Continúa el conflicto por la puja gremial del SOEP |
La ministra de Gobierno, Claudia Gauto, manifestó que “se agotaron” todas las instancias de negociación. La Provincia y la Municipalidad de Puerto Esperanza se comprometieron a fiscalizar el cumplimiento del acuerdo firmado el jueves por los contratistas, trabajadores, y la Subsecretaria de Trabajo y Empleo. “Las empresas accedieron al total de los puntos planteados por los operarios forestales, habrá reincorporación de despedidos y aumento en la escala salarial. Pero la representación gremial no es nuestra competencia”, dijo.
Por Patricia Escobar
MISIONES (25/8/2006).- La ministra de Gobierno de Misiones, Claudia Gauto, se refirió al conflicto de motosierristas de Puerto Esperanza, que si bien son minoría, aún mantienen medidas de fuerza con cortes de rutas y el cese de sus actividades, dado que exigen la representación gremial del Sindicato de Celulosa, Papel y Cartón del Alto Paraná (SOEP). “Las empresas contratistas accedieron al total de los reclamos planteados por los trabajadores, en lo que se refiere a mejoras para las condiciones laborales. Todos los puntos de reclamos fueron accedidos por la patronal, desde el aumento en la escala salarial hasta la reincorporación total de personal despedido durante el proceso de conciliación obligatoria que estableció la Subsecretaría de Trabajo y Empleo. Pero con respecto a la representación gremial que pretenden los motosierristas, la provincia no tiene injerencia, es resorte de los trabajadores y del Ministerio de Trabajo de la Nación”, explicó. Para la funcionaria, el gobierno “agotó” las instancias para llegar a una solución. “En conjunto con la Municipalidad de Puerto Esperanza nos comprometidos a ser garantes del cumplimiento de estos acuerdos planteados el jueves, es eso quedó la negociación. Nosotros queremos transmitir la tranquilidad de que todos los trabajadores que acepten reincorporarse a su trabajo en el marco de los compromisos asumidos por acta acuerdo con las contratistas a través de la subsecretaria de Trabajo, el gobierno será quien fiscalizará su cumplimiento, y de no acatarse se tomarán las medidas del caso”, afirmó. Por su parte, subsecretario de Trabajo, Juan Carlos Agulla, se mostró satisfecho por los resultados obtenidos a partir de la mediación del gobierno provincial. “Conseguimos avances significativos, nuestra intervención alcanzó a dar las respuestas para los motosierristas y responde a la cuestión de fondo que fue lo que originó el conflicto: lograr mejoras laborales para la gente”, recalcó el funcionario. Desde el punto de vista salarial, el delgado regional de UATRE, Florencio Sena, confirmó a este medio que “se firmó un acuerdo para un aumento en la escala salarial para el peón rural y motosierristas, de alrededor del 16%, alcanzado un básico de mil pesos, más un 25% por presentismo”, dijo. En tanto, Agulla fundamentó que todo lo actuado tenía por objetivo dar la protección que demandaban los trabajadores. “Abrimos este espacio, por medio de la audiencia, y logramos que las empresas cedieran a la incorporación del personal despedido, también el reconocimiento de los días no trabajados por la huelga, se atendió la cuestión social y la situación de los trabajadores. Por lo tanto, nos parece exitosa la labor del organismo, y también en consecuencia la voluntad de los trabajadores y especialmente los empresarios que hicieron público su compromiso de lo que asumen por medio de distintas solicitadas publicadas”, destacó el funcionario. Para las autoridades provinciales, el conflicto está “absolutamente resuelto, todo está ratificado en acta, y dimos solución en lo que es nuestra competencia, el planteo laboral de los trabajadores”. Pero el abogado de las empresas contratistas (Walterio Kubsch, Alberto Vera, Héctor Fleitas y Aruba SRL), Javier González, advirtió que con las solicitadas lo que se busca es dar un corte definitivo al conflicto de los trabajadores motosierristas despedidos. “Hicieron público hoy, a través de una solicitada, el compromiso de reincorporar a dichos trabajadores, pero si no se presentan en 48 horas a retomar las actividades, se dará por finalizada cualquier negociación”, advirtió. negrita/La puja gremial/negrita A pesar de las intervenciones de la Provincia, las medidas de fuerza continúan en Esperanza (con cortes de rutas), promovidas por un número de trabajadores que aún se resiste a firmar un acuerdo si se excluye en el acta al SOEP como representante gremial provisorio de los motosierristas. Por su parte, el secretario general del SOEP, confirmó que mantendrán su posición: “todo sigue igual, no hay acuerdo, la gente no tiene confianza que las empresas cumplan cuando regresen a sus actividades, temen represalias. No tienen confianza”, dijo Lorenzo Barrientos. Al ser consultado sobre el marco “ilegal” en el que quieren afiliar a los operarios forestales, Barrientos respondió que “las gestiones ante el Ministerio de Trabajo de la Nación se iniciaron hace tres años donde solicitamos la reforma del estatuto para incorporar a Celulosa, Papeles, Cartón y Afines. De esta manera, el trabajador que planta y aquel que trabaja en el monte, tendrá la asistencia del gremio. Nosotros como sindicato, lo único que vamos a exigir a las empresas es que se cumpla con la ley, y si el patrón es honesto no tiene nada que temer”, sostuvo el sindicalista. Finalmente, manifestó que “estos muchachos (motosierristas) son protagonistas de la esclavitud, y la UATRE nunca estuvo hasta que el conflicto se instaló. Ellos desde hace años venían siendo explotados con sueldo precarios, malos tratos, comida escasa un montón de irregularidades. Todos estos hechos hicieron que se llegara a esta situación, se acercaran al gremio y posteriormente se afiliaron. Estamos en un país donde existe libertad sindical, esto es legal”, concluyó Barrientos.