| Diputados investigan la Deuda Pública |
Lo confirman los primeros datos de la comisión investigadora de la deuda pública y privatizaciones. En el caso de la empresa forestal estatal, como mínimo no se cumplió con el destino del dinero fijado por ley. El destino del dinero se manejó a través de decretos que no fueron publicados.
Fuente: Misiones On Line. Por Juan Carlos Arguello
MISIONES (3/8/2006).- La primera reunión de la subcomisión investigadora de las privatizaciones en la provincia formalizó lo que era un secreto a voces: la venta de los activos de Papel Misionero, como anticipó este diario, podría derivar en un nuevo escándalo financiero como el que terminó con la destitución del ex fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wickström. Por la venta de las acciones de la empresa forestal estatal que nació a fines de la década del 60, aprobada por ley el 12 de diciembre de 1996, se generaron recursos por 46.5 millones de dólares -menos de lo estimado por los diputados, que alcanzaba a U$S 50.033.958. a valor de U$S 0,1207 por acción-, de los cuáles, no se tienen registros del paradero de algo más de 38 millones de dólares. La ley había sido pedida por el ex gobernador Ramón Puerta con la promesa de conseguir recursos para la producción primaria y mejorar la oferta forestal. Sin embargo, poco de eso se hizo realidad. A inicios del año 1998, luego de un largo proceso de privatización, el consorcio nacional BISA – Zucamor S.A. adquiere el 93 % del paquete accionario de la compañía, situación que se mantiene hasta la fecha. Los U$s 46.560.000 se repartían en tres clases. La «A» correspondía al Estado Provincial con 25 millones de dólares; la clase «B» al Estado Nacional con U$S 17.395.000 -luego cedidas a la Provincia- y la clase «C» perteneciente al sector privado con U$s 3.578.000. La ley de privatización establecía que de la «clase A», el 80% (20.5 millones de dólares) debía ser destinado a promoción y protección del sector forestal y el 20% restante (U$S 5.117.032) a un programa denominado FIDA-BID, que era un convenio con Israel de «diversificación productiva». Por otra parte la «clase B» debía tener como destino Rentas Generales, Bienestar Social, Salud Pública, Educación, Programas de Reconversión y Saneamiento de las Cooperativas e Industrias. En tanto que la «clase C» sería distribuida entre el sector privado. Todo el dinero ingresó a Rentas Generales en noviembre de 1998, pero no se sabe en qué cuenta terminó: de los fondos de la «clase A», solo hay registro de 588.000 dólares para construir la pista de aterrizaje de la localidad de Apóstoles, para la que se creó un Programa de Lucha Contra el Fuego. No hubo un solo beneficiario del plan de desarrollo forestal y se destinaron U$S 2.188.330 al 20% FIDA-BID. Del resto no hay información. De las acciones «clase B», el Instituto de Fomento Agroindustrial debió recibir 5 millones, pero no hay certezas de cuánto recibió y en el banco Macro se depositaron otros 4 millones, de los que dio U$S 1.182.000 a apenas 15 beneficiarios porque la provincia no pidió otras operaciones. De las acciones privadas, ni Papel Misionero (u$s 508.200), ni el Instituto de Previsión Social (u$s 1.269.196), ni el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (u$s 80.291), respondieron sobre el destino del dinero. Electricidad de Misiones SA cobró u$s 858.901 en bonos, cuando debía haberlo hecho en efectivo. Ahora se pidieron informes a todos los organismos y una audiencia al Fiscal de Estado Fidel Duarte para avanzar en las investigaciones. Decretos ocultos El decreto 47/99 creó el programa de asistencia financiera para la promoción del sector forestal que repartía a través de un convenio con el banco Macro U$S 5 millones en dos años y U$S 10 millones en cinco años de las acciones Clase A (faltan 5.468.130 millones de dólares). Pero el decreto 432/99 -no publicado en el Boletín Oficial- modificó el anterior y solo habla de depositar cinco millones de dólares a medida que el Ministerio de Ecología apruebe las solicitudes de los productores. En 2001 el banco informó que la Provincia no presentó ningún plan, por lo que no hubo beneficiarios. El ex fiscal de Estado, Lloyd Wickström, dijo desconocer el decreto y el director del Boletín oficial admitió que no fue publicado.
