La organización ambiental denuncia irregularidades en el proyecto «Iguazú Pro Karts», desde desmonte ilegal, cambio de uso de suelo, falta de estudio de impacto ambiental del emprendimiento emplazado dentro del Corredor Verde. Se habría vulnerado la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y el derecho de consulta a comunidades indígenas.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
Fotos: Greenpeace Argentina / IG: i.pro_karts
MISIONES (27 de julio de 2025).- Greenpeace Argentina pidió públicamente «la no habilitación del kartódromo en Puerto Iguazú y exigió la restauración del área afectada por la construcción irregular del emprendimiento “Iguazú Pro Karts” en las 2000 hectáreas de Puerto Iguazú.
La obra fue clausurada recientemente por el Ministerio de Ecología de la provincia tras una inspección realizada por guardaparques del Parque Provincial Puerto Península, al constatarse la intervención indebida en la ejecución de diversas obras de infraestructura sin contar con la autorización ambiental correspondiente.
«Durante el relevamiento realizado este domingo, se observó que la pista de karting había sido consolidada, y se habían instalado un arco de llegada, soportes para banderines y otras estructuras complementarias, a pesar de que el proyecto aún no cuenta con la viabilidad ambiental definitiva», indicaron desde el organismo en un comunicado de prensa.
El Estudio de Impacto Ambiental fue presentado en marzo del corriente, pero al momento de la inspección todavía no se habían cumplimentado todos los requerimientos técnicos solicitados por el Ministerio de Ecología, tampoco se había presentado el informe de participación ciudadana, etapa obligatoria del proceso de evaluación.
Ante esta situación, los guardaparques procedieron a solicitar la paralización inmediata de todas las obras, en cumplimiento de la Ley XVI Nº 35 de Evaluación de Impacto Ambiental, que exige contar con autorización previa para el inicio de proyectos que puedan afectar el entorno natural. Además, informaron que «se iniciará un sumario ambiental para determinar responsabilidades y posibles sanciones por el incumplimiento de la normativa vigente».
Fotos: Greenpeace Argentina / IG: i.pro_karts
Proteger la selva y la conectividad de las áreas naturales
Según la organización ambiental, el emprendimiento se encuentra en una zona de alto valor ecológico, próxima al Parque Provincial Puerto Península y al Parque Nacional Iguazú, dentro del Corredor Verde, declarado de interés prioritario para la conservación en Misiones.
Esta región es estratégica para la conectividad de la Selva Misionera y la supervivencia del yaguareté (Panthera onca), especie en peligro crítico de extinción.
Entre las irregularidades denunciadas, Greenpeace cuestiona la falta de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la ausencia de Audiencia Pública, ambos requisitos obligatorios según la Ley XVI – N.º 35 de Evaluación de Impacto Ambiental de Misiones.
También se habría incumplido la Ley XVI – N.º 29 de Áreas Naturales Protegidas, que protege los territorios con alto valor de conservación, y se reporta el cambio no autorizado del uso del suelo mediante la tala de especies nativas.
Asimismo, la denuncia incluye la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas Mbya Guaraní que habitan en los alrededores, un derecho consagrado en el Convenio 169 de la OIT y en la legislación nacional vigente.
«Las Tekoas no fueron informadas ni consultadas, a pesar de que la selva remanente es fundamental para su subsistencia cultural, alimentaria y espiritual”, advirtió la organización.
“El proyecto no solo representa una amenaza directa al ecosistema de la selva misionera, sino que también vulnera marcos legales fundamentales que protegen a la biodiversidad y a las comunidades locales”, expresaron desde Greenpeace, solicitando al Ministerio de Ecología que avance en la restauración ecológica del área intervenida.
El kartódromo había avanzado sin autorización formal hasta que fue clausurado este domingo. La situación ahora está bajo análisis de las autoridades ambientales provinciales, mientras crece la presión de organizaciones y sectores académicos que exigen el cumplimiento estricto de la normativa ambiental misionera.