El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) expuso nuevamente un caso alarmante de discriminación, amenazas y hostigamiento en Colonia Mado-Delicia, donde una comunidad Mbya Guaraní se ve afectada por un conflicto de tierras en el que algunos individuos se autodenominan propietarios de lotes en territorios ocupados por la comunidad indígena, respaldados por la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (10/4/2024).- El martes pasado, el Mburubichá de la Comunidad Tataendy, Néstor Fabián Benítez, se presentó en la comisaría de Colonia Mado (Eldorado) para denunciar una amenaza recibida por parte de una mujer que reclama ser la dueña de las tierras donde la comunidad está asentada.
Esta mujer apareció en el lugar acompañada de su pareja, de manera violenta, amenazó con quemar la vivienda de la comunidad y llamar a la policía para desalojarlos. Trágicamente, al regresar el cacique Benítez de la comisaría, se encontró con que la casa de la familia Mbya había sido incendiada por esta persona.
Las amenazas y hostigamientos continuaron, incluso horas más tarde con la presencia de la policía, quienes se han mostrado parcializados a favor de los presuntos propietarios no indígenas, según relata Benítez.
«Esta situación ha dejado a la comunidad Mbya Tataendy en un estado de angustia y temor por su seguridad y la integridad de sus hogares», sostienen desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) en un comunicado de prensa que dieron a conocer ante el hecho.
«Los delitos cometidos por los miembros de la fuerza policial de Mado, que dependen de la provincia de Misiones, son graves y evidentes, incluyendo abuso de poder, incumplimiento de deberes de funcionario público, apremios ilegales y amenazas, exacerbados por la discriminación étnica», remarcaron.
La Comunidad Tataendy, que forma parte del territorio de la Comunidad Yychyry y está protegida por la Ley Nac. 26.160 de emergencia territorial indígena que prohíbe los desalojos, se enfrenta a una creciente violencia y amenazas que ponen en peligro sus vidas y su derecho ancestral sobre la tenencia comunitaria de la tierra.
Desde la comunidad indígena reclaman la intervención de los organismos del Estado y denuncian que hay complicidad de la policía local en este conflicto que agravan la situación, dejando a las familias indígenas desamparadas ante la violencia y la discriminación.
