Cuatro familias de agricultores y miembros de la comunidad Mbya «El Chapá» viven una «pesadilla» desde hace más de 3 años, ante situaciones de violencia, amenazas, atentados e intentos de presuntos desalojos irregulares promovida por personas que en forma organizada (escribanos, abogados, fuerzas de seguridad, madereros locales y funcionaria provincial) intentan avanzar en la apropiación ilegalmente de las tierras que ocupan los productores desde hace décadas en Colonia Alberdi.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (26/8/2025).- Desde el Movimiento Agrario Misiones (MAM) denunciaron públicamente este lunes graves daños ambientales por apeo ilegal y robo de madera nativa y exóticas en chacras de cuatro familias de pequeños productores, como también en territorialidad indígena de la comunidad Mbya Guaraní “El Chapá”. Todos los denunciantes tienen documentación que avala su ocupación desde hace décadas en las chacras que en Colonia Alberdi ahora intentan desalojarlos, según sostienen en forma irregular, ilícita y organizadas con respaldo de personas del poder político y judicial.
En diálogo con Mabel Acosta, del MAM, sostuvo que «estos atropellos lo venimos sufriendo desde 2022. Hay intrusión, robo de madera, una ocupación irregular y violenta de tierras por parte de supuestos propietarios, ligados directamente a una funcionaria provincial”, aseveró.
Una de las personas denunciadas sería una funcionaria de rango de la Dirección General de Catastro de la Provincia. “De pronto los lotes, ocupados desde hace décadas por productores que se dedican a la agricultura familiar y por comunidades Mbya Guaraní, aparecieron a nombre de Mira, padre de la mencionada funcionaria de Catastro”, indicó Acosta, quien además es una de las productoras afectadas.
ArgentinaForestal.com accedió a parte de la documentación sobre las denuncias realizadas ante los hechos de violencia e invasión a la propiedad. Acosta sostuvo que pese a que se han realizado numerosos reclamos formales y denuncias ante la policía, la Justicia y el Ministerio de Ecología, la problemática persiste.
“Quisiéramos que todos los medios de comunicación vinieran a nuestras chacras, para ver la pila de expedientes y denuncias realizadas, sin embargo, esta situación es cada vez peor, tenemos mucha angustia e impotencia”, convocó la dirigente del MAM.
Su conmoción se debe a un reciente apeo ilegal en su chacra, donde voltearon árboles nativos que protegían el cauce de un arroyo. Los productores realizan cultivos anuales orgánicos y mantienen en conservación fajas protectoras con bosques nativos.
Tres años de intimidación, atentados y tensiones
Según relatan, se han registrado numerosos episodios intimidatorios y la tensión es constante. Por esa razón, desde 2022 las familias de agricultores damnificados han radicado denuncias policiales y penales ante el Juzgado de Instrucción N°2, secretaría N°2 IV Circunscripción Judicial Jardín América. A lo que se suma, los daños ambientales por el apeo ilegal de madera para aserraderos locales, según las denuncias.
Los lotes en conflicto, según la nomenclatura registrada de la Dirección General de Catastro, son el 94B y el 943D (Departamento San Ignacio, Municipio Gobernador Roca, Campos de Rocas).
Mabel Acosta explicó que, en su caso, adquirió sus tierras hace décadas. “Producimos yerba en ese monte, de manera agroecológica, porque trabajamos con una cooperativa. De pronto apareció un gendarme (a quien ya identificaron), quien nos amenazó, nos intimidó y más tarde nos quemó una casa que teníamos en el lugar. Hicimos la denuncia correspondiente en la Comisaría de Roca”, detalló.
Pero los problemas con el tiempo continuaron, tanto la invasión a las chacras como el robo de madera, que se acentuó. «Como en esa zona no hay puente no podíamos ir frecuentemente, solíamos recorrer la zona los fines de semana, después de trabajar en la cooperativa. Íbamos a plantar cúrcuma, todo bajo el monte, porque somos ecologistas”, detalló.
En una de esas visitas se produjo un nuevo enfrentamiento con personas que se dicen ser los supuestos propietarios. Esta situación de episodio de violencia, Acosta y su familia, lograron dejar registrado en videos y fotografías: hubo empujones, amenazas y los invasores les quemaron la segunda casa que empezaban a construir.
La mujer contó que las persecuciones persisten hasta la fecha. Por el apeo ilegal de los árboles nativos, lamentó que realizó una denuncia al Ministerio de Ecología pero el organismo provincial no puso un freno a la situación: “Siguen haciendo lo que quieren, sacando madera, con el dueño del aserradero Rosenthal, sacan madera con camiones todos los días”, aseguró.
