La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca el potencial del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, como una herramienta capaz de atraer inversiones significativas al país gracias a los beneficios fiscales que ofrece.
Fuente: CAME
BUENOS AIRES (16/5/2024).- Según el secretario general de la entidad pyme, Ricardo Diab, el desafío principal del RIGI radica en convertir esas inversiones en impulsores del crecimiento económico sostenido y la prosperidad general.
La importancia de la inversión productiva para el desarrollo económico sostenible es innegable, especialmente en el contexto actual de Argentina. El RIGI representa un sistema firme para atraer inversiones de gran envergadura, reconociendo la necesidad de incentivos fiscales para ello. No obstante, es crucial tener en cuenta que cualquier incentivo a la inversión implica una reducción en la recaudación fiscal y puede generar inequidades entre las empresas que acceden a dichos beneficios y las que no.
Por su parte, el presidente de CAME, Alfredo González, enfatiza que un régimen de incentivos solo es justificable si los beneficios para la sociedad superan los costos a largo plazo. «En este sentido, es fundamental evaluar el impacto en la creación de empleo, la integración de proveedores locales, el saldo neto de divisas y las cláusulas que promuevan la participación de las empresas nacionales en los proyectos de inversión», dijo.
La CAME respalda la necesidad de generar incentivos para la inversión productiva como medio para impulsar la economía real, pero plantea interrogantes sobre el retorno social de dichas inversiones. Además, sugiere mejoras en el marco normativo, tomando como referencia legislaciones existentes como la Resolución 256/00 del Ministerio de Economía de la Nación, que promueve la inclusión de contenido nacional en los proyectos de inversión.
Finalmente, consideran que es urgente atraer inversiones para impulsar el desarrollo económico, «pero es igualmente vital que este proceso beneficie a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, la industria local y las economías regionales. El éxito del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones depende de su capacidad para generar un crecimiento equitativo y sostenible para el país en su conjunto», concluyeron.
Modernización de las leyes laborales
Desde hace tiempo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viene trabajando sobre la modernización en las relaciones laborales. Por este motivo, CAME considera un gran logro que esta cuestión esté contemplada en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
“Es un gran acierto la derogación de las leyes y artículos de leyes que son responsables de la litigiosidad laboral en nuestro país. Esto generará un gran alivio para el sector pyme, ya que, ante un reclamo por sumas exorbitantes por la aplicación de multas, podría darse el cierre de una empresa”, dijo respecto a este tema el presidente de la entidad, Alfredo González.
Cabe recordar que CAME se presentó como “amicus curiae” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en apoyo al capítulo laboral inserto en el DNU 70/23, únicamente en lo relativo a la parte de derecho individual del trabajo. “Contratar empleados es clave para el crecimiento y genera beneficios en toda la sociedad. Pero es imperioso que, a la par de que se contemplen los derechos adquiridos del trabajador, se faciliten las contrataciones que promueven el incremento del empleo genuino”, destacó el secretario general de la entidad pyme, Ricardo Diab.
“Contratar a un empleado tiene que suponer un estímulo para una empresa y no un riesgo, como es hoy. Actualmente es muy difícil porque no tenemos equilibrio judicial, y el despido genera un problema para la empresa”, agregó González.
En este sentido, CAME considera que este proyecto de ley Bases debería contemplar las siguientes consideraciones:
En torno a la indemnización, se establece la posibilidad de generar un fondo de cese. Pero también dice que los empleadores “podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista”. Esta alternativa sería de muy difícil implementación y podría atentar contra la viabilidad del fondo de cese y para la salud del sistema laboral es imperioso evitar la litigiosidad en todo aspecto.
Si el objetivo de la norma es generar más empleo registrado ¿no hay acaso una posible litigiosidad laboral por el “Principio de la Primacía de la Realidad” en el artículo que refiere a los trabajadores independientes con colaboradores? ¿no genera esa situación una competencia desigual entre empresas?, ¿no genera la figura descripta en ese artículo una relación de prestación de servicios más que de empleo registrado?
Las relaciones laborales son un aspecto central para el funcionamiento de las empresas argentinas, que en más del 70% son familiares, pequeñas y medianas, que vienen de décadas.
Por eso es imperioso avanzar en la modernización de las relaciones laborales y esclarecer los puntos no resueltos para implementar lo antes posible esta reforma y potenciar un escenario en el empleo registrado que permita el crecimiento económico y el beneficio para toda la sociedad.
