Organizaciones ambientalistas, WWF-Ecuador y Fundación Jocotoco, advierten que la reciente decisión del gobierno ecuatoriano de fusionar el Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas pone en riesgo la independencia institucional, debilita los controles ambientales y compromete el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
QUITO (26/07/2025).- La decisión del Gobierno de Ecuador de fusionar el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, que consideran que esta medida representa un grave retroceso en la institucionalidad ambiental del país.
La reforma impulsada por el Ejecutivo es vista como una amenaza directa a la autonomía técnica de la autoridad ambiental, especialmente en un momento crítico en que la protección de los ecosistemas y la biodiversidad debería ser una prioridad nacional y global.
Riesgo de ser «juez y parte»
Desde WWF-Ecuador expresaron su profunda preocupación ante la creación de un organismo que, al fusionar funciones ambientales y extractivas, se convierte en “proponente y evaluador” al mismo tiempo, lo que contradice los principios constitucionales que exigen independencia y altos estándares técnicos en los procesos de licenciamiento ambiental.
“El ambiente no puede perder su voz”, reclamó la organización, y advirtió sobre los riesgos de debilitar políticas clave como la gestión de áreas protegidas, la acción climática y la restauración ecológica, además de comprometer la transparencia en el control de actividades extractivas.
También destacaron que la legislación ecuatoriana establece claramente la separación de funciones como base de una gestión ambiental robusta, señalando que solo mediante esa independencia es posible proteger efectivamente los derechos de la naturaleza y aplicar el principio de precaución ante actividades con alto impacto ecológico.
Impacto económico y social
Según el Informe Planeta Vivo 2024 de WWF, más del 55 % de la economía mundial depende directamente de la naturaleza. En Ecuador, esta proporción también alcanza al 55 % del PBI, mientras que la minería apenas representa el 1 % y el sector energético el 8 %. “Estos datos confirman que la economía ecuatoriana necesita más que nunca una institucionalidad ambiental sólida y prioritaria”, subrayó la organización.
A esto se suma el impacto social de la medida: la salida de más de 5.000 funcionarios públicos como consecuencia de la fusión representa, además de un debilitamiento técnico, una grave afectación a miles de familias.
Por su parte, la Fundación Jocotoco también manifestó su rechazo a la fusión y alertó sobre el conflicto estructural de intereses que implica esta medida. Mientras el Ministerio del Ambiente tiene como mandato la protección de la biodiversidad y la regulación del uso sostenible de los recursos, el Ministerio de Energía y Minas impulsa el desarrollo de actividades extractivas, como la minería y la explotación petrolera.
“Una misma institución que promueve el desarrollo extractivo no puede al mismo tiempo ser la encargada de evaluar y mitigar sus impactos. Eso debilita los mecanismos de control y compromete la independencia técnica que requiere una gestión ambiental seria”, sostuvieron.
Además, advirtieron que esta medida pone en duda la capacidad del país para cumplir con sus compromisos climáticos y de conservación asumidos ante la comunidad internacional.
Tanto WWF como Fundación Jocotoco hicieron un llamado a la ciudadanía, la sociedad civil, el sector académico y la cooperación internacional a mantenerse vigilantes frente a este cambio institucional y exigir que las decisiones públicas prioricen el bien común y el bienestar de las futuras generaciones.
“Una autoridad ambiental autónoma e independiente cumple un rol irremplazable en la protección de la naturaleza. Sin esa independencia, se debilitan los controles, se compromete la transparencia y se pone en riesgo la sostenibilidad del país”, concluyeron.
