| NOTICIA RELACIONADA |
El Gobierno no contestó el fuerte reclamo por los piquetes.
Fuente: La Nación
BUENOS AIRES (18/1/2006).- La tensión diplomática con Uruguay por la instalación de dos papeleras en Fray Bentos, que la Argentina objeta por considerarlas contaminantes, subió ayer dos peldaños. Por un lado, el Gobierno decidió no responder la enérgica carta que Montevideo había presentado anteayer, en la que le reclama que haga algo para evitar las permanentes protestas con cortes de rutas que comunican a los dos países. Por otro, la Argentina remitió al Banco Mundial, que financia el proyecto, sus “objeciones” al estudio de impacto ambiental que hizo la entidad, según el cual las plantas respetan los requisitos técnicos de no contaminación. Ayer, diez activistas de la agrupación ambientalista Greenpeace fueron detenidos y luego liberados por la Prefectura uruguaya por haber bloqueado el muelle de una de las papeleras y trepar a una grúa que trabaja allí. Vecinos de Entre Ríos apoyaron la acción de los activistas con un nuevo corte en la ruta internacional 136, que mantuvo el tránsito interrumpido desde las 10.30 hasta poco antes de la medianoche. Al margen de protestas sorpresivas como la de ayer, el intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, convocó para fines de este mes a otra movilización. Mientras tanto, la Cancillería remitió al presidente de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, sus objeciones al borrador del informe ambiental de ese organismo (dado a conocer hace un mes), que había sido favorable a la instalación de las papeleras. El documento, que lleva la firma del canciller Jorge Taiana, «advierte que las dos plantas pueden generar un perjuicio sensible a la Argentina y que ello causaría responsabilidades patrimoniales muy serias a las empresas industriales y las entidades financieras participantes», según informó un comunicado del Palacio San Martín. El informe argentino, de 40 páginas, dice que el Borrador del Estudio de Impactos Acumulativos de la CFI no se ajusta a las propias políticas de esa entidad, no analiza métodos de producción de papel libres de cloro, no dice cómo prevenir posibles contaminaciones y tampoco crea adecuados sistemas de control de contingencias. Con un tono muy directo y ningún eufemismo, el documento también habla de que «la controversia surgió cuando se autorizaron unilateralmente los proyectos» (un reproche para el Uruguay) e insiste en que el estudio de la CFI, realizado por especialistas privados, ignora que el Estatuto del Río Uruguay obliga a ambos países a consultar al otro sobre actividades que puedan tener impacto ambiental. Silencio Como contrapartida, la estrategia oficial para resolver el conflicto incluyó silencio de radio sobre la nota de protesta uruguaya, que el lunes recibió el embajador argentino en ese país, Hernán Patiño Mayer, de manos del canciller Reinaldo Gargano. «Esto no se va a superar por inercia, sino en la medida en que quienes están comprometidos con el trabajo apelemos a la buena voluntad y a la creatividad», dijo ayer Patiño Mayer, en un intento por descomprimir la tensión. «El Presidente quiere bajar el tono a la disputa» dijo una alta fuente de Cancillería a LA NACION, que contó que Kirchner no quiere más declaraciones altisonantes que perjudiquen la negociación por la vía diplomática. En la otra orilla también impulsan conversaciones para «quitar presión» al diferendo, aunque se mantienen firmes en la decisión de instalar las plantas de celulosa. «Con Busti [Jorge, el gobernador de Entre Ríos] sabemos que no hay posibilidad de diálogo, pero hay que dar un paso para que a nivel de los dos gobiernos nacionales haya un camino de entendimiento que alivie la presión, dijo ayer a La Nación una alta fuente del gobierno uruguayo. Justamente ayer Busti se mostró impermeable al reclamo de la cancillería oriental y negó que vaya a influir en las protestas. «La protesta no se va a parar porque la sociedad civil está muy movilizada y concientizada y no se les puede mentir», sostuvo Busti. Y anunció que mañana presentará ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay una denuncia contra la empresa finlandesa Botnia y la española Ence por el presunto delito de «contaminación en grado de tentativa».
