos actuales, y todo significa que seguirá así en los nuevos compromisos “más ambiciosos” que deberían presentar de aquí a febrero de 2025. El nuevo compromiso de Emiratos Árabes Unidos presentado en noviembre, por ejemplo, depende en parte de los créditos de carbono bajo el Artículo 6.
- Es parte de la discusión sobre financiamiento: tras la aprobación del mercado regulado de carbono, el Secretario de la CMNUCC, Simon Stiell, declaró que el acuerdo permitirá “proveer recursos directos a países en vías de desarrollo y ahorrarnos $250.000 millones de dólares” en políticas climáticas. “Debemos asegurarnos que esos países se beneficien de nuevas formas de financiamiento”, afirmó en conferencia de prensa.
En la discusión sobre el quiénes, cómo y cuánto dinero se necesita para mitigar y adaptarnos al cambio climático, Climate Action Network (CAN) reportó que “negociadores de países desarrollados están diciendo que no hay el dinero público suficiente para la meta propuesta” de billones de dólares anuales, “y que necesitan del financiamiento privado”.
Dos fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que el riesgo es que el dinero dirigido a los mercados de carbono sea contabilizado como contribución a la nueva meta que se espera que salga de la COP29.
Uno de los elementos más relevantes para América Latina es la exclusión de los proyectos de “emisiones evitadas”, como podrían ser varios proyectos de “deforestación evitada” (también conocidos como REDD+), donde el valor se calcula bajo un supuesto de la cantidad de carbono adicional que habría si el dinero del mercado no protegiera un bosque en particular.
Esto no significa que los proyectos REDD+ no puedan ingresar al mercado regulado, explica Isa Mulder, experta de la organización Carbon Market Watch, sino que ahora “deberán demostrar que no solo evitan emisiones, sino que también las reducen o las remueven”.
La decisión de dejar afuera los proyectos de créditos de carbono de emisiones evitadas tiene una razón de ser, y es la falta de garantías científicas sobre cómo calcularlos. En general, los proyectos se basan en asumir un escenario de impacto (como por ejemplo el riesgo de deforestación) para calcular cuánto carbono “evitan” gracias al dinero del mercado.
Pero hecha la ley, hecha la trampa: un estudio científico del 2023 demostró que las principales metodologías utilizadas para calcular ese escenario contrafactual eran fácilmente manipulables; bastaba con exagerar el riesgo de deforestación o utilizar datos desactualizados para argumentar un beneficio climático mayor al real.
La decisión de dejar afuera a este tipo de proyectos es una derrota para el nuevo Grupo SUR que conforman Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay en las negociaciones climáticas de este año.
En la COP28, Brasil fue uno de los principales impulsores y en la COP29, la delegación paraguaya había venido con el mandato de lograr incluirlos en las negociaciones. Pese a esta decisión, el texto aprobado en Azerbaiyán está lleno de bemoles. Uno es la desconfianza sobre los mercados de carbono como herramienta real para la acción climática.
Para Eduardo Giesen, coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Campaña Global para exigir Justicia Climática, los mercados de carbono “han demostrado ser un mecanismo completamente inútil para la reducción de emisiones y una fuente de negocios turbios”, como los vistos este año en Colombia, donde se vendió el carbono de un bosque a espaldas de la comunidad indígena que lo protegía, y en Brasil, donde los impulsores de un proyecto terminaron presos por tener relación con el tráfico ilegal de madera.
La aprobación del mercado regulado de carbono, con discusión casi nula en el primer día de negociaciones, también “sienta un precedente pobre para la transparencia y la gobernanza”, explica Mulder.
Una de las mayores alertas, señalada por la experta, es “que quedan muchas preguntas sin responder”, entre la que se destaca cómo se hará con los proyectos que capturan carbono de manera temporal, como los proyectos de “agricultura regenerativa” o las plantaciones forestales, los cuales podrían ser utilizados erróneamente para “compensar” las emisiones de la quema de petróleo y gas, que duran cientos de años en la atmósfera.
Esto abre la puerta a muchas falsas soluciones, como las impulsadas por el agronegocio sudamericano alrededor de la agricultura y ganadería regenerativa para defender la postura de que el sector es “parte de la solución y no del problema”, como lo describió el gobierno de Argentina en su intervención en la COP29 antes de retirar a sus delegados.
