| “Me harté, estoy agotada moralmente” dijo la funcionaria |
Ante los duros cuestionamientos a su persona, principalmente de parte de productores, profesionales y empresarios de Misiones, la directora de Forestación de la Sagpya presentó su renuncia “indeclinable” ante el Secretario de Agricultura, Miguel Campos. Será reemplazada por Omar Tesolín. También designaron a Gustavo Cortes como nuevo coordinador de Comisión Asesora de la Ley 25.080.
Por Patricia Escobar
BUENOS AIRES Y MISIONES (27/7/2006).- La renuncia es indeclinable, y convierte en realidad la salida más esperada por profesionales, productores, empresarios y principales referentes de sector forestal argentino. La funcionaria nacional se hartó de lo que considera “una campaña de desprestigio” hacia su persona. De esta manera, la directora interina de Forestación de la Secretaría de Agricultura de la Nación (Sagpya), Ester Malacari, aguantó hasta ayer los fuertes cuestionamientos por parte de los dirigentes de las principales entidades del sector, y se alejará definitivamente del cargo el 31 de julio próximo, continuando afectada al organismo como asesora legal. La renuncia fue presentada el martes al Secretario de Agricultura, Miguel Campos, quien designó en su reemplazo a Omar Tesolín (técnico de carrera del organismo). También trascendió ayer el nombramiento al cargo de Coordinador de la Comisión Asesora de la Ley 25.080, al ingeniero Gustavo Cortes, un profesional del Sur del país que integraba el Núcleo de Extensión Forestal (PDF-BIRF). negrita/La renuncia/negrita En diálogo con ArgentinaForestal.com, Malacari manifestó que hizo “todo lo que tenía que hacer, pero me harté del doble discurso, estoy agotada, y decidí alejarme del escándalo. Esto es un diálogo de sordos. Todos los días sale en los medios de prensa críticas que no son ciertas, en el sector hay un doble discurso, no tengo forma de defenderme ante las mentiras que diariamente se publican y no voy a salir a dar notas para intentar aclarar cada cosa que dicen, no tengo forma de revertir el nivel de agravio ante la opinión pública. Estoy convencida del trabajo que realicé, me tocó un momento muy difícil de la Secretaría pero hemos ordenado el sistema, queda todo en condiciones para continuar, reorganicé el área en todos sus aspectos y entrego en casi perfecto estado de funcionamiento, eficiencia y eficacia”, afirmó. En su renuncia, la funcionaria señaló además que enfrenta un “agotamiento moral al que he llegado luego de los permanentes ataques a mi persona y la campaña de desprestigio que existiera ya desde el comienzo de mi desempeño, cuando ni siquiera se sabía cómo actuaría, con total desconocimiento de mis aptitudes personales y profesionales para llevar adelante la tarea encomendada. Esto da cuenta del interés creado de quienes iniciaran esa campaña, suponiendo que lo que debía ser investigado, así no lo sería; o lo sería a medias tintas”. De todas maneras, dichas investigaciones se llevaron a cabo, “y tal como dan cuenta los múltiples expedientes en los cuales he dejado mi impronta a la luz del cumplimiento del marco jurídico vigente, se han detectado efectivamente irregularidades cuya elucidación tramita en esta sede administrativa, a través de las sucesivas intervenciones de las instancias de asesoramiento legal de esta Secretaría y del Ministerio de Economía y Producción”, manifestó. En este sentido, sostuvo que “el atraso en el pago de los planes forestales no es tal, en comparación con otras gestiones, estamos a mejor ritmo”. Uno de los cuestionamientos de los últimos meses fue la preocupación de los forestadores por el incumplimiento del Convenio Nación-Provincia. “El Convenio entre la Secretaria de Agricultura y la provincia de Misiones se cumplió, la Nación giró siete millones de pesos para cancelar la deuda de los productores. Si el trámite está frenado es porque la provincia no gestiona con el titular del Proyecto la documentación faltante, por lo tanto, no cobra el incentivo. El problema de atraso no está en la Nación, está en la Provincia o en la falta de cumplimiento de los requisitos que exige la operatoria por parte del titular del proyecto”, aclaró. Pero estas cifras fueron rechazadas por el subsecretario de Bosques y Forestación del Ministerio de Ecología, Juan Gauto, quien afirmó que “el convenio estaba demorado la administración nacional. De 8 millones de pesos que fueron gestionados por ellos con la documentación tramitada (a principios de junio), sólo enviaron tres millones en condiciones de pago. La provincia elevó la totalidad de los documentos pendientes a Buenos Aires, no nos quedamos con papeles obrantes o en deuda”. Según el funcionario provincial, “la Nación giró fondos por cinco millones de pesos. Sólo por 2,5 millones estaban en condiciones los expedientes y se pagaron, mientras que otros 2,5 están en proceso para ser gestionados. Tienen observaciones que deben completarse por los titulares, productores y profesionales. Se trata de unos 500 productores que fueron debidamente notificados, y en la medida que cumplan con los requisitos, se les cancelará la