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Marie-Claire Cordonier Segger, directora del Centro de Derecho Internacional para el Desarrollo con asiento en Canadá, consideró «perjudicial» la instalación de plantas procesadoras de pasta celulosa en la región debido a lo «obsoleto» de la tecnología aplicada.
Fuente: Momarandu
CORRIENTES (26/11/2005).- Durante una disertación Facultad de Derecho de la UNNE sobre aspectos relacionados al alcance de las leyes y políticas de evaluación de impacto ambiental, instó además a poner los posibles daños al ecosistema sobre los intereses económicos. La especialista estuvo en esta Capital para participar del Panel de Expertos en Derecho Internacional sobre Evaluación del Proceso Hemisférico realizado en la Facultad de Derecho de la UNNE. La posible instalación de industrias papeleras promovidas por el gobierno provincial fue uno de los aspectos tratados por la profesional, quien aseguró que la mayoría de los estudios internacionales concluyen en la contaminación que producen esa clase de empresas. Según señaló, en Canadá hay gran cantidad de papeleras, las que han tenido que atravesar un estudio de impacto ambiental que lleva en su primera etapa al menos 5 o 6 años; y si genera conflicto con la sociedad, por lo menos 10 años de análisis. Sin embargó marcó la diferencia existente entre la tecnología candadiense y la del llamado Tercer Mundo. «No es posible dejar de observar que la maquinaria y la informática al servicio del medio ambiente en paises desarrollados es novedosa, en tanto Latinoamérica empieza a utilizar las mismas herramientas que allá se desecharon por antiguas» indicó. Comentó que el Gobierno de Canadá obliga a todos los empresarios a cumplir con estudios de impacto ambiental, y que éstos difieren levemente de acuerdo a la envergadura del proyecto a encarar. De todos modos, dejó en claro que no siempre hay relación entre el tamaño de la empresa y el daño que podría causar al medio ambiente y la región. «Muchas veces la iniciativa es pequeña pero altamente perjudicial» dijo. Respecto a ese punto, la especialista formuló la siguiente salvedad: «Notamos que en muchas partes del mundo se hace hincapié en la necesidad de comprobar de modo lineal los daños físicos que sufre el individuo a partir de actividades como la minería o la radicación de papeleras. Pero lo que debe primar es el principio precautorio, es decir, la prevención sobre el ecosistema y el ser humano». La mujer explicó que el Centro que dirige ofrece asesoramiento a naciones que deben poner en práctica leyes del medio ambiente por ellas promulgadas. «Piden ayuda y en general hay incumplimiento de las normativas» sostuvo. «A diferencia de los que generalmente se cree, esto se da en todas partes del planeta. Las leyes presentan huecos que están vinculados a sectores industriales y económicos». Por último, indicó que junto a la Fundación Ecos del Iberá y a otra de origen ecuatoriano pondrán en práctica un estudio de derecho comparado de la legislación ambiental. «La idea es analizar cómo los gobiernos nacionales y los provinciales pueden establecer un proceso de cooperación en este área. Yo no creo que los problemas actuales tengan que ver con la falta de voluntad política sino más bien con la ausencia de instituciones específicas y la escasa participación de la sociedad» concluyó.
