| Acusaciones cruzadas por las dificultades en la operatoria de la Ley 25.080 |
La Nación tampoco paga planes forestales en ésta provincia, pese a que están certificados.»Esta semana hemos recibido otra de las tantas respuestas de Campos, pero las mismas no nos satisfacen porque no entendemos que proyectos que corresponden al año 2000 y 2001, que tienen los tramites realizados correctamente, cuentan con la certificación provincial e incluso la re-inspección del organismo nacional, a la fecha estén en estudio», cuestionó el director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis Mestres.
Por Patricia Escobar
MISIONES Y CORRIENTES (18/10/2005).- El director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis Mestres, se sumo ayer a los cuestionamientos a la gestión del secretario de Agricultura, Miguel Campos, y de la directora nacional de Forestación, Ester Malacari, al asegurar que “la Nación tampoco paga a productores correntinos, pese a que los planes están certificados y re-inspeccionados”. Al respecto, explicó que “esta semana hemos recibido otra de las tantas respuestas de Campos, pero las mismas no nos satisfacen porque no entendemos que proyectos que corresponden al año 2001, que tienen los tramites realizados correctamente, cuentan con la certificación provincial e incluso la re-inspección del organismo nacional, a la fecha estén en estudio”. “¿En estudio de qué si esta todo correctamente realizado?, se preguntó. El funcionario aseveró que “el aporte económico no reintegrable es un derecho adquirido que el productor espera desde hace 3 o 4 años, y que encima se le pagará -en el caso de los planes 2002- a precio viejo”. Además, relató que periódicamente eleva al Secretario de Agricultura de la Nacion (Miguel Campos), el reclamo por escrito de los retrasos de pagos de planes forestales que corresponden a campañas 2000, 2001 y 2002. “Nos piden que utilicemos la pagina web del organismo para adquirir información sobre el estado de los planes, pero es una herramienta muy linda que nunca está actualizada”, cuestionó. De esta manera, se suma otra provincia a los duros cuestionamientos que surgen desde el interior contra la gestión de Campos y Malacari. Anteriormente, desde Misiones surgieron graves denuncias sobre irregularidades en la administración forestal nacional por parte de pequeños productores y una docena de intendentes -de distintos partidos- que acusaron a Campos de desconocer la realidad de la deuda, que lleva ya cinco años, a tal punto que lo calificaron de “perdido”. Posteriormente, salió al cruce el subsecretario de Bosques y Forestación de Misiones, Juan Gauto, quien acusó a los funcionarios de Agricultura de “hacer un uso discrecional de los subsidios forestales”, deslizando manejos irregulares en esa área. negrita/Acusaciones cruzadas/negrita Por su parte, la directora de Forestaciones de la Nación, Ester Malacari, en una reunión mantenida ayer con técnicos en Buenos Aires afirmó que «no es que la Nación no quiera pagar los planes según la ley 25.080», sino que la provincia de Misiones «no cumplió con los requisitos de la ley y envió las declaraciones juradas sin realizar las inspecciones correspondientes en las plantaciones, por lo que devolvimos los expedientes». Explicó que hubo una propuesta de convenio para agilizar los pagos- se trabajó tres meses para tenerlo listo y fue en mayo-, para que la provincia pueda terminar los trámites pendientes y así recibir los fondos de la Nación, pero no aceptó», recordó. Malacari ratificó los motivos que llevaron a rechazar las 811 declaraciones juradas que envío Misiones, del Plan Pequeño Silvicultor, con el objeto de anticipar el AENR de la ley 25.080. “Las declaraciones juradas no se ajustan a las formas y procedimientos vigentes”, dijo. “Todas las presentaciones que realiza el productor en el marco de la ley 25080 son declaraciones juradas. Cuando dicen las has que planta lo hace en concepto de declaración jurada. De que me sirve que Misiones me envíe 811 declaraciones juradas sin haber avalado la provincia de que existe esa plantación. Entonces, no es que no se quiere pagar, sino que no podemos apartarnos de la normativa vigente”, ratificó la funcionaria. A su turno, Juan Gauto, contestó a la funcionaria nacional y cuestionó su respuestas porque «no explicó el congelamiento del pago de la operatoria» de la ley 25.080. Hay una situación de arrastre por demoras en los pagos, y es inexplicable que un productor que plantó en el año 2000 aún no pueda cobrar”, manifestó. “El convenio que propuso Nación no era viable, en la actividad hace falta que tomen decisiones concretas, y con la actual administración nacional no fue posible hacerlo», afirmó. negrita/Administración por conveniencia/negrita Gauto señaló también que “ante la critica situación, y con la idea de recuperar la confianza en el sistema y aumentar las plantaciones en la provincia, el gobierno tomó la decisión de implementar un sistema dinámico para el pequeño plantador y retomó el pago después de muchos meses”. “No nos explicamos porque ahora nos rechazan una declaración jurada como documentación valida, cuando meses atrás por Resolución Nº 575/05 se permitió el pago de planes de medianos productores sin inspección. Ahora no podemos aceptar que discrimen al pequeño productor que presenta una declaración jurada como intención de plantar, si con la re-inspección que después realiza la Nación podrá corroborar la existencia de la plantación y liberar los fondos”. Finalmente, y en relación a las funciones del coordinador de Comisión Asesora de la Ley 25.080, Ivo Gotz, el funcionario provincial comentó que “en varias oportunidades se ha invitado para que se acerque a charlar con nosotros, para encontrar alternativas de solución en conjunto, pero hasta la fecha no lo ha hecho. De todas maneras, la solución no esta en la designación de una persona, sino en la implementación eficaz de la operatoria, y la respuesta la tienen en la mano: tienen que salir a pagar si el objetivo es lograr incrementar la superficie forestal del país”.
