Organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas y referentes científicos podrían estar bajo monitoreo de la Secretaría de Inteligencia del Estado, según publicó el diario LA NACIÖN. La inclusión de estos sectores en el Plan de Inteligencia Nacional 2025 generó una ola de repudios y una denuncia penal por abuso de autoridad contra los jefes del organismo.
Fuente: LA NACIÓN
BUENOS AIRES (20/6/2025).- La revelación de que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) contempla en su Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN) el monitoreo de organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas y promotores de la agenda climática encendió las alarmas en el país. La existencia del documento fue dada a conocer por el diario La Nación y ya motivó una denuncia penal contra las autoridades del organismo.
El documento oficial, que establece los ejes estratégicos del accionar de inteligencia para el año próximo, incluye explícitamente la vigilancia sobre actores “nacionales e internacionales vinculados a la agenda climática”.
Bajo la justificación de proteger los recursos naturales estratégicos y prevenir influencias “externas o desestabilizadoras”, se habilita a los servicios a “identificar, reunir y analizar información” sobre organizaciones con capacidad de incidir en decisiones que afecten la exploración y explotación de bienes naturales.
Esta inclusión fue calificada como “escalofriante” por representantes del sector socioambiental.
Entre ellos, el abogado ambientalista Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, denunció públicamente la situación en sus redes sociales:“¿Qué tareas de inteligencia ya se están realizando sobre el movimiento socioambiental? ¿Nos están siguiendo físicamente? ¿Infiltran nuestras redes sociales? ¿Preparan operaciones mediáticas para desprestigiarnos?”.
El especialista repudió el contenido del PIN por considerarlo “inaceptable, peligroso y antidemocrático”.
El conflicto pone en tensión el equilibrio entre seguridad estatal y derechos civiles. Organizaciones sociales, abogados y referentes internacionales ya alertan sobre el riesgo de utilizar herramientas de inteligencia contra movimientos pacíficos y legítimos, cuyo accionar se enmarca en la defensa del ambiente y la justicia climática.
Denuncia penal y repudio institucional
Este jueves, organizaciones presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad contra el director de la SIDE, Sergio Neiffert, y el director general de Operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz, exabogado ambientalista.
La acusación se basa en la posible criminalización de movimientos ambientales bajo el argumento de la seguridad nacional.
La controversia tomó fuerza desde una reunión reservada en octubre de 2023 entre la cúpula de la SIDE y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Allí, legisladores ya habían advertido sobre la ambigüedad del plan y los riesgos de incluir a organizaciones civiles dentro del esquema de inteligencia estatal.
A fines de enero, según la investigación periodística, se emitió una directiva secreta que ordenó monitorear a “grupos sociales vulnerables” y “actores no estatales” con capacidad de incidir en la polarización política.
Aunque el texto no menciona específicamente a los grupos ambientalistas, se entiende que forman parte de los sectores incluidos en los lineamientos del PIN.
Objetivo: la defensa de los recursos naturales
Uno de los ejes más sensibles del Plan está centrado en la “incidencia sobre la biósfera y el control de recursos estratégicos”. Allí se plantea el seguimiento a quienes puedan representar una barrera para proyectos de explotación en zonas de interés nacional. Desde el ambientalismo denuncian que este enfoque criminaliza la defensa de los territorios, desconociendo derechos fundamentales de participación, protesta y consulta previa a comunidades originarias.
Mientras el Gobierno nacional aún no ha emitido una respuesta oficial concreta sobre estas acusaciones, el viernes pasado la revista Crisis publicó extractos del PIN que confirman los objetivos dirigidos hacia sectores vinculados a la protección ambiental.
Cambio climatico, negacionismo y espionaje
No es explícito en el documento qué recursos naturales son estratégicos, aunque sí se menciona al sector energético, la petroquímica, la producción agropecuaria y minerales como el cobre, el aluminio y el acero. También se plantea un interés particular por minerales y tecnología asociados a la transición energética.
