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Por Patricia Escobar
MISIONES (18/7/2009).- Por medio de un fallo judicial se favoreció a la demanda laboral del ingeniero Aldo Grasso, con el remate de los bienes del CTM. Este fallo fue el disparador de la exposición pública sobre la difícil situación que enfrenta el Centro Tecnológico, pero por la trascendencia de la noticia, el profesional ejerció su derecho a réplica y realizó su descargo ante este medio que publicó el remate de los bienes para el próximo 27 de julio, aclarando que «no fue propiciado por iniciativa mía esta demanda, sino en respuesta a una ofensiva carta documento enviada por quien en aquel momento ocupaba la presidencia de dicha asociación, con una antigüedad en el cargo y de actuación en el sector, de no mas de una semana”, dijo en referencia al ex presidente del institución – en representación del gobierno de Carlos Rovira en aquella época- Ángel Colman. “Este señor llego a nuestra institución y decidió, en su primera acción, separarme del cargo de gerente general del CTM, al cual yo había accedido por medio de un concurso de antecedente y por lo cual, no se trataba de un cargo político, sino un cargo técnico y ejecutivo. En aquel momento, yo ejercía ese cargo con un atraso en mis haberes de seis meses y solo seguía a cargo de la Asociación, para cumplir con una misión gremial empresaria que personalmente me había propuesto seguir llevando adelante”, relató en la entrevista con ArgentinaForestal.com. “Al notificarme verbalmente de la decisión de desvincularme del CTM, y pese a mi aceptación de retirarme voluntariamente, entendiendo que se había acabado mi ciclo laboral, hice si, un reclamo de carácter informal al directorio, de mis haberes adeudados, a lo cual se me contesto con una durísima carta documento, en la cual, se “desconocía cualquier relación laboral” con esa institución, cuando yo, había sido no solo funcionario efectivo de la misma durante mas 9 años, sino también quien diseño, monto y erigió ese centro tecnológico. Esto fue lo que motivó mi respuesta legal y que derivó en la situación judicial actual, pero no fue iniciada por mi parte”, aclaró. El profesional remarcó que se «debe entender en el sector que de ninguna manera seré yo el culpable de la interrupción del funcionamiento del centro, como no es real que el monto del embargo ascienda a 90 mil pesos, ya que lo nominalmente asignado por la justicia fue de 34 mil pesos”, aseveró. Sin embargo, autoridades de la ACTM aseguran que la cifra asciende a los 90 mil pesos, por los «intereses para el ing. Grasso, los 20 mil pesos que reclama el abogado, más el porcentaje que se lleva el rematador», reiteraron. Por su parte, el ex funcionario del CTM agregó que «no seré yo el culpable de su cierre definitivo, cuando la asociación cuanta con embargos que superan largamente el 1.000.000 de pesos, (solo la AFIP la tiene embargada en 700.000 pesos) y cuenta con otros nueve juicios laborales y dos mas por accidentes de trabajo», detalló.