deuda. Pero todo esto viene demorado desde la gestión de Malacari”, cargó Gauto. En tanto, en el caso de Corrientes, Malacari sostuvo que si el convenio no se cumplió fue por dificultades administrativas internas del gobierno provincial. “Estuvieron dos meses con los fondos sin pagar a los productores por un problema interno, pero el dinero y los expedientes lo tenían para ser liberados”, dijo. Para la funcionaria, el retraso con este sistema se generaría en los listados, dado que los productores que no cumplimentan los requisitos que faltan del expediente no pueden cobrar. “Es responsabilidad de la Provincia agilizar el cumplimiento del tramite para liberar los fondos”, remarcó. negrita/Presión permanente/negrita Malacari asumió como interventora de la DF en septiembre de 2004, en plena investigación y auditoria interna que inició el Ministerio de Economía por una denuncia anónima que recayó sobre la Sagpya por presuntas irregularidades en el otorgamiento de los beneficios que establece la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados. No le tocó un proceso fácil, por el contrario, había muchos expedientes que ordenar y rendiciones de cuentas permanentes de cada paso que daban en el área, ante la Unidad de Auditoría Interna. Sumado a este escenario, el retraso existente en el pago de los aportes económicos no reintegrables que a la fecha salen “a cuenta gota”. Ante este escenario, desde el principio de su designación -por decisión del Secretario Miguel Campos- la funcionaria fue duramente cuestionada por su caracter netamente legalista y no técnico forestal. “Su intervención es transitoria, pero estamos a mitad de 2006 y se está dilatando el llamado a concurso para cubrir el cargo de Director de Forestación que por ley corresponde lo cubra un técnico forestal”, reclamaron en varias oportunidades desde el ámbito privado. La disconformidad con la gestión del área forestal de Agricultura y el pedido de renuncia de la funcionaria fue elevado incluso ante la Ministra de Economía, Felisa Miceli, por el Foro Forestal del NEA. Pero además, se cuestionó su falta de «idoneidad y capacidad» para hacer frente a la realidad de la actividad foresto-industrial del país, que depende de la Ley 25.080. El titular del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Eduardo Stirnermann; y el secretario de la Asociación Forestal Mesopotámica (Afome) fueron quizás los más duros en sus reclamos, ante la no respuesta de parte de Nación, que llegaron incluso a tratarla de “mentirosa, caprichosa, e inepta para la gestión. Estamos pidiendo su renuncia en el área, ha demostrado abiertamente su incapacidad de llevar adelante el sistema de promoción. Promete que en adelante las cosas se solucionarán y que estamos en una nueva etapa, pero miente, sigue acumulando planes y los pagos están retrasados. No hay gestión, no hay inspecciones, la operatoria está estancada y los productores cada vez se alejan más de la actividad”, manifestaron. En conclusión, tanto profesionales, productores, como empresarios coinciden en que la ley 25.080 es una buena herramienta para promocionar la actividad pero las dificultades en su aplicación tienen que ver con un problema de gestión. subtitulo/Estado de situación de los planes forestales de Misiones/subtitulo En la entrevista con este medio, Ester Malacari detalló el estado de situación de los expedientes remitidos a la provincia al 26 de julio de 2006, los próximos a ser remitidos y los que se encuentran en trámite. Expedientes en la provincia: la dirección de Forestación envió expedientes a Misiones por 7.106.000 pesos, para pagar una cantidad 506 planes, que beneficiarán a 1.251 productores”. En cuanto a los expedientes próximos a ser remitidos, serían una cantidad de 21 planes que beneficiarían a un total de 21 productores, por un total de 387.224 pesos. Por otra parte, se encuentran en la DF expedientes en trámites por una cantidad de 86 planes, para 762 productores, por un monto a aprobado de 1.316.680 pesos. negrita/A nivel país/negrita Convenio Sagpya-Corrientes: se enviaron expedientes a la provincia por 68 planes, que involucran a 68 productores por una cifra de 5.268.982 pesos. En tanto, se encuentran en trámites 2 planes que involucran a 2 productores por un monto aprobado de 110.700 pesos. “Esto quiere decir que al 27 de julio se procesaron un total de 70 planes de Corrientes, que involucran a 70 productores, por un monto total de 5.379.682, 82 pesos”. Resto del país: expedientes pagados por 195 planes, que involucran a 195 productores por un monto de 6.157.081 pesos. En proceso de pago se encuentran 117 planes, que involucran a 117 productores por un monto aprobado de 3.030.268 pesos. Y finalmente, cuentan con 126 expedientes en trámites para 126 productores, por un monto aprobado de 2.465.877 pesos. “Esto da un resultado total de 438 planes, para 438 productores, por un monto de 11.653.228,03 pesos al 27 de julio”. El total procesado en la Dirección de Forestación al 27 de julio de 2006 es de 1154 planes, que involucran una cantidad de 2625 productores por un total de 25.997.807 pesos.
