Ley Nac. 26.160 de Emergencia Territorial de Pueblos Indígenas: a 15 años de su vigencia, es escasa su ejecución y debaten por una nueva prórroga

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) lanzó una campaña por una nueva prórroga de la Ley Nacional 26.160, con la intención de informar, visibilizar e incidir con relación a la necesidad y urgencia de prorrogar la normativa, hoy 27.400, antes de la fecha de su vencimiento en noviembre próximo. Este viernes, habrá un conversatorio virtual a través de las redes sociales de la organización para comenzar a debatir la problemática.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

 

ARGENTINA (3/9/2021).- El próximo 23 de noviembre vence la Ley Nac. 27.400, prórroga de la Ley Nac. 26.160, sancionada en el año 2006 y prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley Nac. 26.554, en el 2013 a través de la Ley Nac. 26.894 y en el 2017 con la actual, pronta a caducar.

Esta es una ley que da respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades, en línea con el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y da cumplimiento parcial al Artículo 14, inciso 2 del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) .

Además, impide los desalojos de las Comunidades y la desocupación de las tierras que ocupan y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y de los territorios ocupados por las mismas de forma actual, tradicional y pública, cuyo resultado es la entrega de una Carpeta Técnica a cada Comunidad.

Desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen lanzamos la “Campaña X Nueva Prórroga de la Ley 26.160”, con la intención de informar, visibilizar e incidir con relación a la necesidad y urgencia de prorrogar la Ley, hoy 27.400, antes de la fecha de su tratamiento.

Como parte del inicio de esta campaña, realizarán este viernes el primer conversatorio virtual por facebook desde las 15 horas, y presentarán además el informe especial sobre “Nueva prórroga de la Ley 26.160: una imperiosa necesidad”, donde se aborda la importancia de esta normativa y lo indispensable que resulta su prórroga para la protección de las Comunidades Originarias en el país.

En este informe también se refleja el bajo nivel de ejecución del relevamiento previsto.

A pesar de su importancia para los Pueblos Indígenas, actualmente solo se han relevado el 42% de las comunidades originarias que habitan el país.

Para agosto de 2020 al INAI le faltaba relevar el 68,57% de las comunidades originarias en el país. “En agosto de 2021 el 58%, esto quiere decir que a ese paso precisará seis años para terminar su trabajo”, señalaron desde ENDEPA.

Por ello, buscarán hacer el cálculo sobre las Comunidades en las que el Instituto dice haber terminado en estos quince años su trabajo (743) y las que declara que le faltan (1013). “Con estas cifras se eleva a 20 años y 6 meses el tiempo que se necesita para terminar el trabajo. Han pasado por el INAI distintos Presidentes, con variados colores políticos, con el mismo discurso amable, pero las Comunidades siguen esperando el cumplimiento de la histórica 26.160 y una ley de Propiedad Comunitaria Indígena que transforme la posesión en propiedad”, explicaron.

Se trata de una ley que dará respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas que habitan en lo que hoy es Argentina, en consonancia con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y da cumplimiento parcial al artículo 14, inciso 2 del Convenio 169 de la OIT.

Además, dispone la prohibición de los desalojos de las Comunidades y desocupación de las tierras que ocupan; ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y de los territorios ocupados por las mismas de forma actual, tradicional y pública. El resultado del relevamiento técnico, jurídico y catastral se culmina con la entrega de una Carpeta Técnica a cada Comunidad.

“Solo se han relevado el 42% de las Comunidades que habitan en el país. Esta prórroga vence dentro de tres meses, de no renovarse se dañarían derechos indígenas”, advirtieron.

“Más de la mitad de las Comunidades en el país quedarían sin obtener el primer paso para la regularización de sus territorios: el reconocimiento de la posesión tradicional. Preocupa el silencio de los legisladores respecto de una ley de estas características cuya prórroga vence en noviembre”, agregaron.

Los desalojos de Comunidades Indígenas de sus territorios son una agresión a sus derechos y producen daños irreversibles sobre las poblaciones Indígenas. “La República Argentina tiene como mandato constitucional el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Originarios, de sus territorios, de la administración de sus bienes naturales y del derecho a la consulta previa, libre e informada”, reclamaron en el informe difundido por ENDEPA.

Propiedad Comunitaria por los derechos indígenas

Consideraron que la solución definitiva a la titularización de los territorios es que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria para el debido reconocimiento de la propiedad indígena. “Pero una nueva prórroga de la Ley que conocemos como 26.160, que impide los desalojos y reconoce la posesión actual, tradicional y pública de los territorios de los Pueblos Originarios, que vence en menos de tres meses, es el primer paso de reconocimiento estatal para poder aplicar una futura Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Por ello es que las Comunidades reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley y que se sancione la nueva prórroga a través del voto de los legisladores nacionales”, plantean en el documento.

De esta forma, los  Pueblos Indígenas en Argentina se movilizan para exigir  la prórroga de la vigencia de la Ley 26160 (hoy 27.400) “porque es la única que expresamente dispone la suspensión de los desalojos de los territorios que poseen. Si esta ley caduca no existirá ninguna que los proteja de los desalojos de los territorios que con justicia ocupan”, concluyeron.

Según datos solicitados por ENDEPA al Instituto Nacional de Asuntos Indígena -que el 28 de julio de 2021- respondió que actualmente se encuentran vigentes Convenios para llevar adelante el relevamiento en cinco provincias: Salta, Misiones (49 comunidades), Jujuy, Chaco y Santa Fe.

 

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