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El ingeniero forestal Juan Emilio Bragado sostiene que la nueva tasa ambiental que rige en el municipio tiene “como único fin de recaudar, cuando deberían trabajar en frenar el avance de los intrusos para evitar mayores pérdidas de los bosques naturales y brindar seguridad jurídica a los propietarios”; dijo el profesional. MISIONES (14/1/2008).- En el municipio de San Pedro entró en vigencia la Ordenanza Nº41/2008 que establece el cobro de una Tasa Ambiental a los que desarrollan una actividad con bosques nativos. Para el ingeniero forestal Juan Emilio Bragado, esta nueva normativa “tiene un espíritu que va en contra de las políticas ambientales” que se vienen desarrollando a nivel local, nacional e internacional, ya que consideró que con su aplicación “las políticas de Estado para la conservación de los recursos se deja de lado con el fin de poder recaudar a cualquier precio”, expresó el profesional. Fundamentó su opinión en que, primero, “una tasa se aplicaría por el cobro a un servicio que este municipio aportaría, y en el caso de los servicios ambientales, los verdaderos beneficiarios del cobro deberían ser los propios propietarios, quienes tienen a su cargo la conservación y el manejo sustentable de los recursos”, consideró. “Hoy, con esta tasa, es el municipio quien pretende quedarse con el cobro de un servicio ambiental que forma parte de la producción terciaria del bosque y que no puede ser comercializada por los dueños, pero históricamente se pretendió instrumentar”, agregó. Para Bragado, se debería aplicar una tasa ambiental a “todas aquellas actividades que se desarrollan en detrimento del bosque nativo, tal es caso de la actividad tabacalera, que no hace aporte de ninguna índole; o cualquier otra que para poder desarrollarse haya necesitado de la conversión del bosque nativo, como ser las plantaciones forestales, yerba mate, té, ganadería y otras”, apuntó. En el caso de otros municipios, como Oberá, Eldorado o Campo Ramón, rigen ordenanzas que exime de tasa a toda superficie con bosque nativo, como una medida para incentivar y premiar la conservación. “Si bien esta medida no es suficiente, no deja de ser una política de Estado con interés en la conservación”, explicó. “En tanto en San Pedro, que ya cobra sus tasas, ahora pretende obtener un beneficio más por la comercialización de la madera”, cuestionó el profesional. El ingeniero explicó que los propietarios “vienen desde hace tiempo luchando por sus tierras, las que ya han sido usurpadas y las otras que están en riesgo. Ahora le suman una tasa que tiene un espíritu recaudatario, de incrementar la caja sin aportar ningún servicio a la conservación”, aseveró. Asimismo, agregó que “es preocupante la situación y deberíamos analizar objetivamente su implementación, ya que va en contra de las políticas ambientales que deberían favorecer y premiar una actividad que demanda de una responsabilidad –pocas veces reconocida- por parte de quienes la ejercen”, reflexionó el especialista. negrita/Intrusos, una amenaza/negrita Por otra parte, el ingeniero sostuvo que en el mencionado municipio “se observa la mayor pérdida de bosque natural en los últimos años, por el accionar de los intrusos a lo cual no se le ha puesto fin, y siguen gozando de una total impunidad, ingresando y adueñándose de la propiedades privadas”, expresó. Al respecto, consideró que una de las prioridades para el municipio debería ser poner freno a estos avances, de “manera de dar garantías a quienes quieren habitar el suelo del municipio, y esto no se logra cobrando una tasa sino instrumentando políticas firmes donde posicionen a la Constitución Nacional como bandera”, concluyó. subtitulo/Controles forestales: ¿Ministerio de Ecología o Municipalidades?/subtitulo Bragado insistió en que una tasa ambiental “debería ser aplicada a toda actividad que demande la conversión del bosque nativo. Si alguien presenta un plan de rozado para desarrollar una actividad alternativa, que tribute una tasa ambiental por la pérdida del recurso natural. Este debería ser el concepto”, dijo. Para el profesional eldoradense, en la actualidad “la tasa como está aplicada no es una herramienta ni un instrumento que otorgue las garantías que una vez que aplicada cambiará el rumbo de la actividad, o habrá mayor protección para la conservación de los bosques. Todo lo contrario, la tasa simplemente formará parte del componente de costo del aprovechamiento”, expuso. Por otra parte, planteó otro interrogante, teniendo en cuenta que “toda actividad con el bosque nativo esta legislada en Misiones, hay un Ministerio de Ecología que tiene la potestad de ser los guardianes de los recursos, la ley madre es la 854 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, no tendría que haber una competencia paralela, ya que es responsabilidad del Estado Provincial. Si el municipio quiere hacerse cargo, entonces deberíamos discutir el accionar del ministerio; y que sean los municipios los que se encarguen del contralor forestal de sus recursos, para los cual las dependencias de Bosques deberían pasar a ser municipal”, planteó el profesional. “El municipio debería arbitrar los mecanismos para poder salir a vender el gran pulmón verde y atraer recursos genuinos desde afuera, por que la conservación sin un claro beneficio económico es una utopía. No queremos pueblos pobres en detrimento de la conservación del recurso; se busca que los pueblos se desarrollen, que mejoren su calidad de vida, pero esto no es solo un problema de caja, es necesaria la implementación de estrategias de marketing para que el mundo, que en definitiva es quien se beneficia con el cuidado de nuestros recursos naturales, sean los contribuyentes”, indicó. En este sentido, señaló que “no debe ser el propio generador de los beneficios ambientales quien pague por estos, todo lo contrario, deberían ser las otras actividades económicas que para poder hoy desarrollarse sacrificaron hectáreas de monte nativo”, concluyó.
