| Hay focos de conflicto en Pozo Azul, Irigoyen y zona de influencia |
El subsecretario de Tierras y Colonización de Misiones admitió que existen problemas de intrusión en zona fronteriza de Irigoyen, pero calificó de “exagerada” la denuncia de propietarios de tierras, pidiendo la intervención del Ministerio del Interior de la Nación en la zona ante la presencia de integrantes del Movimiento «Sin Tierra» de Brasil y la existencia de «bandas armadas» en la frontera con ese país. Jaime Ledesma señaló que “todo esto está movilizado por intereses inmobiliarios”.
Por Patricia Escobar
MISIONES (26/3/2009).- El subsecretario de Tierras y Colonización, Jaime Ledesma, se refirió a la denuncia realizada por Ana Brumer de Joison -esposa y heredera de Carlos Jacobo Joison- que planteó al ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, su «urgente intervención» ante la grave situación de intrusión que se vive en sus propiedades ubicadas en Bernardo de Irigoyen, exponiendo que integrantes del Movimiento «Sin Tierra» (MST) de Brasil estarían avanzando sobre esa región y advirtiendo sobre la proliferación del contrabando y la existencia de «bandas armadas» en la frontera con ese país. En el escrito, la mujer pidió a la Nación que garantice el «respeto al derecho de propiedad» y «la protección del bien», basándose en preceptos constitucionales. Al ser consultado por ArgentinaForestal.com, Ledesma explicó que “la familia Joison había pedido al Estado que compre la propiedad por un valor definido, de esta manera, en el año 2007 ingresó un expediente en Fiscalía de Estado donde -por medio de su apoderado, Guillermo Cortellessi, – solicitaban que la provincia compre el inmueble, el cual, según mencionaban, consistía en una superficie de más de 5.000 has en lotes de “I” 21, “J” 18 y “K” 24, y que tenían una ocupación de unas 600 familias”. Desde el organismo iniciaron un primer relevamiento -con un delegado de Tierras en Irigoyen- que registró que “en el lote “I” 21 había unos 100 núcleos ocupacionales, con antigüedades importantes, de 20 a 40 años, según el informe”, relató el funcionario y agregó que en los otros dos lotes, “J” 18 y “K” 24 “había unas 47 familias, algunas de ellas con varios años de ocupación, que se dedicaban a la cría de cerdo, plantaciones anuales, maíz y poroto. Y la mayor cantidad de gente estaba concentrada en el lote “I” 21 en una fracción en la ruta 17”. En este sentido reconoció que la situación de intrusión desvaloriza la tierra, “el Tribunal de Tasación, cuando la tierra esta ocupada, lo que hace es bajar el valor hasta en un 35%”. Por esta razón, es que el funcionario calificó de “exagerada” la denuncia de los propietarios que alertaban sobre la presencia de integrantes del Movimiento «Sin Tierra» de Brasil y la existencia de «bandas armadas» en la frontera con ese país, a la vez que afirmó que “todo esto esta movilizado por intereses inmobiliarios”. De esta manera, aclaró que no coincide con que haya un “fenómeno de intrusión organizado, y mucho menos en forma organizada por parte del MST, si bien hay cosas que se dan, no es como se intenta reflejar en la nota de los Joison al ministro del Interior”. Sin embargo, en el documento elevado a Nación por la familia damnificada se coincide con el planteo de otros propietarios de la zona sobre el acelerado avance de los intrusos en sus propiedades. Cabe aclarar que ArgentinaForestal.com recorrió la zona y pudo observar esta situación in situ, y la nota dirigida al Ministerio del Interior por una de las familias afectadas refleja la expresión e impotencia de los propietarios para frenar esta situación, y están pidiendo presencia del Estado Provincial y acciones concretas para resolver y detener este flagelo. Zona roja A diferencia de otras regiones de la provincia, Ledesma explicó que en la zona de Irigoyen es donde hay intrusos que avanzaron sobre importantes extensiones y propietarios de grandes superficies, y en ese caso mencionó como ejemplo a “Colonizadora Misionera que posee 30 mil hectáreas, Puente Alto tiene unas 35 mil hectáreas y Dovigo tiene 10 mil -con un planteo de ocupación sobre 2.500 hectáreas-, y los Joison son propietarios de unas 5.000 has”. El funcionario admitió que la provincia enfrenta mayores problemas de intrusión en Pozo Azul, Irigoyen y área de influencia. “Hay un proceso de ocupación irregular de varias propiedades. En el Municipio Irigoyen y San Pedro tenemos en la actualidad casi 38 mil hectáreas en el marco de la Ley 4093 del Plan Arraigo y Colonización que involucran a tres grandes propiedades, anteriormente mencionadas. La provincia hizo las tareas de gabinete con fotos áreas y después de campo (con agrimensores) para materializar las áreas efectivamente expropiables y sobre más de 60 mil hectáreas, 38 mil serán efectivamente expropiadas”, señaló. En la actualidad, estas tierras están en proceso de la acción judicial que lleva adelante Fiscalía de Estado. “Con estos propietarios no se pudo llegar a un principio de acuerdo, en función a los valores que estableció el Tribunal de Tasación de la provincia. No obstante a ello, el problema de la zona nosotros lo abordamos- como Estado- desde la complejidad que tiene este tema, que tiene aristas con aspectos económicos, sociales, ambientales, políticos. Y no es fácil de resolver”, reiteró. Por otra parte, el subsecretario destacó que “sobre unas 4.600 hectáreas, en el marco de la Ley 4093 Plan Arraigo y Colonización, donde hubo advenimiento de parte de los propietarios, la provincia adquirió esos inmuebles por una valor de casi 5 millones de pesos, sobre los cuales ya se han otorgados unas 185 constancias de ocupación (sobre un total de 200 familias de ocupantes) y ya se está trabajando para contratar los agrimensores para realizar los trabajo de mensura predial de los mismos”. En este sentido, Ledesma sostuvo que “todos estos propietarios se dedicaron en su momento a la extracción de madera nativa, como una actividad cuasi minera, ninguno de ellos tenía algún tipo de programa o trabajo que posibilite el desarrollo rural, la gente se ubicaba en esta área porque también muchos creían que eran tierras fiscales, en fin, un sinnúmero de factores que llevaron a esta situación”. En cuanto a cuál es la facultad de intervención para la Subsecretaría de Tierras de la Provincia en casos de intrusión, explicó que en la actualidad “el marco legal tiene muchos grises”, y si bien mencionó las normas 3.141 que legisla sobre la intervención que tiene el estado cuando no existe otro mecanismos legal para resolverlo en tierras privadas, y la Ley Pierre, pero que se refiere a terrenos urbanos -los cuales están en el ámbito de Catastro y Escribanía de la Provincia-, enfatizó en que “quedan muchos vacíos legales” para poder resolver la situación desde los organismos provinciales.
