Organizaciones ambientales como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre y FARN, al igual que expertos forestales alertan sobre el tratamiento este miércoles de un proyecto de ley en la Legislatura chaqueña que, aunque propone elevar las multas por desmontes ilegales, habilitaría el uso comercial de la madera obtenida de manera irregular y tras el daño ambiental generado. Advierten que representa un grave retroceso ambiental y denuncian irregularidades en el ordenamiento territorial de los bosques nativos.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES ( 22 de abril de 2025) – Las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifestaron su rechazo al proyecto de ley 1861/2024, que será debatido este miércoles 23 de abril en la Legislatura de la provincia de Chaco.
La iniciativa busca aumentar las sanciones económicas por desmontes ilegales y establecer un régimen de restauración de bosques nativos, pero incluye un artículo que permitiría a los infractores utilizar comercialmente la madera obtenida de forma ilegal.
«Es un grave retroceso ambiental», advirtieron desde las organizaciones firmantes, que consideran que el proyecto, en lugar de reforzar el cumplimiento de la Ley de Bosques, institucionaliza un incentivo perverso que beneficia a grandes cadenas carboneras y tanineras.
Según el texto del proyecto, se modificaría la Ley 2079-R incorporando el artículo 45 bis, que autorizaría la comercialización de productos forestales obtenidos en desmontes ilegales a través de contratos privados.
Para Francisco González Táboas, director de coordinación institucional de Aves Argentinas, esto implicaría “un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolidaría un modelo de explotación insostenible”.
En 2024, Chaco perdió casi 40.000 hectáreas de bosques nativos, y desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta 2022, la provincia ya ha perdido cerca de medio millón de hectáreas, según datos oficiales de la UMSEF.
“Legalizar lo que la ley penaliza debilita aún más una norma que ya viene siendo vulnerada”, agregó Sebastián Fermani, director de Conservación de Vida Silvestre Argentina.
Las organizaciones firmantes exigen que se retire este artículo del proyecto y se diseñen mecanismos más eficaces para combatir los desmontes ilegales, como el decomiso de madera y el agravamiento de sanciones en caso de quema posterior. Estas medidas, además, fueron respaldadas por observaciones del propio Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Producción.
«El avance del desmonte ilegal pone en jaque no solo la biodiversidad de la región, sino también la posibilidad de construir un modelo productivo verdaderamente sostenible para Chaco. No podemos seguir legalizando lo ilegal», concluyen desde las organizaciones.
Las organizaciones exigen eliminar el artículo 45 bis y diseñar mecanismos efectivos para combatir los desmontes ilegales, como el decomiso de madera y el agravamiento de sanciones en caso de incendios posteriores. Estas medidas, incluso, fueron sugeridas por el propio Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Producción.
Cuestionamientos técnicos y legales al ordenamiento forestal
Desde el Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco, su presidente, el ingeniero forestal Sebastián Kees, también alertó sobre fallas graves en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), cuya actualización aún no fue acreditada por la Secretaría de Ambiente de la Nación.
“El Consejo solicitó formalmente al Ejecutivo chaqueño en 2024 la conformación de la Mesa de Revisión y Actualización del OTBN, sin obtener respuesta”, explicó Kees.
Entre las observaciones realizadas por la autoridad nacional se destacan errores legales, técnicos y de participación ciudadana que impiden su validación.
Uno de los puntos más críticos es la admisión de hasta un 20% de desmonte en áreas categorizadas como amarillas, lo que contradice la Ley 26.331. Además, se identificaron inconsistencias metodológicas en la valorización de los bosques y su asignación a categorías de conservación, sin la debida justificación técnica.
“El mapa aprobado por la Ley 4005-R presenta serias fallas, con sectores de bosque no identificados y errores topológicos. Incluso se excluyen del balance oficial las áreas transformadas ilegalmente, cuando deberían conservar su categoría original y ser restauradas”, añadió Kees.
También se denuncian recategorizaciones prediales sistemáticas, que permitieron el desmonte de bosques amarillos al cambiarlos a verde, pese a la falta de aptitud agrícola. Este procedimiento fue derogado en 2019, pero el nuevo proyecto parece continuar con la misma lógica de blanqueo.
«Como ingenieros forestales comprometidos con la gestión sostenible de los recursos naturales de nuestra provincia hacemos un llamado a los funcionarios de esta gestión provincial y a los referentes técnicos y decisores de las demás instituciones relacionadas con el sector a poner manos a la obra y poder finalmente lograr un OTBN que garantice una base para la gestión sostenible de nuestros bosques en un marco de consenso para todos los chaqueños. Los errores del pasado no pueden seguir repitiéndose. Si realmente se busca una producción sostenible, hay que respetar la ley, restaurar lo dañado y fortalecer los controles», concluyeron desde el Consejo Profesional.
