| Opinión |
Por: Rodolfo Terragno
BUENOS AIRES (22/4/2010).- El 25 de febrero de 2006, las galerías del Senado estaban colmadas. Ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú nos pedían que, avalando al presidente Néstor Kirchner, aceptáramos que Uruguay fuera denunciado ante la Corte Internacional de Justicia. Había, en aquella gente, una conmovedora ilusión. Creían que, apenas la Argentina alegara el envenenamiento del río Uruguay, La Haya ordenaría detener la construcción de esa «papelera» que Botnia estaba levantando en Fray Bentos. Hice, en aquel debate, una invocación: «No engañemos a los habitantes de Gualeguaychú. No les digamos que la solución está en La Haya. No les hagamos creer que la Corte detendrá la construcción de la papelera». Mi propuesta era la negociación directa. No una cumbre presidencial de resultado incierto. Un teléfono rojo entre los dos presidentes. Botnia iba a emplear el procedimiento Libre de Cloro Elemental (LCE): el mismo que -según reconoce la misma Greenpeace- usa casi toda la industria mundial. Sin embargo, el canciller Jorge Taiana señalaba, con razón, que ese procedimiento, por sí solo, no era garantía de preservación ecológica. Debía tenerse en cuenta: El caudal mínimo y máximo del río. El régimen de vientos. La cantidad de habitantes en la zona de influencia. Los máximos tolerables de dioxinas y furanos. Esos datos, a mi juicio, debían fundar un Plan Binacional de Protección Ambiental. El chauvinismo, la ignorancia y la neurosis ecológica hicieron que -en vez de articular un plan como ese- la Argentina proclamara: «No a las papeleras». Fue entonces cuando al ex Presidente se le ocurrió promover el juicio y pedir que, hasta tanto hubiese sentencia definitiva, Botnia quedase impedida de ir adelante con su proyecto. El propósito de Kirchner era sosegar a Gualeguaychú -luego de haberla soliviantado- y ganar tiempo. Él no podía ignorar que íbamos camino a la derrota. El 4 de marzo de aquel año escribí en La Nación: «El conflicto con Uruguay no lo resolverá la Corte de La Haya. Ese tribunal no se expedirá antes de 2010. Ni ordenará, como medida cautelar, que se paralicen las obras de Fray Bentos». La Corte, como estaba previsto, no hizo lugar a la medida cautelar. Y ya podía preverse lo que sucedería en 2010. El tribunal de La Haya diría que -si bien Uruguay violó normas procesales del tratado de 1975- blanquear pulpa mediante el procedimiento LCE no tiene los efectos contaminantes con que se había aterrorizado a la población de Gualeguaychú. ¿Por qué, entonces, Uruguay iba a renunciar a un triunfo y aceptar un Plan Binacional de Protección Ambiental? Porque la planta necesitaba integrarse al hinterland mesopotámico, a fin de abastecerse de bienes y servicios. Porque la prolongación del conflicto enrarecería el clima de negocios y podía privar al propio Uruguay de otras inversiones externas. Porque, en una alteración de las relaciones bilaterales, Uruguay perdería más de lo que ganaría. Todo esto fue tenido en cuenta por el gobierno de Kirchner; pero no para forjar un plan binacional sino para alentar (subrepticiamente) el corte de un puente. Se optó por la fuerza, no por la razón. El resultado fue una derrota innecesaria para la Argentina. Este martes, las pantallas de televisión mostraban, a la izquierda, al vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Peter Tomka, leyendo el fallo previsible; y a la derecha, al pueblo de Gualeguaychú llorando su desengaño.Dolía verlo, estafado por ecologistas irresponsables y políticos demagogos.
