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Incendios forestales: es materia pendiente en la Argentina avanzar en la incorporación del delito ambiental al Código Penal

“No es hora de generar nuevas polémicas, sino de aunar esfuerzos para controlar la situación de incendios con la responsabilidad de todos los sectores, y reducir la incidencia del fuego en todo el norte del país”, reflexionó Diego Moreno a través de sus redes sociales. El ex-Secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación y ex-Director General Fundación Vida Silvestre Argentina consideró de después vendrán los planteos de fondo y de largo plazo. «Creo que habría que abandonar las ideas de modificación de una de las normas más relevantes que tenemos en materia ambiental en la Argentina, como la Ley de Bosques (Ley Nac. N° 26.331), y sí deberíamos avanzar en la incorporación del delito ambiental al Código Penal”, planteó el profesional.

Por Patricia Escobar 

@argentinaforest 

 

BUENOS AIRES (7/10/2020).- A través de su cuenta de twitter, el reconocido especialista en Gestión Ambiental y Políticas Públicas, expresó su preocupación ante la crítica situación que se enfrenta en el país por los incendios forestales. “No es novedad que a comienzos de primavera, el norte de Argentina sea el escenario de incendios de distinta magnitud. Normalmente esta época es propicia para utilizar el fuego como herramienta de manejo, eliminando el material vegetal seco que se acumuló durante el verano”, explicó Diego Moreno, ex-Secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación y ex-Director General Fundación Vida Silvestre Argentina.

Pero el «manejo» es tal, cuando realmente existen condiciones que permiten mantener un control de la situación, aclaró. “Control que se logra con una adecuada preparación del terreno, con el equipamiento adecuado, y con las condiciones meteorológicas propicias”, recalcó el profesional.

En ese contexto, reflexionó de que “no es hora de generar nuevas polémicas, sino de atender la urgencia para evitar la pérdida de bosques. Es hora de aunar esfuerzos en pos de controlar la situación y, con la responsabilidad de todos los sectores, reducir la incidencia del fuego en todo el norte del país”, indicó Moreno, desde su experiencia de gestión pública.

Otro aspecto que consideró sumamente relevante, es la implementación y escala del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, creado por Resolución de la Secretaría de Ambiente 267/2019, que prevé instrumentos para recuperación del bosque nativo afectado por incendios y otros disturbios.

«Ojalá sepamos aprovechar la oportunidad que genera cualquier crisis, para abordar una mayor relevancia política de la temática ambiental, así como abordar el debate de normas penales ambientales, pendiente hace décadas en nuestro país”, remarcó  el profesional.

Consideró que, con decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) «se podrían afectar recursos del Programa Nacional de Bosques Nativos, y del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos para avanzar en su concreción».

También sostuvo que resultan improvisadas muchas reacciones del arco político. “Propuestas de normas para vedar el cambio de uso del suelo post incendio, cuando ya nuestro sistema jurídico lo prevé, o proyectos de modificación de la Ley de Bosques, parecen iniciativas al menos inoportunas”, dijo.

Planteos de fondo y de largo plazo

Para Moreno, habría que abandonar las ideas de modificación de una de las normas más relevantes que tenemos en materia ambiental en la Argentina, como la Ley de Bosques (Ley Nac. N° 26.331), y sí deberíamos avanzar en la incorporación del delito ambiental al Código Penal”, recalcó.

Por otra parte, planificar aún con más recaudo frente a las temporadas de sequías como las que se viven en 2020 y que en un contexto de efectos de Cambio Climático, se presentarán con mayor frecuencia e intensidad en un futuro cercano ante el riesgo extremos de iniciarse el fuego.

“Esto incluye al sector productivo, que debe tomar nota sobre las acciones a adoptar y que van más allá del derecho de propiedad, ya que afectan bienes públicos. Y del sector político, que deberá dar mayor relevancia a la problemática e instrumentar políticas de largo plazo consistentes”, concluyó.

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