| El conflicto del campo afectó a otros subsectores de la cadena agroindustrial |
La Asociación Forestal Argentina (Afoa) advirtió que miles de empleos regionales así como el futuro forestal nacional, se ponen en peligro. Entrevistado por La Nación, el ingeniero Jorge Barros, miembro de la comisión directiva de la entidad, ratificó cada uno de estos conceptos y enfatizó sobre la gran preocupación que recae sobre el sector.
Por Héctor Müller. De la Redacción de LA NACION
BUENOS AIRES (20/5/2008).- El conflicto campo-Gobierno que afecta en forma directa a los granos, a las carnes y a la leche, se proyecta también, por error u omisión, a otros subsectores de la cadena agroindustrial. Uno de ellos es el de la forestación. La Asociación Forestal Argentina (AFOA), manifestó su preocupación por la lentitud en el avance en el tratamiento del trámite requerido para prorrogar la ley 25.080, de Promoción de Bosques Cultivados. Advirtió, además, que miles de empleos regionales así como el futuro forestal nacional, se ponen en peligro. A su vez, el aporte que la Argentina puede hacer para mitigar el cambio climático y dar alternativas sostenibles de producción se reducen si la ley no se prorroga. Los principales perjudicados -se afirma- serían los pequeños y medianos productores forestales y también el planeta. Entrevistado por LA NACION, el ingeniero Jorge E. Barros, miembro de la comisión directiva de AFOA, ratificó cada uno de estos conceptos y enfatizó sobre la gran preocupación que recae sobre el sector. «Pese a los altibajos propios que sufrió la economía nacional, la ley aprobada en 1999, ahora está funcionado bien y consideramos necesaria su continuidad. Es lo que nosotros reafirmamos, porque esta no es una actividad que puede tener cambios de un día para otro», señaló Barros. El problema para el sector es que se cumplen los diez años de vigencia de la ley, por lo que vence en enero de 2009. Relató Barros que el año pasado trabajaron a instancias de la comisión asesora y en una comisión especial, junto con funcionarios, se decidió que lo mejor era la prórroga de la ley por otros 10 años. La ley de bosques cultivados promueve fundamentalmente la forestación del pequeño y mediano productor, pero también la de grandes productores. La promoción es para todo el país, principalmente en la Mesopotamia, pero también en zonas de regadío, en la precordillera y en otros lugares. La mayor superficie se encuentra en Misiones y en Corrientes y en menor medida en el resto del país, pero la promoción es para todas las regiones de la Argentina. La ley contempla un aporte no reintegrable, cuyo monto se establece a partir de los costos de producción de cada zona. Hasta 300 hectáreas/año ese monto económico no reintegrable comprende hasta el 80% del costo. De 301 a 500 hectáreas/año, ese monto asciende hasta el 20% de los costos. Se pagan contra certificación de obra lograda entre los 12 y 18 meses de efectuada la misma. Estas forestaciones también gozan de estabilidad fiscal (todos los impuestos menos el IVA) por 30 a 50 años. Las superficies que superen las 500 hectáreas no reciben montos no reintegrables, pero sí son beneficiadas por la estabilidad fiscal. Según Barros, aunque la ley vence en enero, para los que ya tienen beneficios no caduca, seguirán cobrando, «pero nuestra preocupación es que ahora que hemos tomado ritmo nuevamente, que hay interés en la forestación y, sobre todo, que nos encontramos con un incentivo que se empieza a cumplir como corresponde, no lograr este año la prórroga de la ley sería un golpe muy duro». Esa prórroga daría al sector un horizonte de 10 años más para muchos proyectos plurianuales que ya están presentados, para otros por presentar y para un montón de productores que presentan planes anuales. «Esta es nuestra preocupación», enfatizó Barros. El proyecto pasó de Agricultura a Economía, volvió a Agricultura porque siempre hay algo por ajustar y ahora se sabe que en estos días volvió a Economía. «Lo que sucede es que, lamentablemente, frente a las circunstancias que estamos viviendo en el país, crece la preocupación. Necesitamos un impulso político, ese es nuestro objetivo, que salga del Ejecutivo como proyecto y de allí a la Cámara de Diputados para que se trate este año lo más pronto posible y que se apruebe», añadió Barros. Para el especialista, la actividad forestoindustrial en los últimos 15 años se ha modernizado mucho y la Argentina pasó a ser un pequeño jugador exportador de productos a los Estados Unidos, a Europa y a casi todos los países del mundo. La forestoindustria produce directa e indirectamente 500.000 puestos de trabajo y mueve economías regionales muy fuertes. «Por todos los datos expuestos, urge prorrogar la ley», finalizó Barros.
