| Opinión |
Editorial Diario El Observador. Montevideo, Uruguay URUGUAY (9/1/2006).- Un tenue punto de luz parece haberse encendido finalmente hacia una posible salida a la disputa rioplatense por las papeleras, para que ni la sangre ni la contaminación lleguen al río. La base de un posible acuerdo que negocian las cancillerías sería formalizar el acceso de Argentina al monitoreo técnico de la defensa ambiental cuando empiecen a operar las plantas de celulosa. Pero nada es seguro todavía en esta crisis en la que siguen campeando acusaciones entre figuras conspicuas de ambos lados del Plata en medio de epítetos de pelea callejera, la ilegalidad persistente de obstruir el libre tránsito de personas por los puentes fronterizos pese a que se habría ordenado a la Gendarmería argentina impedirlo, y las imágenes de miles de turistas escabulléndose como pueden de los piquetes entrerrianos para venir a veranear en Uruguay. En medio de este desorden estaría tomando cuerpo una fórmula que le permita al gobierno argentino escapar de la posición desairada en que se encuentra por haber respaldado los reclamos vociferantes del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, de que se detenga la construcción de las plantas de Botnia y ENCE en Fray Bentos. La salida se basaría en el reconocimiento argentino del derecho de Uruguay a aceptar la mayor inversión privada de su historia pero habilitando que, dentro de la comisión técnica que ya existe, nuestros vecinos se aseguren que las dos empresas cumplan las garantías de protección ambiental. Uruguay nunca se opuso a este camino. Lo que se haría ahora es buscarle un formato diplomático que le permita al gobierno argentino tratar de parar al gobernador Busti. Sería lo mejor que puede pasar para poner fin a una agria confrontación que nunca debió surgir y cuya única base es la agitación desatada desde Entre Ríos y el imprevisor respaldo que recibió desde Buenos Aires. Fue una señal moderadamente alentadora que el director de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, primero amenazara con “un amplio boicot” pero, ante la enérgica protesta uruguaya, se retractara al día siguiente y hablara, en cambio, de “normas técnicas” de protección ambiental, base sobre la cual se trabaja ahora. Claro que nunca se sabe si el gobernador de Entre Ríos y el intendente de Gualeguaychú acatarán ese acuerdo. Después de haber aceptado un arbitraje de hecho del Banco Mundial, como el fallo fue favorable a Uruguay, Busti lo descartó y anunció que a fin de enero el gobierno argentino presentará una demanda contra Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para seguir buscando que algún organismo a lo mejor le reconozca alguna vez razones que no tiene. Si las actuales negociaciones entre las dos cancillerías prosperan, como es de desear, se diluirán presumiblemente tanto la amenaza de Busti de ir a La Haya como la acritud que ha enturbiado las relaciones rioplatenses en una confrontación sin fundamento.