Preocupación de familias de agricultores
Según denuncian desde el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), en los hechos de apeo ilegal e intento de apropiación irregular de miles de hectáreas, “está involucrada directamente, como supuesta propietaria, una funcionaria provincial, quien desde 2021 a la fecha se desempeña como directora general de Catastro de Misiones”, señalaron.
Explican que, llamativamente, de pronto los lotes, ocupados desde hace décadas por productores que se dedican a la agricultura familiar y por comunidades Mbya Guaraní, aparecieron a nombre del señor de apellido Mira, padre de la mencionada funcionaria de Catastro, quien, de ese modo, pasó a ser la supuesta “heredera”. Advierten que hasta se habrían modificado planos para favorecerla.
Desde el MAM observan que el hecho no es aislado, sino que hay una organización delictiva detrás, ya que movilizan estudios jurídicos, fuerzas policiales, órdenes de desalojo irregulares, y documentación falsa para apropiarse de tierras que ocupan familias de agricultores que no tienen nada más que sus tierras para vivir y trabajar.
“Otros episodios similares se han denunciado en los últimos dos años, ya que alertamos que el propósito de los invasores es extraer la abundante madera nativa y exótica (paraiso) que existe en el lugar”, asevera Acosta.
La dirigente del MAM remarca que hay funcionarios provinciales directamente involucrados en el asunto: “funcionarios públicos provinciales de Tierras y Catastro están metidos en este desastre que está pasando en la provincia de Misiones. Ellos les dan información y hasta operarios. Yo misma fui a hablar con la funcionaria de Catastro para decirle que, si eran suyas las tierras, que las vendiera al Movimiento Agrario para convertir al espacio en una reserva natural. Pero nunca mostró los papeles. Lamentablemente están invadiendo todo, persiguiendo y amenazando a agricultores e indígenas. Y quien se pone al frente de todo esto es, además, un agente de Gendarmería, prepotente, con machete y revólver. Estamos solos. Y así siguen tumbando los montes, con total impunidad, en evidente connivencia con el poder político y el poder judicial», remató Acosta.
Sumado a ello, lo más insólito es que colocaron un portón en su propiedad y montaron allí una guardia con personal de seguridad armados. “Somos mujeres y estamos trabajando en viveros, labores cotidianas con nuestras gallinas, nuestros frutales, en total armonía y respeto por el ambiente. Sin embargo, todos los animales fueron muertos, aparecieron envenenados. Tenemos miedo y no queremos que ocurra lo mismo que en Eldorado y Puerto Libertad, donde se produjeron invasiones similares en tierras para plantar monocultivos de pino. Se están repartiendo entre unos pocos las tierras que debieran ser para todos los misioneros”, denunció la productora.
La angustia de Perla Viñabski
La apropiación de tierras fue de una extensión total de 163 hectáreas, de las cuales la mitad pertenece a otra pequeña productora familiar, Perla Viñabski, quien reside en el lugar desde hace 48 años, y aseguran desde el MAM que tiene forma de demostrarlo ante la justicia.
La invasión comenzó en la chacra de Perla, y se fue adentrando cada vez más. Viñabski expresó que «el primer día que vinieron entraron y dijeron que todo esto era de ellos». Contó que el problema comenzó en 2022 cuando estos desconocidos empezaron a colocar alambres y a retirar todas las plantaciones de yerba, pino, paraiso y frutales, de las familias que viven y trabajan esas tierras desde hace décadas.
La mujer realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de Gobernador Roca. Luego, fue amenazada y los supuestos propietarios le advirtieron que no volviera a ingresar porque si lo hacía la iban a disparar.
Viñabski enfatizó que la mensura de sus tierras se efectivizó hace muchos años y que ya completó los pagos correspondientes.
Señaló que en los últimos años los invasores hicieron caminos y puentes, con la finalidad de trasladar la madera nativa sustraída. Y dijo que, como a ella no le tomaban las denuncias de manera particular, debió proceder con un abogado, quien formalizó las presentaciones judiciales ante el Juzgado de Jardín América.
Los problemas persistieron y ante cada nuevo atropello Viñabski radica nuevas denuncias. “Pese a todas las denuncias siguen trabajando, tumbando monte y sacando maderas. Es todo un tema con esa gente. No sé qué es lo que tienen, que tienen tanta autoridad. Queda demostrado una vez más que las leyes no se cumplen para los pobres y sólo se ampara a los más ricos. Y, a todo esto, el Ministerio de Ecología autoriza a los ocupantes que tumben el monte y hace la vista gorda ante toda la destrucción que están provocando”, manifestó la productora.
En el caso de la comunidad Mbya Guaraní El Chapa, cuenta con la carpeta de territorio relevado a través de la Ley 26.160, del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Allí, se les reconoce más de 600 hectáreas y los lotes en conflicto corresponden a zonas de tránsito, recolección y caza.
