La conservación de la biodiversidad en Misiones enfrenta serias amenazas debido a una gestión provincial que, desde la visión de algunos guardaparques, está más enfocada en infracciones después de la ocurrencia del daño, reduciendo presencia en el territorio ante el bajo presupuesto para la logística que se requiere en las ANP. “A los cazadores furtivos o infractores forestales no les conmueve las campañas de educación ambiental. Eso está muy bien, pero es para otro público. No se puede reemplazar la presencia en el territorio, y eso es logística y presupuesto”, sostienen guardaparques de carrera, quienes conocen de primera mano las debilidades del sistema.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (22/1/2025).- Consultados por ArgentinaForestal.com, guardaparques con vasta trayectoria en el territorio y desempeño técnico en el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas explican la problemática que se enfrentan en la lucha diaria contra la caza furtiva, la pesca ilegal y el robo de madera. Señalan como principal limitante el impacto de una asignación presupuestaria insuficiente y desarticulada para custodiar la Selva Misionera.
Enero está que arde, no solo por la ola de calor extrema, sino por las denuncias de apeo ilegal de bosques nativos y la caza furtiva en la capital nacional de la biodiversidad. El Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP) de Misiones atraviesa una crisis estructural, y esto, para los guardaparques de carrera, es una situación derivada de un presupuesto insuficiente.
Según datos recientes, la Subsecretaría de Ecología, responsable de la gestión de las áreas prioritarias para la conservación, recibe apenas el 9,39% del presupuesto total del Ministerio de Ecología, mientras que otras dependencias como el IMIBIO (Instituto Misionero de Biodiversidad) se quedan con un 28,59%, y la unidad superior del ministerio concentra un 48,1%.
No se cuestiona lo que se destina a otras áreas, pero se expone que para custodiar el territorio de ANP en parques provinciales y reservas privadas, se requiere de mayor presupuesto. Y esa es la negociación permanente en la mesa de diálogo entre los representantes gremiales de guardaparques y las autoridades provinciales.
Esta disparidad en la asignación de recursos no solo limita las capacidades de los guardaparques, sino que además es lo que facilita las actividades ilícitas como la cacería furtiva, el hurto de madera y la pesca ilegal, debido a la falta de control territorial efectivo. “No hay recursos para la logística”, coinciden las fuentes consultadas.
La política de la infracción: un enfoque reactivo, pero sobre el daño ambiental
La “política de la infracción” se ha convertido en una estrategia de gestión reactiva, que prioriza la generación de actas y registros post-evento para difundir una supuesta efectividad en redes sociales y medios de comunicación. Este modelo, para los guardaparques de carrera, desvirtúa la verdadera esencia de las políticas ambientales, que debería centrarse en la prevención y anticipación del daño ambiental.
Además, los recursos logísticos y financieros asignados a las áreas protegidas son tan limitados que, en la práctica, dificultan cualquier esfuerzo serio de conservación. Por ejemplo, los vales de combustible, necesarios para las patrullas, llegan con retrasos de hasta dos semanas cada mes, dejando amplias zonas desprotegidas y a merced de los infractores.
A pesar de los discursos sobre la importancia de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en la provincia, el bajo presupuesto destinado a la gestión de las áreas protegidas refleja una contradicción. “Estamos frente a una situación en que no solo se precariza al cuerpo de guardaparques, sino que también genera un ambiente desalentador que ha provocado la pérdida de personal altamente capacitado, como ingenieros forestales, biólogos y técnicos especializados”, sostiene Roni Rosas, guardaparque con 28 años de carrera, actualmente en el puesto del Parque Provincial Moconá, en El Soberbio.
El resultado actual de un sistema debilitado viene de varias administraciones anteriores de Ecología, incapaz de abordar los desafíos de conservación desde un enfoque integral y preventivo.
Sin un cambio drástico en la asignación de recursos y prioridades, los proyectos de reintroducción de especies emblemáticas, como el yaguareté o el guacamayo rojo, están destinados al fracaso, ya que no existe un control efectivo del territorio para proteger a estas especies, advierten los guardaparques.
Prevención y precaución requieren más recursos
La solución pasa por un compromiso político real con la conservación en Misiones, que se traduzca en un aumento significativo del presupuesto para el SANP y su cuerpo de guardaparques. Como lo establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), los principios de prevención y precaución deben ser la base de cualquier política de conservación. Sin embargo, la asignación actual de recursos demuestra un incumplimiento de estos principios.
Es crucial que los legisladores y las autoridades provinciales comprendan que la verdadera política de conservación no se mide por el número de actas levantadas o la cantidad de contenido difundido en redes sociales, sino por la efectividad en prevenir el daño ambiental en el territorio y garantizar la preservación de la biodiversidad.
En este sentido, los custodios de las ANP consultados coinciden en que el futuro de las áreas protegidas de Misiones depende de un cambio en las políticas de asignación de recursos.
Las y los guardaparques requieren herramientas concretas, presupuesto acorde a la tarea que realizan, un salario digno y apoyo institucional para proteger uno de los últimos bastiones de biodiversidad de Argentina.
Misiones está consolidada como un ejemplo de conservación a nivel nacional e internacional, pero es imprescindible priorizar la protección del territorio antes de que sea demasiado tarde, y que no se logre preservar los recursos naturales para las generaciones futuras.
