| El jueves fue aprobado el proyecto por mayoría en la Cámara de Diputados |
MISIONES.- El ingeniero Alejandro Larguia cuestionó la medida del gobierno misionero: “si el pago no se aplica como contraprestación de un servicio específico no es una tasa sino que es un impuesto. La tasa tiene que referirse a un servicio específico y se devenga cuando el servicio se presta, por lo tanto, lo indebido del diseño de este gravamen es que se lo desvincula de las prestaciones efectivas y se pierde en la bolsa de Rentas Generales”, dijo.
Por Patricia Escobar
MISIONES (31/12/2005).- El pasado jueves se aprobó en la última sesión del año la creación de una nueva “Tasa de Servicios Forestales, orientada a los productores forestales cuyas superficies cultivadas sean mayores a 75 hectáreas, con el objetivo de mejorar los servicios técnicos “que prestaría el Ministerio de Ecología a través de la Dirección General de Bosques”. Según establece el proyecto aprobado, los servicios contarán con un contralor forestal y certificación de plantaciones logradas en forestaciones realizadas con fondos provenientes de Aportes No Reintegrables, certificación de plantaciones logradas, poda, raleo y enriquecimiento en bosques cultivados. La tasa será abonada en “concepto de prestación de cualquiera de los servicios técnicos y peritajes. La recaudación ingresará a la Cuenta Tesorería General de la Provincia”. Pero el ingeniero Alejandro Larguia salió ayer al cruce de la medida, dado que objetó que “si el pago no se aplica como contraprestación de un servicio específico no es una tasa sino que es un impuesto. La tasa tiene que referirse a un servicio específico y se devenga cuando el servicio se presta”, dijo. “La inspección y certificación de los planes forestales de la Ley 25.080 de Inversiones Para Bosques Cultivados implica una erogación que el Ministerio de Ecología no alcanza a cubrir como debe, sea por insuficiencia de recursos humanos o materiales, entonces para cumplir este componente esencial del sistema de promoción considero admisible la percepción de una tasa por la certificación”, señaló. De esta manera, agregó que “esto facilitaría las cosas y las transparentaría, pues los forestadores al requerir la certificación mediando un pago estarían en situación de reclamar el cabal cumplimiento del servicio, cosa que no ocurre actualmente”, recalcó. Para Larguia, la gestión del Ministerio de Ecología en su rol de certificación de las tareas subsidiadas por la 25.080, “en los últimos tres años ha oscilado entre mala y pésima”, calificó. “Posiblemente la provisión de camionetas con la cobertura necesaria para gastos y a cargo de técnicos capaces podría modificar y encarrilar esta situación. Por lo tanto, no se niega la conveniencia de generar el recurso para aplicarlo a subsanar las deficiencias de tipo material pero se advierte que necesariamente hay que eficientizar su uso y esto significa calidad de gestión”, dijo. negrita/»Gravamen indebido»/negrita Para el productor forestal, “lo indebido del diseño de este gravamen es que se lo desvincula de las prestaciones efectivas y se pierde en la bolsa de Rentas Generales. También la forma de determinación del monto es errónea, pues al basar el cálculo del 2% a percibir sobre el valor de la madera puesta en fábrica, en ciertos casos puede llegar a representar un impuesto confiscatorio de la renta. Por ejemplo, el 70% del precio del raleo puesto en fábrica de industria celulósica el productor lo gasta en elaboración y flete del producto, de modo que si al productor forestal que facturara $ 40.= por tonelada le hayan sobrado solo $ 12.= por la madera, de los cuales solo $ 0,80 podrían ser su ganancia (tasa de retorno de la inversión) el 2 % de $ 40,00 ($ 0,80) resulta para él en la confiscación del total de su rentabilidad, si tuvo suerte”, explicó. N.d.R.: Mientras los legisladores renovadores fundamentaron en su voto que la “norma está orientada a fortalecer y mejorar el servicio forestal”, el peronismo votó dividido. A favor lo hicieron Timoteo Llera, Ángel Repetto, Mercedes Oviedo y Ricardo Biazzi. En contra, Miguel López, Adrián Bernal y Raúl Ripoll, lo mismo que Jorge Galeano. La UCR, en cambio, acompañó la iniciativa.
