| Opinión |
Gustavo Cetrangolo, consultor forestal y especialista en Comercio Exterior, analiza los acontecimientos de enfrentamientos entre la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú y el poder político en la persona del gobernador de Entre Ríos y de funcionarios nacionales. Sostiene que para solucionar el diferendo, hay que priorizar un acuerdo sobre el monitoreo conjunto de Botnia, que debe ser público y permanente, para conocer tanto al valor de las emisiones como de los estándares aceptados internacionalmente y a nivel nacional para este tipo de industria. BUENOS AIRES (20/1/2008).- Ante el desarrollo de los acontecimientos que vienen ocurriendo en la localidad de Gualeguaychú en los cuales, por primera vez ha comenzado el enfrentamiento entre la Asamblea Ambientalista y el poder político en la persona del Gobernador de Entre Ríos y de funcionarios del gobierno nacional, cabe analizar algunos hechos y comportamientos de los últimos años. negrita/Antecedentes/negrita Hace aproximadamente dos años, en marzo de 2007 emití un documento sobre el tema Botnia, el cual se encuentra en mi sitio web:wwwnegociosforestales.com.ar/publicaciones. En ese documento se hacía un análisis de la historia del conflicto y se elevaban una seria de propuestas para el manejo del mismo. Debido a este documento fui llamado a conversar con un alto funcionario político del Gobierno Nacional sobre la situación, días antes del viaje de la delegación argentina a Madrid para iniciar la mediación del Rey de España (posteriormente fracasada). Me acompañó a la misma el Dr. Alberto Venica, especialista en industria de celulosa y papel. Durante la reunión se nos hizo un comentario y una pregunta, se nos comunicó que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable había encargado un estudio (confidencial) sobre el impacto ambiental de Botnia a un equipo de 20 especialistas argentinos; tras eso se nos comunicó que el resultado del estudio concluía que la fábrica de Botnia no iba a contaminar en la medida que se cumplieran con los procesos y equipos de control de efluentes que se describían en el proyecto. Tras eso, la pregunta fue, si a nuestro entender el resultado del estudio era correcto, a lo cual nuestra respuesta fue positiva. Se discutieron algunas alternativas para avanzar en la negociación con Uruguay como ser la construcción del conducto de efluentes de unos 20 km, para volcar las mismas aguas abajo de la playa Ñandubayzal. Otro tema que no se aceptó conversar en la reunión fue la presunta autorización que había dado el gobierno Argentino a Uruguay para la construcción de las fábricas que fue comunicado por el Poder Ejecutivo al Congreso en su informe del año 2004. La conversación se fue desarrollando y se percibía que no había intenciones de negociar con Uruguay de parte del Gobierno Argentino. De pronto se lanzó una frase que aún repica en mis oídos; el funcionario dijo: “la Argentina es un país fuerte, rico y poderoso, y si quiere va a poner de rodillas al Uruguay” a lo que pregunté cómo lo pensaban hacer (yo descartaba la opción militar) a lo que respondió que se podía pensar en cortar el suministro de energía eléctrica a nuestro vecino. negrita/Epílogo/negrita Esto me lleva a preguntar: ¿que ha cambiado en el Gobierno Argentino?. Evidentemente el Gobierno no se ha dado cuenta un año después de funcionar Botnia que ésta no contamina. Ya lo sabía a principios del 2007, o aún antes. Evidentemente, el Gobierno, tal como lo señala Vicente Palermo en el excelente libro “El otro lado del río” mantuvo, mientras le convenía, la preferencia por el conflicto. Tuvo dos oportunidades claras de salir del mismo: la primera cuando ENCE se relocalizó. Uno de los argumentos fuertes de la Asamblea se había caído al desaparecer la contaminación acumulada por las dos fábricas. La segunda oportunidad fue durante la mediación del rey de España, en la cual nuestro país no permitió llegar a un buen final. Si es como dicen, hay un interés rápido de resolver la situación para que Tabaré Vázquez retire el veto a la postulación a la presidencia del UNESUR de Néstor Kichner o también podría ser que Argentina esta viendo la necesidad de retirar la demanda presentada ante el Tribunal de la Haya antes de hacer un nuevo papelón. Sea como sea, y más allá del gobierno de turno, hay que hacer una reflexión. El corte debe ser levantado a la brevedad (creo que tiene poco tiempo de vida) y tras eso debe haber una reconciliación dentro de la sociedad entrerriana y de ésta con el Uruguay. Pero, mientras todo esto ocurre nos estamos olvidando de algo, que es lo que deben negociar Argentina y Uruguay para solucionar el diferendo, esto es el MONITOREO CONJUNTO de Botnia. Llegar al final de conflicto con el agotamiento del piquete de Arroyo Verde a cambio de nada será una gran frustración para el largo trabajo de mejorar el ambiente en Argentina. Con la Asamblea Ambientalista se debe ser magnánimo, más allá de la ilegalidad de los cortes. Vuelvo a insistir, los procedimientos fueron equivocados, pero no lo fueron muchas de las razones que se esgrimieron. Además su lucha permitió que las fábricas de celulosa y papel argentinas tuvieran que empezar a ponerse en regla con los requisitos ambientales, donde paradójicamente la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable pone los valores de emisión de Botnia como parámetro. Recordemos que la Argentina es signataria del Acuerdo de Estocolmo donde se fijan los estándares de emisión de este tipo de industria. Mi gran temor, es que, tras el levantamiento del corte, debido a la baja calidad institucional de la Argentina (el oportunismo político de las declaraciones del presidente del INTI es una muestra) una vez reestablecidas las relaciones con Uruguay, nos olvidemos del MONITOREO CONJUNTO o que el mismo sea desde el lado argentino un trámite burocrático y que los planes de control de efluentes de la industria nacional de la celulosa y el papel sean postergados “sine die” aprovechando, como excusa, la situación generada por la crisis internacional. El acuerdo de MONITOREO CONJUNTO de las emisiones de Botnia debe ser lo que determine el fin del conflicto junto con el levantamiento del “piquete”. Este monitoreo debe ser público y permanente, con acceso libre por Internet tanto al valor de las emisiones como de los estándares aceptados internacionalmente y a nivel nacional para este tipo de industria.
