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Corrientes: la Fiscalía pretende archivar la causa penal por el atropellamiento del yaguareté Anguyá y desata el rechazo ambientalista

El fiscal Carlos Lezcano, de Santa Rosa, sugirió derivar el caso a la vía civil, sin imputar penalmente al conductor ni profundizar la investigación respecto a peritajes clave de velocidad ni test de alcoholemia. Activistas y querellantes exigen una investigación seria y la imputación por delito ambiental ante la pérdida de un ejemplar protegido como Monumento Natural.

 

Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

 

CORRIENTES (10/11/2026).- Una profunda conmoción e indignación sacude a la comunidad ambientalista y a los vecinos de la localidad de Santa Rosa. La Fiscalía local habría decidido cerrar la investigación penal respecto al siniestro vial en el que murió el yaguareté Anguyá -un ejemplar macho de dos años y medio-, sugiriendo a los potenciales querellantes encauzar el reclamo únicamente por la vía civil.

La postura judicial desató un fuerte reclamo de sectores de la sociedad civil, que exige el debido proceso y la imputación formal del conductor involucrado y se investigue el exceso o no de velocidad, test de alcoholemia o  posible desobediencia a la señalización vial en zonas de la Ruta 6 cercanas a las áreas naturales protegidas.

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial N.° 6, en el tramo que une las localidades de Santa Rosa y Mburucuyá, en una zona de alta sensibilidad biológica por su cercanía al Parque Nacional Mburucuyá. Según las estimaciones preliminares, el atropellamiento se produjo el domingo entre las 23:00 y las 23:30.

El propio conductor de la camioneta -ciudadano de la provincia de Corrientes— dio aviso a las autoridades, argumentando que no se acercó al felino por temor. No obstante, el cuerpo sin vida de Anguyá recién fue hallado a las 2:00 de la madrugada del lunes.

La falta de peritajes básicos y el reclamo por un delito ambiental

Desde la sociedad civil se cuestiona duramente la pasividad judicial y la falta de medidas probatorias esenciales tras la colisión. Se desconoce la velocidad a la que circulaba el vehículo en una zona contigua a un área protegida y tampoco se informó si se le realizó al conductor el test de alcoholemia correspondiente.

«Pedimos que se informe si se le realizaron las correspondientes investigaciones e incluso el test de alcoholemia», planteó el ambientalista Luis Martínez.

«No podemos permitir que el conductor de la camioneta no sea investigado ni se excluya sin el debido proceso de las causas y eventual responsabilidad penal, ya que al circular en rutas cercanas a las Áreas Naturales Protegidas sobre la Ruta Prov. 6, atropelló al felino y por el impacto perdió la vida», explicó.

La intención de archivar la vía penal genera preocupación institucional, ya que sienta un grave precedente ante la pérdida de una especie en peligro crítico de extinción. Martínez solicitó formalmente a la fiscalía que revise de manera urgente el criterio adoptado: «No podemos minimizar este hecho: quien resulte responsable debe responder ante la Justicia por el delito ambiental. No podemos justificar la muerte de un yaguareté bajo la simple calificación de un accidente. La imprudencia al volante, el incumplimiento de las normas de tránsito y la eventual responsabilidad de quien conduce no pueden quedar fuera de una investigación seria».

 

El marco legal: la tensión entre la tutela penal y la desestimación judicial

El estatus legal del yaguareté (Panthera onca) en Argentina le otorga el máximo nivel de tutela jurídica. A nivel nacional, la Ley N.º 25.463 lo declara Monumento Natural Nacional, mientras que en el ámbito local rige la Ley Provincial N.º 6.491, que le otorga el mismo rango normativo en Corrientes.

En el ámbito penal, la protección de la fauna se encuadra en la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Si bien el cuerpo normativo reprime penalmente la caza, captura y tráfico furtivo (Arts. 24 a 27), la aplicación de sanciones penales ante atropellamientos viales requiere demostrar fehacientemente si existió una conducta dolo-eventual o un incumplimiento grave de las normas de tránsito (como exceso de velocidad o conducción bajo los efectos del alcohol) que transforme el hecho contingente en un ilícito punible por negligencia criminal o estrago/daño al patrimonio natural del Estado.

Derivar el caso de forma intempestiva a los tribunales civiles —donde únicamente se dirimen indemnizaciones económicas por responsabilidad extracontractual— elude la investigación penal requerida para determinar si existió una imprudencia temeraria al volante.

Presentación de querella para evitar la impunidad

La comunidad de Santa Rosa no quiere que la tragedia de Anguyá quede sin respuestas ni se convierta en un antecedente de indiferencia judicial. Para impulsar el esclarecimiento del siniestro e impedir el archivo del caso, se formalizó la presentación de una querella particular que exige la imputación del conductor.

«No estamos hablando de un animal cualquiera: estamos hablando de una de las especies más amenazadas de nuestro país, cuya conservación exige responsabilidad, prevención y compromiso de todos, especialmente de quienes tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley», concluyó Martínez.

En esta acción judicial interviene la abogada animalista Liliana Gómez, quien asumió la representación ad honorem para exigir que se agoten todas las instancias probatorias en la Justicia correntina.

Por otra parte, se informó oficialmente que el cuerpo de Anguyá, tras ser atropellado sobre la Ruta Provincial 6 en cercanías del paraje Pago Redondo en Corrientes, en un tramo entre Mburucuyá y Santa Rosa, será entregado a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para su estudio científico. La decisión fue tomada por el fiscal Carlos Lezcano, luego de analizar distintas propuestas sobre el destino de los restos del ejemplar.

El animal tenía dos años y medio y pesaba 107 kilos. Su muerte generó distintas posturas entre organismos ambientales, instituciones oficiales y organizaciones conservacionistas, que plantearon alternativas como el embalsamamiento para su exhibición o el entierro.

Finalmente, prevaleció el criterio del Ministerio Público Fiscal, que dispuso la entrega del cuerpo completo a la institución universitaria para avanzar con investigaciones sobre la especie.

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