Escribe Rodolfo Burkart. Ingeniero Agrónomo.
BUENOS AIRES (31/3/2024).- Alarma a la conciencia de quienes cultivamos cierta conciencia social ambientalista, las opiniones vertidas por el Ingeniero Forestal Mario Elizondo en ArgentinaForestal.com, sobre las modificaciones a la legislación forestal que aplica el DNU 70 del actual gobierno.
Comienza reseñando la historia de la silvicultura en la Argentina como “un sector fallido”, desde aquella Ley de Defensa de la Riqueza Forestal N° 13.273 de 1948, “nunca aplicada en aquello que se refiere a qué hacer con nuestros bosques nativos”, hasta las hoy vigentes 25.080 y 26.331.
De éstas, opina que “han sido siempre sistemas de despilfarro de fondos públicos”. Que los desmontes ilegales que ocurren a pesar de la segunda de ellas “continúa sin conmover a nadie” al día de hoy.
Ignora, sin conocimiento de causa, las innumerables denuncias recurrentes de damnificados y ONG contra los desmontes ilegales y ridiculiza las acciones de éstas por la necesaria visibilización pública de esos atropellos, perpetrados contra la ley y en tantos casos también contra los tradicionales poseedores de esas tierras, campesinos e indígenas.
Descalifica como mero despilfarro de fondos públicos las asignaciones presupuestarias que dicta la Ley 26.331 para la protección de los bosques nativos, sin entender que las mismas son un instrumento clave para la gestión de los bosques, con el que nunca contaron las administraciones desde la ley del ’48.
Tampoco contaron hasta 2007 con otros instrumentos fundamentales e innovadores que incorpora la nueva ley: el concepto de servicios ambientales, que brindan los bosques (y requieren ser retribuidos en alguna medida, como internalización de las externalidades positivasque conlleva su persistencia y buen manejo) y el ordenamiento territorial exigido a las provincias y realizado desde aquella fecha.
El ingeniero termina sugiriendo, lisa y llanamente, la derogación de la ley.
Es cierto que los resultados al presente son amargamente deficientes, como emerge de los análisis más o menos críticos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), de la Dirección Nacional de Bosques (cfr.: https://redaf.org.ar/wp-content/uploads/downloads/2021/06/1.Informe-de-monitoreo-2019-Tomo-I.pdf) y de la Red Agroforestal del Chaco (Redaf), por caso, sobre Santiago del Estero (cfr.: Redaf, 2021. Informe Bosque Nativo en Santiago del Estero. Ley de Bosques, análisis de deforestación y situación del Bosque chaqueño en la provincia https://redaf.org.ar/wp-content/uploads/downloads/2021/08/informe-2021.pdf), entre otros tantos trabajos sobre la cuestión.
Y yendo a una de las principales causas de tan magros resultados, el estudio científico realizado por Daniel Blum et al (2022)Subnationalinstitutions and poweroflandholders drive illegaldeforestation in a majorcommodityproductionfrontier. Global Environmental Change, 74, 102511(cfr. traducción al castellano: https://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2022/03/Deforestacion-ilegal-en-la-region-chaquena_2022.pdf) devela una estrecha relación de la cantidad y extensión de desmontes ilegales en el Chaco con respecto al tamaño de los establecimientos, el poder económico de sus propietarios y su ‘cercanía’ a los gobiernos provinciales.
No son menos responsables los sucesivos gobiernos nacionales, que sistemáticamente incumplieron la nueva ley, ejecutando no más de un 10% de lo que prescribe por año; dejando en mora los objetivos de desarrollo territorial sustentable que podrían y deberían cumplir esos fondos.
Aunque un análisis contrafáctico de lo que habría sucedido sin la Ley 26.331 de por medio tendría carácter más bien especulativo, a juzgar por el número de denuncias y acciones judiciales e institucionales que hubo, con base en la misma desde su vigencia, se puede inferir que la deforestación habría sido más intensa aún.
La Redaf ofrece información de ello para el caso citado de Santiago del Estero.
Es enorme la deuda socioambiental que tiene la sociedad con sus regiones de bosque nativo, no por casualidad periféricas y marginales respecto de la región pampeana y sus centros de poder económico.
