La confrontación judicial de productores de agricultura familiar organizados en la asociación «Colonia Unida» y los reclamos por tierras contra la multinacional forestal tapan la degradación del bosque nativo en el Corredor Verde misionero en el departamento de San Pedro y la ausencia de una política pública de regularización y ordenamiento rural. La ocupación irregular avanza sobre los bosques nativos en áreas de alto valor de conservación mientras 159 familias subsisten en extrema vulnerabilidad en la ruralidad.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (6/9/2026).- Las graves denuncias de productores de familias agrícolas asentadas en forma irregular en zonas rurales de San Pedro, sobre que estarían sufriendo situaciones de extrema violencia, hostigamiento de parte de la policía local -que incluso llevarían adelante procedimientos sin exponer una orden judicial- para lograr que abandonen sus chacras en tierras de titularidad dominial de la empresa forestal Arauco Argentina SA, expone una situación de inseguridad jurídica, una progresiva degradación de los bosques nativos en el área y una crisis humanitaria que carece de contención estatal.
La empresa forestal no posee facultades para ordenar, disponer ni ejecutar desalojos por cuenta propia. Dichas medidas corresponden de manera exclusiva al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad dependientes del Estado Provincial. Pero sí, por las vías institucionales, canalizó la defensa de su patrimonio y denunció la usurpación de sus tierras en el año 2021. Desde entonces espera la resolución judicial para el desalojo.
En Misiones se atraviesa un prolongado conflicto territorial en el departamento de San Pedro, donde el acceso a la tierra, la vivienda y la subsistencia de pequeños productores agrícolas aún no tiene una planificación ni gobernanza local. Y la población aumenta, y se asienta en zonas rurales, trabajando la tierra para sobrevivir. Para hacer frente a la pobreza extrema, el ambiente pasa a segundo plano, y tumban árboles nativos y realizan rozados no autorizados, y hacen cambio de uso de suelo en áreas no permitidas por el Ordenamiento Territorial vigente y en pleno Corredor Verde. Los bosques nativos, también son ignorados en este conflicto.
Se trataría de unas 159 familias campesinas agrupadas bajo la denominación «Colonia Unida» -que abarca los asentamientos de Puerto Argentino 1, Puerto Argentino 2, Puerto Argentino 3, Palmera Boca y San Juan Bosco-,y entre ellos, viven más de 300 niños y 8 personas con discapacidad.
La investigación sobre el terreno, las declaraciones gremiales y las denuncias presentadas por las personas detenidas revelan un entramado donde la concentración del suelo, las faltas en el debido proceso constitucional y el accionar represivo atribuido a las Fuerzas de Seguridad provinciales configuran una grave vulneración de los derechos humanos en el ámbito rural.
Al mismo tiempo, la controversia expone un dilema ambiental de primer orden: la preservación de los remanentes de bosque nativo dentro del Corredor Verde frente al avance no planificado de la agricultura familiar de subsistencia en San Pedro. Y la inseguridad jurídica sobre la Propiedad Privada.
La convivencia conflictiva en un territorio sin tutela estatal
En San Pedro, se estima que la empresa forestal en conflicto concentraría alrededor del 12% de la superficie total del municipio, distribuida entre plantaciones de pino y áreas de bosque nativo.
Históricamente, ante la imposibilidad financiera de adquirir parcelas tituladas y la falta de programas estatales de redistribución de tierras aptas, comenzó en Misiones lo que se conoce como un proceso de «ocupación espontánea» o «irregular». Lo que jurídicamente se denomina «intrusión».
Como lo documentan estudios sociales sobre la región, la premisa de las familias rurales fue directa: «la gente entró y empezó a usar la tierra».
Estimaciones oficiales de la Subsecretaría de Tierras de la provincia calculan que más de 150.000 hectáreas en Misiones -equivalentes al 7,3% de la superficie productiva provincial- presentan problemas de ocupación irregular consolidados, concentrados principalmente en los departamentos de San Pedro, General Manuel Belgrano y Guaraní.
En el caso de Colonia Unida (Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco), las familias se fueron asentando de manera progresiva a través de una dinámica socio-territorial característica: primero instalan sus viviendas precarias a la vera de las rutas provinciales y caminos secundarios y, con el paso de los años, avanzan monte adentro en busca de áreas fértiles.
Actualmente, el fenómeno involucraría a comunidades dispersas en un radio geográfico de unas 3.000 hectáreas, donde las familias ocupan alrededor de 1.200 hectáreas destinadas a cultivos agrícolas.
Esta escala territorial revela un dato jurídico determinante: no la totalidad de las tierras ocupadas por los agricultores pertenecerían a Arauco.
