Argentina registra de manera sistemática cifras superiores a los diez mil incendios rurales por año, lo que evidencia un cambio estructural en el régimen de incendios y confirma que el problema ya no puede ser abordado únicamente desde la lógica de la emergencia reactiva, sino como una política permanente de seguridad pública y ambiental, remarcan en un documento de análisis técnico desde Comisión Técnica Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA).
BUENOS AIRES (25/2/2026).- La Comisión Técnica Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) marco públicamente su posición ante la creciente recurrencia y severidad de los incendios rurales en Argentina, fundamentando en un documento – al que accedió ArgentinaForestal.com– la necesidad de priorizar estrategias integrales de prevención en el país.
La Comisión Técnica Forestal del CPIA expresa, inicialmente en el documento, “su profundo pesar por los graves daños ocasionados por los incendios rurales que azotan actualmente la Patagonia argentina”, particularmente en regiones como la Patagonia Norte, el Parque Nacional Los Alerces y otras áreas afectadas en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz.
“Manifestamos nuestra solidaridad con todas las comunidades impactadas por esta tragedia ambiental y humana. Como comisión profesional especializada en temas forestales y agronómicos, consideramos nuestro deber contribuir al debate público desde una perspectiva técnica, responsable y orientada al largo plazo”, remarcaron.
“Lamentablemente, desde el punto de vista comunicacional y operativo, se fue normalizando la recurrencia de estos eventos catastróficos. No se observan cambios sustantivos en las estrategias para enfrentarlos, a pesar de que los resultados han sido reiteradamente devastadores”, señalaron.
La dramática historia reciente en Argentina sobre incendios rurales
La temporada 2020 fue una de las más destructivas registradas, con más de 1.150.000 hectáreas afectadas a nivel nacional, incluyendo vastas extensiones en el Delta del Paraná y Córdoba.
A ello se suman temporadas graves como 2016-2017, con más de 2.000.000 de hectáreas quemadas en regiones pampeanas y del noreste patagónico, y 2021-2022, con aproximadamente 1.054.000 hectáreas quemadas en total, destacando los incendios en Corrientes que arrasaron cerca de 934.000 hectáreas y causaron significativas pérdidas económicas y ecológicas.
Más recientemente, las temporadas 2024-2025 y la actual 2025-2026 han continuado esta tendencia, con cientos de miles de hectáreas consumidas por el fuego —solo en enero, fueron reportadas por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) más de 140.000 hectáreas que han sido devastadas siendo las de mayor relevancia las 73.000 en la provincia de la Pampa y 55.000 en la provincia de Chubut, detallaron desde la Comisión Técnica.
“Estos hechos no son episodios aislados, sino una tendencia persistente que el país no ha logrado revertir, agravada por condiciones climáticas extremas como sequías prolongadas y altas temperaturas”, explicaron los profesionales.
Asimismo, aseveraron que Argentina registra de manera sistemática cifras superiores a los diez mil incendios rurales por año, lo que evidencia un cambio estructural en el régimen de incendios y confirma que el problema ya no puede ser abordado únicamente desde la lógica de la emergencia reactiva, sino como una política permanente de seguridad pública y ambiental.
“Reconocemos y valoramos los esfuerzos actuales en el combate por parte de quienes honesta y eficazmente están actuando para el control y la protección de vidas, comunidades y ecosistemas. Sin embargo, se ha instalado la idea de que un mayor presupuesto para el combate es la solución principal para enfrentar el problema. La experiencia demuestra que no basta con aumentar recursos si se mantiene inalterada una estrategia centrada casi exclusivamente en el combate y la extinción. Sin un giro profundo hacia la prevención del inicio de incendios, los resultados seguirán siendo los mismos, perpetuando la destrucción de biodiversidad, la degradación del suelo y la exposición de comunidades vulnerables”, explican.
“Nuestra conclusión es categórica: mientras el país continúe concentrando sus esfuerzos casi exclusivamente en combatir incendios ya declarados, seguirá lamentando pérdidas humanas, destrucción de comunidades y degradación ambiental”, remarcan en el documento desde cpia.