Durante un siglo entero la abastecieron del poste de quebracho que demandó el alambrado de los establecimientos pampeanos; de los durmientes y la leña para los ferrocarriles que trasportaban su producción a los puertos; de las tanineras europeas que desvastaron los quebrachales chaqueños; de los enormes rollos de alto valor maderero despilfarrados en la producción de celulosa, exterminando los bosques de pino Paraná de Misiones.
Todo ello ocurrió mediante el más despiadado extractivismo minero, sin criterio alguno de reinversión de un mínimo de la riqueza generada, en los lugares y regiones de origen.
No hubo reinversiónalguna en los ineludibles costos de un manejo recuperador del capital forestal, ni en el desarrollo regional, ni en las necesidades básicas insatisfechas que dejaba a su paso el modelo extractivista en la población de esas regiones.
No por nada la mitad de los santiagueños y los chaqueños fue poblando la periferia de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. En el Chaco Seco, cuna del quebracho colorado, la ganadería de monte carece aún hoy de alambrados para su buen manejo.
Ya en los ’70 el economista alemán Karl Kapp sostenía que las externalidades (negativas) son costos sociales transferidos a los más débiles.
Dada esta amarga historia de colonialismo interno, ¿no es de elemental justicia destinar los fondos que dicta la ley, en toda su magnitud, como reparación histórica del pasivo socioambiental que dejó en su decurso, a la reposición de daños de esas tierras forestales, la mejora y diversificación del uso de sus recursos forestales, la conservación de su biodiversidad, para beneficio de su gente y por la salud ambiental del país?
Las inversiones que requiere el desarrollo reparador de esas tierras son grandes, en numerosas líneas de trabajo, tales como:
– investigación y experimentación sobre ecología de bosques y prácticas de manejo múltiple sustentable
– proyectos de desarrollo local de aprovechamiento múltiple asociativo de los recursos forestales,con apoyo material y técnico a indígenas,campesinos y chacareros, dando continuidad y expansión a los PIC (Planes Integrales Comunitarios) del Proyecto Bosque Nativo y Comunidad (MAyDS y Banco Mundial) y otros tantos proyectos locales
– el desarrollo de los sistemas regionales de áreas protegidas (categoría Rojo de los OTBN) y corredores naturales (categoría Amarillo) que aseguren la conectividad ecológica
– capacitación y reconversión laboral de guardarques y otros agentes de terreno a extensionistas forestales
– difusión y generación de conciencia del aporte de los territorios de bosques y su gentea la superación de la crisis social y ecológica mundial.
Ante los herederos de aquel colonialismo interno, hoy mucho más concentrados y prepotentes, que vienen liquidando el resto del patrimonio natural, cultural y humano radicado en nuestros bosques nativos, apalancados por el enorme negocio internacional de las commodities agropecuarias, lo peor que podemos hacer es cortarnos las manos, regalar la plata y quitarnos la voz de lo logrado hasta ahora.
Cortarnos las manos es sugerir -como lo hace el ingeniero- la derogación de una ley innovadora, que pone sobre la mesa por primera vez herramientas y recursos indispensables para la supervivencia de los bosques. “Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime; la ley protege”, decía un sabio.
Regalar la plata -acusando de despilfarro lo invertido al presente- es renunciar a recursos que (bien empleados, alguna vez) contrarresten en un mínimo la asimetría respecto del poder económico del agronegocio. Deben invertirse en la misión de rescatar los territorios forestales que aún nos quedan de su rol de traspatio de las regiones metropolitanas, para consolidar en ellos una economía y estilo de vida verde, con sus saberes, cultura y técnicas científicas propias y distintas.
Quitarnos la voz de las expresiones públicas -ridiculizando y cuestionando las acciones de las ONG ambientalistas- que buscan la visibilidad y conciencia social que falta, todavía, para arrancar a los gobiernos de turno, no sólo el debido cumplimiento de los avances legales alcanzados, sino también la gradual construcción de una comunidad diversa.
En ésta, los territorios de bosques con su gente tienen la apremiante función de reequilibrar -siquiera en parte y aún a tiempo- los crecientes pasivos socioambientales que barre bajo la alfombra un antropoceno conducido sin amortiguadores, por los poderes concentrados, a un futuro inviable.
