Juan Carlos De Mattos asegura haber adquirido legalmente el inmueble rural en agosto de 2025 y sostiene que, pocos días después de concretar la operación, una persona vecina ingresó al predio. El caso fue denunciado ante la Justicia por presunta usurpación, amenazas y hostigamiento.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (12/6/2026).- Un productor ganadero de la zona de Dos Hermanas denunció ante la Justicia un presunto caso de usurpación de propiedad privada y reclamó una pronta intervención judicial para recuperar la posesión de un campo de aproximadamente 105 hectáreas ubicado en el Lote 25, Sección XVI, del municipio de Bernardo de Irigoyen.
El denunciante, Juan Carlos De Mattos, en diálogo con ArgentinaForestal.com sostiene que adquirió formalmente el inmueble el 20 de agosto de 2025, mediante una operación respaldada por documentación notarial, libre deuda de impuestos y tasas, y los trámites correspondientes de transferencia y administración del predio.
Según explicó, el establecimiento rural se encuentra identificado en el plano catastral N.º 28.920 y está ubicado en el paraje Dos Hermanas, una zona donde, afirma, existen antecedentes de conflictos por ocupaciones irregulares de tierras.
La denuncia
De Mattos manifestó que, apenas tres días después de concretada la adquisición, una persona habría ingresado al inmueble sin autorización y permanece desde entonces en una porción de la propiedad.
Frente a tensión cotidiana generada, el productor señaló que presentó denuncias por la presunta usurpación, amenazas y hostigamiento ante la Justicia con asiento en San Pedro, aunque asegura que hasta el momento no obtuvo una resolución que permita restituirle la posesión plena del campo.
“Compré la propiedad con toda la documentación en regla, los impuestos pagos, tasas municipales al día y los servicios regularizados. Incluso el servicio de energía eléctrica está a mi nombre. Lo único que quiero es recuperar mi propiedad para poder desarrollar mi actividad ganadera”, expresó.
De acuerdo con su relato, la situación imposibilita el normal aprovechamiento productivo del establecimiento.
Documentación respaldatoria
Entre la documentación aportada por el denunciante figura una escritura de poder especial otorgada por la entonces titular registral, Mariela Vanesa Lemes, mediante la cual se facultó a De Mattos para realizar los trámites vinculados a la administración y transferencia del inmueble identificado como Lote 25, Sección XVI, colonia y municipio de Bernardo de Irigoyen.
Asimismo, se adjuntó un contrato de permuta celebrado en agosto de 2025 entre ambas partes, donde se consignan las mejoras existentes sobre el inmueble rural y los compromisos asumidos para la regularización dominial y catastral correspondiente.
El productor sostiene que también cuenta con comprobantes de pago de impuestos, tasas y servicios vinculados al inmueble.
Un conflicto con antecedentes
Según relató De Mattos, la situación tendría origen en disputas previas relacionadas con la ocupación de tierras en la zona y en diferencias familiares vinculadas a antiguos propietarios.
El ganadero afirmó que la persona señalada como ocupante ilegal habría tenido anteriormente relación con predios linderos y que, tras tomar conocimiento del cambio de titularidad del campo, habría ingresado nuevamente al lote en cuestión.
“Hay testigos que pueden acreditar lo ocurrido y la situación que venimos atravesando. No existe posibilidad de diálogo y necesito recuperar el campo para mi actividad productiva”, sostuvo.
Pedido de intervención
Frente a la continuidad del conflicto, el productor solicitó a la Justicia que avance en la investigación de los hechos denunciados y determine las medidas correspondientes para esclarecer la situación posesoria y dominial del inmueble. Pero desde el año pasado que recurrió al juzgado por el desalojo, aún no tuvo respuesta.
El caso permanece bajo análisis y los tiempos judiciales, y se suma a una problemática recurrente en algunas zonas rurales de Misiones, donde los conflictos por tierras y ocupaciones ilegales generan prolongados procesos administrativos y judiciales para las partes involucradas.
La denuncia se encuentra basada en la versión y documentación aportada por el denunciante. La eventual responsabilidad de las personas mencionadas deberá ser determinada por la Justicia competente.