Si bien la masa de pobladores ocupa una superficie amplia, las denuncias penales y demandas judiciales entabladas por la empresa forestal desde 2021 se circunscriben a un sector específico de aproximadamente 400 a 450 hectáreas de bosque nativo de su propiedad que habrían sido intrusadas a partir de ese año.
Violencia institucional: las denuncias de las familias
En los últimos años, y con mayor virulencia durante los períodos recientes, el conflicto social mutó hacia un escenario de represión directa, hostigamiento e inseguridad jurídica. Las denuncias radicadas por las familias productoras apuntan a un patrón sistemático de hostigamiento para lograr el vaciamiento de los lotes sin necesidad de tramitar las órdenes judiciales de desalojo correspondientes.
César Fariña, referente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en San Pedro -quien nació y creció en la localidad-, describió en la entrevista con ArgentinaForestal.com un panorama alarmante en las chacras.
Según denunció formalmente el dirigente sindical ante la Justicia y en reuniones con funcionarios provinciales, en los últimos meses se multiplicaron las agresiones: alrededor de 10 viviendas precarias pertenecientes a productores fueron totalmente incendiadas, se registraron matanzas de animales domésticos y de granja, amenazas directas de muerte y destrucción de pertenencias e insumos agrícolas.
«La gente acá vive con miedo, temen por la seguridad de sus familias y de sus casas. El viernes pasado, un productor viajó por una changa de trabajo y cuando regresó le habían quemado completamente la vivienda. Ellos están solos, viven en zonas rurales alejadas unas de otras y les caen policías para hostigarlos», relató Fariña.
El dirigente enfatizó que la totalidad de estos procedimientos se ejecuta sin la exhibición de un mandamiento judicial dictado por juez competente.
Uno de los episodios de mayor gravedad tuvo lugar en el Lote 112, a la vera de la Ruta Provincial 16, en la colonia San Juan Bosco. Durante un operativo encabezado por efectivos de la Policía de Misiones, se denunciaron detenciones ilegales, golpes y maltrato a menores de edad. Todos fueron reducidos por la fuerza, violentados físicamente y subidos a camionetas antes de ser trasladados a la Comisaría Seccional Primera de San Pedro, relató Fariña.
Pero hay información de fuentes policial que indican que hay operativos realizados por apeo ilegal y desmontes que realizan en terrenos privados de Arauco y que fueron reportados por guardaparques.
Ante estas situaciones, las representaciones gremiales interpusieron una acción de Habeas Corpus en favor de los pobladores rurales. Aunque la garantía fue rechazada en sus términos formales por el fuero penal, la resolución judicial arrojó en su respuesta una certeza de alto impacto institucional: la Justicia confirmó que no existía ninguna orden judicial de desalojo dictada sobre los predios.
«Como derivación directa de este pronunciamiento, la Justicia a su vez libró una intimación a la cúpula de la Policía de San Pedro para que se abstenga de intervenir en los terrenos sin una orden judicial», aseveró Fariña.
Por otra parte, ante la pregunta por los daños ambientales que miembros de las familias agrícolas realizan en los predios de la empresa, incluso con apeos y extracción de madera nativa, Fariña reflexionó sobre lo que considera un doble estándar sobre este aspecto: «Nadie ve los camiones de rollos de madera nativa que van cargados todos los días hacia los aserraderos con fines comerciales; nadie los detiene ni los cuestiona a los madereros. Pero a esta pobre gente la amenazan en sus propias chacras, viene el policía y los amedrenta con llevarlos presos porque tumbaron un árbol o hicieron un rozado para plantar sus futuros alimentos. Esto demuestra que hay persecución selectiva», sostuvo el gremialista.
“Urge la intervención del Estado Provincial y una mesa de dialogo”
Frente a la escalada represiva y en coincidencia con el debate nacional generado por la Ley de Tierras y la desregulación de la extranjerización rural, fueron las familias campesinas las que acudieron a la sede de la CTA y ATE San Pedro en demanda de respaldo gremial y protección: “Pidieron ayuda ante lo que estaban viviendo”, dijo Fariña.
Inicialmente, las referencias públicas estimaban la presencia de 125 familias en la zona disputada. Sin embargo, tras una movilización a la Casa de Gobierno en Posadas donde los productores fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la Provincia, Daniel Behler, el funcionario solicitó formalmente a los vecinos y sindicalistas, que realicen un relevamiento de base de los ocupantes para determinar el universo real de afectados.
