Se cumplió este lunes la última jornada del debate oral y público. Las partes expusieron sus alegatos de cierre. La acusación en esta causa está a cargo de la Fiscal General Florencia Gómez, el Dr. Martín Castro en representación de la Fiscalía de Estado; el Dr. Eduardo Hualpa representó a los querellantes particulares en la causa: la Asociación de Abogados Argentina, Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural. Y la defensa particular del imputado en la causa es ejercida por el abogado particular Federico Ruffa.
Fuente: Poder Judicial de Chubut
CHUBUT (5/11/2024).- El tribunal presidido por la Dra. María Laura Martini e integrada como vocales por la Dra. Eve Ponce y el Dr. Carlos Richeri comenzaron a deliberar, tras escuchar este lunes los alegatos de clausura por parte de las partes acusadoras y el abogado defensor de Ricardo Adolfo La Regina, único imputado en una causa por presunto daño ambiental y maltrato animal en un campo ubicado en proximidades de la reserva de pingüinos de Punta Tombo.
Los jueces informaron a las partes que el próximo jueves 7 de noviembre, a las 11 horas, se dará lectura a la resolución en cuanto a la responsabilidad o no del acusado en cuanto a los delitos que se le imputan.
El sexto día del juicio se inició con la incorporación de la prueba documental y las convenciones probatorias fijadas por todas las partes en este caso, para luego iniciar la exposición de los alegatos de clausura del caso.
La acusación en esta causa está a cargo de la Fiscal General Florencia Gómez, mientras que el Dr. Martín Castro actúa en el juicio en representación de la Fiscalía de Estado; en tanto que el Dr. Eduardo Hualpa representará a los querellantes particulares en la causa: la Asociación de Abogados Argentina, Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural. La defensa particular del imputado en la causa es ejercida por el abogado particular Federico Ruffa.
Acusación fiscal
“Con toda la prueba de cargo que se ha acreditado tanto la materialidad y la autoría material de los hechos” sostuvo la fiscal Florencia Gómez, quien destacó el aporte realizado por expertos, idóneos y testigos respecto a lo ocurrido, como así también en el caso de investigadores de aves, especialistas en pingüinos e interpretación de imágenes satelitales.
Se ha logrado acreditar cada uno de los hechos, realizados entre los días 10 de agosto y 4 de diciembre” indicó la fiscal, al tiempo que afirmó que “la defensa técnica del acusado no ha logrado desvirtuar la hipótesis” de la acusación.
En su pieza acusatoria, Gómez sostuvo que si bien el campo “La Perla” donde ocurrieron los hechos pertenecen a la familia del imputado, quien es administrador judicial del mismo, “la flora y la fauna no le pertenecen al imputado”, para luego describir los hechos de los cuales lo acusan, como la traza de caminos, la colocación de un alambrado que divide en dos la colonia de pingüinos de Punta Clara y el desmonte de una zona para realizar un tajamar
La fiscal aseguró que Ricardo Adolfo La Regina “no solo desmontó vegetación nativa, sino que también sacó 40 cm de suelo” y con ello generó zonas irrecuperables, además de sostener que atentó con su accionar sobre la colonia de pingüinos en una época en que había huevos, pichones y pingüinos adultos empollando.
Los hechos por los cuales Fiscalía acusa a La Regina en enmarcan dentro de la calificación jurídica de Daños Agravados en concurso real –tres hechos-, concursando idealmente el Hecho N° 3 con la Figura de Actos de crueldad a los animales, según lo previsto y reprimido por los arts. 45°, 54°, 55°, 184° inciso 5° del CP y Artículos 1° y 3° Inciso 7° de la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de crueldad a los animales. Todo ello en relación con el Art. 41° y 124° Constitución Nacional, Art. 99° y 104° Constitución de Chubut, Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley 24.375), Convención sobre la Especies Migratorias de Animales Silvestres (Ley 23.918), Ley Política Ambiental Nacional N°25.675 art.27, Art. 14°, 240° y 241° CCy CN y Ley Yolanda 27.592 (Ley N° 1173).
Fiscalía de Estado y Querella
El Dr. Martín Castro, además de adherir en todos sus términos sostuvo que a lo largo de las audiencias “ha sido corroborada la materialidad ilícita y la responsabilidad de los atroces hechos que ha cometido el señor La Regina” y planteó que se estaría ante un “Ecocidio”
Por su parte, el Dr. Eduardo Hualpa en representación de las organizaciones ambientales constituidas en querellantes, sostuvo que “la ley general del ambiente prevé la responsabilidad penal por el daño ambiental” y aseguró que los hechos fueron probados, además de calificarlos de una “gravedad inusual”.
