| ¿US$ 1.000 MILLONES DEMORADOS POR LA AUSENCIA DE UN MARCO LEGAL? |
En un país necesitado de inversiones, el grupo forestal chileno CMPC decidió aplazar la construcción de una planta de celulosa en la Mesopotamia, prevista inicialmente para 2005 con un costo cercano a los U$S 1.000 millones, a la espera de que el Gobierno salga del embrollo en que se ha metido en la aplicación de la Ley de Promoción de Bosques Cultivados.
Fuente: Diario Clarín
BUENOS AIRES (23/5/2005).- En un país necesitado de inversiones, el grupo forestal chileno CMPC decidió aplazar la construcción de una planta de celulosa en la Mesopotamia, prevista inicialmente para 2005 con un costo cercano a los U$S 1.000 millones, a la espera de que el Gobierno salga del embrollo en que se ha metido en la aplicación de la Ley de Promoción de Bosques Cultivados. Esa norma, sancionada en 1998, preveía una serie de beneficios para impulsar la producción de madera, similares a los que existen en otros países. Entre esos estímulos se destacaban la estabilidad fiscal por 30 años y subsidios para los pequeños forestadores. Pero ni una cosa ni la otra se están cumpliendo en tiempo y forma. Entre sospechas y burocracias, el régimen colapsó a mediados de 2004 y todavía no logra levantar cabeza. En este entorno, según pudo saber Clarín, la chilena CMPC, una de las mayores fabricantes de celulosa del mundo, decidió pisar el freno en su proyecto para procesar aquí las casi 70.000 hectáreas de pinos que su filial —Bosques del Plata— tiene en Corrientes. La firma quería levantar la planta este año y ahora esperaría a 2007. En la empresa prefirieron no confirmarlo, pero tampoco lo desmintieron. Una vocera sólo indicó: «Tenemos otros proyectos en marcha». Según fuentes de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), el desmadre en que ingresó la política forestal tiene en CMPC un caso testigo, pero afecta a todo el sector por igual. «Hay varias empresas que tienen proyectos por cientos de millones de dólares, sobre todo vinculadas a la celulosa, porque la Argentina está trabajando al 90/95% de su capacidad», relataron. Luego agregaron, casi con resignación: «En el marco actual, algunas pueden invertir, pero otras no». Los incumplimientos del Estado son básicamente dos: Hay subsidios a los pequeños forestadores pendientes de pago desde 2002 en adelante. Tampoco rige la prometida estabilidad fiscal para quienes deciden inmovilizar capital en bosques por largos años. De los 450 planes que solicitaron ese beneficio se han resuelto apenas 10. Y de esa decena, cinco exportadoras —entre ellas la mayor, Alto Paraná— han visto suspendida «preventivamente» esa estabilidad y ahora deben pagar retenciones como cualquier hijo de vecino. LOS INCUMPLIMIENTOS DEL ESTADO SON BASICAMENTE DOS 1. Hay subsidios a los pequeños forestadores pendientes de pago desde 2002 en adelante. 2. Tampoco rige la prometida estabilidad fiscal para quienes deciden inmovilizar capital en bosques por largos años. De los 450 planes que solicitaron ese beneficio se han resuelto apenas 10. Y de esa decena, cinco exportadoras «entre ellas la mayor, Alto Paraná» han visto suspendida «preventivamente» esa estabilidad y ahora deben pagar retenciones como cualquier hijo de vecino. UN SECTOR BAJO LA LUPA Los problemas con ley forestal se hicieron visibles en junio de 2004, cuando Clarín informó que en el propio Gobierno se investigaba una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en algunos expedientes forestales. En ese marco, el secretario de Agricultura, Miguel Campos, decidió desplazar a los responsables del área y designó en el puesto a la abogada Ester Malacari, una experta en auditorías que puso bajo una lupa a todo el sector. Días atrás, Agricultura prometió comenzar a resolver las cosas. Y en junio debería desembolsar subsidios atrasados por unos 12 millones de pesos.