La consulta territorial realizada por ATE y los delegados de Colonia Unida actualizó sensiblemente las cifras, aún extraoficiales:
- Familias asentadas: 159 grupos familiares residen de forma permanente en los núcleos de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco.
- Infancias en situación de vulnerabilidad: Se contabilizan más de 378 niños en edad escolar e inicial habitando en los campamentos rurales.
- Personas con discapacidad: Se identificaron al menos 8 personas con discapacidades severas viviendo en condiciones de aislamiento geográfico y precariedad habitacional.
Para formalizar su arraigo, las familias conformaron una comisión vecinal presidida por Diego Antúnez. «Las organizaciones sociales reclaman con urgencia la intervención directa del gobierno de la provincia, este conflicto excede la órbita municipal y requiere una cuadrilla técnica provincial que ejecute un censo oficial vinculante, que derive en un plan de acción y soluciones para las familias. Si hay que reubicar a las familias, ellas no están en una posición inflexible, pero necesitan terminar con la violencia y resolver el permiso de ocupación de tierras”, planteó Fariña.
El daño ambiental: la degradación de los bosques
La controversia en San Pedro presenta otro aspecto fundamental a abordar: la degradación ambiental que registra la zona tras las ocupaciones sobre áreas sensibles de bosque atlántico misionero. Desde la perspectiva técnica, los hechos denunciados judicialmente por la empresa forestal fueron a partir de 2021 y se vinculan a la intrusión de unas 450 hectáreas de bosque nativo categorizadas como áreas de alto valor de conservación, emplazadas estratégicamente dentro del Corredor Verde provincial.
Las áreas ocupadas por los pequeños productores agrícolas experimentan un proceso progresivo de degradación mediante el volteo de árboles nativos y la utilización del fuego para la limpieza de suelos agrícolas (técnica del rozado), en zonas donde el ordenamiento territorial de los bosques nativos prohíbe de manera terminante el cambio de uso del suelo.
Profesionales vinculados al manejo de los recursos naturales advierten que las quemas sin medidas de prevención ni control hidrológico comprometen la estabilidad del ecosistema selvático y representan un riesgo mayúsculo de incendios forestales incontrolables para toda la comunidad.
En sus manifestaciones públicas y presentaciones formales, Arauco fija su postura institucional corporativa:
· Compromiso con la Conservación: La compañía preserva más de 100.000 hectáreas de bosque nativo en territorio misionero. Desde hace más de dos décadas mantiene un compromiso estricto de «no conversión», mediante el cual no transforma monte nativo en plantaciones productivas y ejecuta planes continuos de restauración biológica.
· Canalización institucional y diálogo: La compañía declara que canaliza sus derechos de propiedad únicamente a través de los mecanismos legales vigentes, aportando la documentación dominial requerida. Asimismo, ratifica su disposición a integrarse en mesas de diálogo institucionales convocadas por el gobierno provincial para arribar a soluciones pacíficas y sostenibles.
Encuadre constitucional y perspectiva económica
La problemática en San Pedro expone las tensiones estructurales desde lo normativo y constitucional en la República Argentina, donde colisionan las garantías de la propiedad privada, la subsistencia digna de los agricultores y el deber estatal de preservación y protección ambiental.
La ejecución de desalojos forzosos mediante el incendio sistemático de viviendas y la incautación de herramientas sin mandamiento de juez competente quebranta de manera flagrante las garantías sustanciales del debido proceso adjetivo y el derecho de defensa consagrados en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.
Ni la defensa de la propiedad privada (Art. 17 CN) ni la tutela del medio ambiente (Art. 41 CN) pueden consumarse a través de vías de hecho policiales que vulneren la integridad psicofísica de las familias.
Misiones cuenta con precedentes legislativos orientados a encauzar tensiones agrarias de similar envergadura. La Ley 4093 (Plan de Arraigo y Colonización), sancionada en 2004, autorizó la expropiación de latifundios madereros para transferir la tierra a familias ocupantes en los departamentos de San Pedro, Guaraní y General Manuel Belgrano. A su vez, en Puerto Piray, la Cooperativa de Productores Independientes agrupada en la UTT logró en 2013 la expropiación por ley de 600 hectáreas pertenecientes a la propia Arauco para convertirlas en chacras agroecológicas comunitarias.
Pese a la virulencia de los testimonios y la gravedad de las denuncias, el conflicto de San Pedro ofrece un punto de contacto crucial: tanto la representación sindical y vecinal de Colonia Unida, encabezada por César Fariña (CTA) como la empresa Arauco coinciden en la necesidad de conformar una mesa de diálogo institucional y arribar a una resolución pacífica tutelada por los organismos competentes del Estado provincial.
