| El gobierno provincial absorberá los costos con fondos propios |
El Secretario de Agricultura de la Nación, Miguel Campos, remitió en devolución, al ministro de Ecología, RNRyT de Misiones, Luis Jacobo, las 811 declaraciones juradas que oportunamente el organismo requirió a los productores, “con el objeto de anticipar el aporte económico no reintegrable que brinda la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, y que luego decidió remitir a la Dirección de Forestación erróneamente, dado que no se ajustan a las formas y procedimientos vigentes por la normativa de la Ley, a los cuales debe atenerse la Sagpya para efectuar los pagos”.
Por Patricia Escobar
BUENOS AIRES Y MISIONES (7/10/2005).- El pasado 3 de octubre, el Secretario de Agricultura de la Nación, Miguel Campos, remitió en devolución, al ministro de Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones, Luis Jacobo, las 811 declaraciones juradas que oportunamente el organismo requirió a los productores, “con el objeto de anticipar el aporte económico no reintegrable que brinda la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, y que luego decidió remitir a la Dirección de Forestación erróneamente”. Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades de Agricultura explicaron que “dichas Declaraciones Juradas no se ajustan a las formas y procedimientos vigentes por la normativa de la Ley, a los cuales debe atenerse la Secretaría de Agricultura (Sagpya) para efectuar los pagos. Esto no implica que la Provincia pueda concretarlo con sus propios fondos, hasta tanto cumpla con los compromisos asumidos en el Convenio N° 44 que firmara con la Secretaría de Agricultura. Estos compromisos tienen que ver con las inspecciones de las plantaciones y el aval de las presentaciones ante la Autoridad de Aplicación para que ésta pueda concluir los trámites y efectuar los pagos”, advirtieron las autoridades nacionales. Por otro lado, afirmaron que la Dirección de Forestación nacional no recibió los Certificados de Inspección Provincial. Por este motivo, y ante numerosos reclamos de titulares de proyectos ejecutados entre 2000 y 2002 por el pago de planes, quienes alegan haber solicitado la inspección provincial o presentado en tiempo oportuno la certificación de obra, se reclamó a la Provincia la información pertinente para poder determinar la cantidad de los planes pendientes de pago y así analizar alternativas de solución compatibles con las restricciones que existen cuando se aplican fondos públicos, a fin de evitar mayores perjuicios a los titulares que cumplieron los trámites en tiempo y forma, con el objetivo de regularizar los pagos para el sector forestal. “De esta manera, la información que suministre la Provincia también permitirá a Agricultura dar de baja a todos aquellos planes 2000 a 2002 que no hubieren sido certificados en los plazos previstos por la normativa vigente, de modo de concentrar sus esfuerzos en la atención de los expedientes que correspondan ser abonados”, concluyeron.