La prioridad para evitar incendios es la prevención
En ese contexto, la Comisión Técnica Forestal del CPIA tiene la convicción de que “el eje central de la política pública debe ser la prevención activa de la ocurrencia de incendios, entendiendo que una proporción mayoritaria de ellos tiene origen humano, ya sea por negligencia o de forma intencional, como se ha confirmado en muchos de los focos actuales en la Patagonia”.
El fuego es parte natural de muchos ecosistemas, pero el problema radica en la magnitud actual de los focos de los incendios, que afecta gravemente las capacidades de resiliencia de los sistemas.
En este sentido, los profesionales proponen como prioridad nacional:
1. Patrullaje preventivo incremental, obligatorio y permanente. Debe establecerse un sistema coordinado y obligatorio de patrullaje territorial durante toda la temporada de alto riesgo, con participación conjunta de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, las policías provinciales y otras fuerzas de seguridad. Este despliegue debe concentrarse especialmente en zonas de interfaz urbano-rural, parques nacionales y sectores históricamente vulnerables a la ocurrencia de incendios, como la Patagonia.
2. Uso intensivo de tecnología para disuasión y detección. El país debe normalizar el empleo sistemático de drones, monitoreo satelital, cámaras térmicas y sistemas inteligentes de análisis de imágenes, no solo para detectar focos incipientes, sino para identificar conductas sospechosas.
La prevención moderna requiere presencia territorial visible y capacidad tecnológica permanente, integrando herramientas como las proporcionadas por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y satélites de monitoreo ambiental.
3. Ordenamiento territorial responsable. La expansión urbana desregulada en zonas de alto riesgo ha incrementado dramáticamente la exposición de la población. Reconstruir una y otra vez en los mismos lugares, sin planificación preventiva, resulta social, humana y económicamente insostenible. Es urgente implementar planes de ordenamiento que regulen el uso del suelo en áreas propensas a incendios, promoviendo la restauración ecológica y la zonificación de riesgos.
4. La educación y la concientización ciudadana deben ser consideradas un eje central de las políticas de prevención de incendios. La capacitación continua, la difusión de buenas prácticas y la educación ambiental temprana permiten anticipar y mitigar conductas de riesgo, reduciendo la ocurrencia de incendios de origen humano. Invertir en educación preventiva no solo disminuye la presión sobre los sistemas de respuesta y combate del fuego, sino que contribuye a la protección sostenible de los ecosistemas, la infraestructura productiva y las comunidades.
5. Manejo sostenible de los bosques nativos para la prevención. Si bien el fuego es parte de los ecosistemas es fundamental enfatizar la importancia del manejo activo y responsable de los bosques nativos, incluyendo prácticas como la reducción de carga combustible, la restauración de áreas degradadas, y la planificación con aprovechamiento en las barreras naturales existentes para mitigar el riesgo de propagación de incendios y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas frente a eventos extremos.
6. Persecución penal eficaz y sanciones ejemplarizadoras. Las fiscalías y los tribunales deben actuar con mayor celeridad y eficacia en la investigación de incendios rurales. La identificación y condena de los responsables —negligentes o intencionales— es indispensable para generar un efecto disuasivo real. Sin sanciones oportunas y proporcionales al daño causado, la impunidad seguirá alimentando la repetición de estas tragedias, como se evidencia en casos donde el origen humano ha sido confirmado pero no perseguido adecuadamente.
“Nuestra conclusión es categórica: mientras el país continúe concentrando sus esfuerzos casi exclusivamente en combatir incendios ya declarados, seguirá lamentando pérdidas humanas, destrucción de comunidades y degradación ambiental”, remarcan en el documento.
“Los incendios no son desastres naturales inevitables: en su inmensa mayoría son hechos prevenibles, agravados por factores antrópicos y climáticos que requieren una respuesta integral”, agregan.
El CPIA, a través de su Comisión Técnica Forestal reitera su total disposición a colaborar técnica e institucionalmente en el diseño de una estrategia moderna, integral y eficaz, centrada en la prevención, la disuasión y la protección de la vida humana.