En ese contexto recordó a los magistrados que el área de Punta Clara y Punta Tombo pertenecen a la misma unidad biológica, más allá de ser dos lugares diferentes y sostuvo que se trataba de un lugar “prístino” hasta que ocurrieran los hechos que son motivos de debate.
Para Hualpa, quedó demostrado “que había pingüinos muertos el 26 de noviembre” y argumentó que de acuerdo a las declaraciones del investigador Borboroglu, lo pichones encontrados, “con tierra encima y buen estado de alimentación, la muerte de los mismos era muy reciente”.
La defensa
Tras las pruebas testimoniales y documentales en el marco del juicio oral y público, el defensor del imputado por la presunta afectación de una colonia de pingüinos, realizó su alegato en el que pidió que el Tribunal del debate absuelva al imputado Ricardo La Regina.
Dijo que “esta causa nunca debió haber llegado a juicio porque no hay ningún pingüino muerto o daño alguno producido”.
Para Ruffa quedó demostrado que “no se pudo probar ningún pingüino o pichón muerto, ni ningún nido dañado”. Agregó que “fueron cuatro veces al lugar. El doctor “Borboroglu invadió una propiedad privada para realizar un informe, utilizaron drones, pero no agarraron una sola pala para hallar un solo pingüino muerto. Acá se exhibió un video de alto contenido emocional, con dos pingüinos muertos, pero al costado del camino, sin realización de autopsia alguna que permita determinar la causa de la muerte de esos animales”, indicó.
Nada dijeron los acusadores sobre “el stres que sufrieron los pingüinos que todos vimos tomando aguas de líquidos cloacales”. Destacó que “no hay nada dañado porque no afectó nada ajeno, ya que se trata de un bien inmueble de propiedad de su padre y del cual el imputado es administrador”.
Expresó que los funcionarios públicos que brindaron sus testimonios en el juicio, se expresaron de manera “confusa” al momento de las condiciones o requisitos para solicitar un estudio de impacto ambiental. En este sentido, hizo un paralelismo con obras importantes de movimientos de suelo en estancias ganaderas con mayor poder económico en la Península de Valdez.
Se le achacan delitos a un productor ganadero “pero nada se le reprocha al Estado haber ejecutado un centro de interpretación con topadoras, igual o peor que Ricardo La Regina, en pleno mes de septiembre, entre su tío Alberto y el Estado”, dijo Ruffa.
En alusión a los acusadores, querella y Fiscalía dijo que “se subieron a una ola y ahora no saben cómo bajarse, algunos con intereses loables y otros por no sé qué tipo de intereses”. Seguidamente, se refirió a Alejandro Borboroglu y su conducta en la inspección ocular que hicieron las partes en el lugar de los hechos. “El testigo no quería que se vea el camino que hizo el tío del imputado, por el que llegaron en camioneta, del que todos se olvidan y que es paralelo al que hizo Ricardo La Regina. Demuestra la calidad de la información que brindó en este juicio”, indicó en alusión al doctor en biología Borboroglu. “Son ellos mismos los que nada dicen sobre los desbordes cloacales en Punta Tombo y las construcciones realizadas sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Nadie se horrorizó por estos asuntos”, destacó.
Manifestó que la misma fiscal Gómez reconoció que “existe un vacío legal en este tipo de delitos, pero que se resuelven en otro ámbito y no a costa de los derechos de un ciudadano”, indicó en alusión a su cliente.
Luego enumeró ejemplos en los que el mismo Estado cometió delitos en contra del medio ambiente, como incendios forestales en la cordillera del Chubut en el año 2021 o avalando el envenenamiento de fauna silvestre que hizo una poderosa empresa privada en la Isla Toba, al sur de Camarones con el objetivo eliminar a miles de conejos. “Judicialmente, nada se hizo, los responsables fueron funcionarios provinciales y pareciera ser que solo fueron simples contravenciones. ¿Pero lo que hizo Ricardo La Regina fue un delito contra la humanidad?”, se preguntó el abogado.
Ruffa finalizó su alegato en pedir al Tribunal que absuelva a Ricardo La Regina y “que no pisotee el Estado de Derecho”. Tras ello, la presidente del Tribunal, María Laura Martini, anunció que el fallo se conocerá públicamente el próximo jueves a las 11 horas.