Buscan monitorear políticas y mercados relacionados con las “economías bajas en carbono y resilientes a la variación climática. Por otro lado, incluyen el análisis de información sobre procesos climáticos –como las tormentas, sequías y olas de calor– y de contaminación que puedan afectar a la producción, a la vida y al patrimonio.
Así, parece haber dentro de la SIDE un reconocimiento claro del cambio climático y de los actores involucrados en este fenómeno, que científicos de todo el mundo asocian con la liberación de gases de efecto invernadero derivados, en especial, de la producción industrial.
Desde la agencia de inteligencia ven imperante la recopilación de información vinculada a la política internacional asociada a la agenda climática, según surge del documento.
En especial, la impulsada por organismos que tengan “posturas restrictivas” vinculadas a la “gestión” de los “efectos del cambio climático que busquen condicionar la explotación de recursos naturales por parte de actores estatales”. También buscan monitorear la evolución de políticas sobre emisiones de gases de efecto invernadero.
El miércoles pasado hubo otra reunión de Neiffert con la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, con el diputado Leopoldo Moreau como vicepresidente.
El funcionario negó que el organismo a su cargo tenga previsto realizar tareas de espionaje sobre diferentes actores de la sociedad civil, tal como podría interpretarse del contenido del Plan de Inteligencia Nacional.
El encuentro sirvió como marco para que tanto las autoridades de la agencia como los miembros de la comisión comiencen a trabajar en adecuar el PIN a las sugerencias formuladas por los legisladores. “La SIDE respondió las preguntas que se le hicieron por escrito y se quedó en seguir trabajando sobre el Plan de Inteligencia Nacional”, explicó el martes pasado una fuente consultada por LA NACION.
Este medio se contactó con cuatro de los catorce miembros de la comisión bicameral para saber cuáles eran las sugerencias y para corroborar la información obtenida; solo uno respondió. No negó la presencia de estos párrafos en el PIN, aunque advirtió que no revelaría ningún punto de este documento.
Lo que explicó es que se abrió una línea de investigación por la filtración del documento. Además, LA NACION contactó a Neiffert para corroborar la información a la que accedió; sin embargo, no obtuvo respuesta.
La reacción de las organizaciones
El viernes pasado, empezó a circular la poca información disponible entre varias organizaciones ambientalistas. No quieren emitir declaraciones oficiales y sus representantes tampoco están seguros de que lo planteado en el documento sea definitivo. A pesar de ello, son conscientes de su existencia. “El simple hecho de que se haya escrito ya vulnera la seguridad. Si el texto es real, estaríamos hablando de una política de Estado en contra del sector ambientalista”, ponderó Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Otros activistas e intelectuales ambientalistas catalogaron de “escalofriante” que la SIDE contemple a las organizaciones ambientalistas como objetivos dentro del Plan de Inteligencia Nacional. “La totalidad del espacio socioambiental, que incluye organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos y periodistas, comunidades indígenas y científicos, somos el blanco del Servicio de Inteligencia del Estado –especularon en una nota editorial publicada el miércoles pasado, con la firma de Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y la investigadora Maristella Svampa–.
Otras organizaciones ambientalistas consultadas decidieron no hacer declaraciones. Sin embargo, confirmaron que comenzaron discusiones internas para tomar medidas al respecto.
En particular, Viale explicó que desde la organización que dirige están reuniéndose con organismos de derechos humanos y también recurriendo a organismos internacionales por el “cuidado de nuestra integridad, nuestra intimidad y nuestros derechos más elementales”.
Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), planteó que, más allá de que no es nuevo que se utilicen los servicios de inteligencia con fines políticos, ve que ahora se hace “a todas luces”. Refiere así a que el documento se alinea en varios puntos con los objetivos políticos que el Gobierno expresa de manera pública en distintos canales. Esto, afirma, infringe la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).
En ese contexto, este jueves el CELS presentó una denuncia penal en contra de Neiffert y Kravetz. La figura bajo la que los acusa es la de abuso de autoridad estipulada en el artículo 248 del Código Penal.
