| La Dirección de Asuntos Guaraníes tiene una clara afrenta con el cacique y la comunidad recibe muy poca asistencia |
El cacique de la comunidad de Pozo Azul, Nicanor Benítez, enfrenta una investigación por una denuncia realizada por la dirección de Asuntos Guaraníes y el Ministerio de Ecología de haber avalado supuestamente el apeo ilegal de especies nativas. Pero asegura que es inocente y advierte que continúan ingresando a su comunidad y nadie los asiste.
Por Patricia Escobar, enviada especial
MISIONES (5/9/2009).- El cacique de la comunidad aborigen Tekoa Arandú de Pozo Azul, Nicanor Benítez, quien fue denunciado en febrero pasado por la dirección de Asuntos Guaraníes y el Ministerio de Ecología de haber avalado supuestamente el apeo ilegal de especies nativas, ratificó su inocencia en la entrevista con ArgentinaForestal.com y se mostró tranquilo a la espera de que “pronto pase todo, por el dolor que causa todo esto a mi comunidad”, dijo. La denuncia contra el cacique esta en proceso de investigación, Nicanor Benítez cuenta con la representación de la Defensora Oficial de Eldorado, Nuria Allou, y el asesoramiento del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA). “Jurídicamente, estamos en camino de su sobreseimiento, ya que quienes aparecen denunciándolo no tienen legitimidad, tienen antecedentes en estos ilícitos y están vinculados en investigaciones de anteriores operativos donde estaban comprometidos. Todo esto será demostrado con documentación, y se esclarecerá que quienes denunciaron al Cacique, en realidad lo utilizaron y engañaron para que firme un documento y después los denunciaron”, aseguran fuentes cercanas a la investigación. La comunidad de Pozo Azul se encuentra asentada en una extensión de 5.014 hectáreas, emplazado sobre la Ruta 17, en virtud de un contrato de donación celebrado en el año 1993 con los cargos de destino al asentamiento de los integrantes del pueblo guaraní y prohibición de arrendamiento, subdivisión y/o transferencia a terceros, debiendo respetar en caso de explotación del monte nativo existentes en esas superficies, el régimen establecido por la ley 854, no pudiendo dicho monte natural ser objeto de contrato de explotación con terceros. Esta situación se presenta para la comunidad (integrada por 46 familias, un total de 220 personas, en su mayoría niños) como una permanente amenaza sobre su propiedad, y se encuentran en la actualidad totalmente desprotegidos por parte del organismo público que debería custodiarlos, ya que Asuntos Guaraníes tiene una clara afrenta con el cacique y desde que comenzó el conflicto la comunidad recibe muy poca asistencia, y la comunidad sigue enfrentando robo y apeo de madera y también el avance de los intrusos, que hasta le quitan sus techos y sus viviendas. La subsistencia de las familias Tekoa Arandú de Pozo Azul está basada en la venta de artesanías, trabajos de cosecha de yerba y tabaco, hay una necesidad extrema de ayuda social y asistencia. negrita/Valor cultural/negrita El Cacique y el director de la Escuela Bilingüe Nro. 812, Rodolfo Fernández, relataron ante este medio que “desde hace casi tres años que nosotros estamos denunciando la tala y el robo de madera en la comunidad, en los juzgados de Eldorado y San Vicente, como en el Ministerio de Ecología, Gendarmería y Policía Provincial, hay mucha documentación que avala esto, pero en febrero de este año desde Asuntos Guaraníes salen a denunciar a Nicanor, que es quien venía reclamando una solución a este problema”. Para Nicanor Benítez es una represalia del organismo. “Asuntos Guaraníes quiere mandar, y nosotros queremos que se respete nuestra cultura, nuestra forma, no estamos de acuerdo con el pensamiento de sus autoridades y decir estas diferencias nos hacen mal”, dijo el cacique. Por otra parte, aclaró que “nunca estuve prófugo como dijeron las autoridades por los noticieros, siempre estuve aquí”. En tanto, Fernández agregó que fue “muy doloroso para la comunidad ver por televisión la conferencia de prensa de las autoridades denunciando al Cacique y acusándolo de algo que Nicanor no cometió, llevando a otros hermanos aborígenes para pelear entre comunidades”. Fernández cuestiono el accionar de la Dirección de Asuntos Guaraníes “ya que estos funcionarios no se acercaron al Cacique y la gente para escuchar su versión, cuando ellos deberían proteger, apoyar y respaldar a la comunidad, defenderlos, no denunciarlos. Tienen que unirse junto a ellos en sus reclamos, dándoles las herramientas para evitar que sean usados. Sin embargo ésta no fue la actitud asumida por el organismo”. A la fecha se desconoce la cantidad de metros cúbicos extraídos, como su valuación estimativa y el destino actual de la madera apeada. La superficie afectada fue de 350 hectáreas de incienso y cedro. El diputado provincial Miguel López, ex decano de la Facultad de Ciencias Forestales, recorrió el lugar el lunes y explicó que “en la zona apeada quedan claros vestigios que la extracción se realizo con maquinaria forestal, ya que recorrimos el lugar y es de muy difícil acceso, la extracción de cedro e incienso se realizo en lo más alto de un cerro, lo que muestra que solamente se puedo haber extraído la madera con equipos y maquinarias de alto costo, lo que permitió la tala y volteo de los ejemplares. En el sitio quedan restos de aserrín, es decir que contaban con un aserradero portátil o herramienta similar, ya que quedaron las cortezas, los rollos fueron aserrados en el lugar para llevarse la madera, pero nadie vio sacar nada y quieren hacer creer que el cacique realizó todo esto, cosa que no cierra, esta claro que en esto hay mucha más gente involucrada”, consideró.
