El proyecto de Presupuesto Nacional 2025 le asigna la menor cifra de la historia para la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Proteccion Ambiental de Bosques Nativos. La Fundación Vida Silvestre Argentina expresó su preocupación por la escasez de fondos destinados a la protección, restauración y enriquecimientos de áreas de valor de conservación.
Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina
BUENOS AIRES (24/9/2024).- En Argentina, contamos con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007. Esta norma busca equilibrar la producción y la conservación de los ecosistemas forestales, pero su aplicación ha sido limitada debido a la falta de financiamiento adecuado para control, monitoreo, restauración y fomento del uso sustentable de los bosques.
El proyecto de presupuesto 2025, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso, asigna $9.090 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos y $909 millones al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
Sin embargo, esta cifra representa solo el 2,5% de lo que debería destinarse si se cumpliera la ley, según cálculos de la Fundación Vida Silvestre. Esto significa que Misiones recibiría apenas $290 millones, cuando le corresponderían $11.285 millones para la protección de sus bosques.
La Ley de Bosques, en su artículo 31, estipula que el fondo debe representar al menos el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2025 sería unos $352.664 millones.
Además, debería incluir el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Estas cifras contrastan con lo que finalmente se proyecta asignar.
Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre, destacó que Argentina posee más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos, pero es inviable su conservación con un presupuesto tan limitado. En Misiones, que tiene 1,6 millones de hectáreas de bosques categorizados, la asignación presupuestaria propuesta equivale a $180 por hectárea al año.
“Sin un financiamiento adecuado, las provincias no pueden fortalecer su capacidad de control y vigilancia, y los propietarios de áreas forestales no reciben incentivos para desarrollar un uso sustentable ni compensaciones por conservar sus tierras”, afirmó.
Aunque la Ley de Bosques inicialmente redujo la deforestación anual en el país, desde 2019 ha habido un repunte. La falta de restauración de las áreas deforestadas o quemadas y la ausencia de un registro nacional de infractores dificultan la implementación efectiva de la ley.
A esto se suma la deforestación ilegal, que persiste incluso en áreas protegidas, sin que se apliquen sanciones significativas a los responsables.
Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los últimos años volvió a incrementarse, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales.
A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permitan facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de millas de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo. económico.
Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicamentos y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano.
La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales”, afirma Jaramillo.
¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?
La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece.
Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Los aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques. Esto genera:
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planos han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitirán evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 76% de la deforestación ocurre en zonas prohibidas por la ley (amarillas, rojas y sin categoría). En Misiones, la deforestación ilegal, en zonas amarillas y rojas, representa el 34% de la deforestación de la provincia . Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado.
Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables. No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continuarán habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.
¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?
La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso –y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad y los servicios ambientales.
El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operadores forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionarios públicos será central para avanzar en los desafíos que exigen la correcta implementación de la Ley.
La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la participación genuina en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto. Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.
“ Con la intención de sistematizar información pública, a la cual Vida Silvestre accede en el marco de la Ley de acceso a la Información pública Ambiental, presentamos una actualización de nuestro sitio específico sobre la Ley de Bosques. Su objetivo es llamar la atención del público general, pero también de tomadores de decisión, legisladores, funcionarios y productores sobre los detalles de la ley y las oportunidades que genera para la conservación y desarrollo Sustentable de los Bosques Nativos de todos los argentinos», sostuvo Jaramillo.
Desde Vida Silvestre trabajamos apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño, hasta su implementación, así como también evaluando su funcionamiento y propiciando propuestas de mejora. Mediante un exhaustivo análisis y recopilación de información, en la web se pueden encontrar las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su situación actual, tanto a nivel nacional como provincial, con toda la información (perfil territorial de cada provincia, hectáreas deforestadas, especies en peligro, hectáreas bajo planos de manejo o conservación, el presupuesto correspondiente y el asignado y más).
«A través de esta herramienta buscamos graficar la información, poner a disposición los datos descargables y sus fuentes, y ser material de consulta y comparativo para diferentes actores clave y la presente actualización incluye la proyección de asignación de fondos para el año 2025, provincia por provincia. ”, sostiene Jaramillo .
«Es necesario y urgente recuperar y conservar nuestros bosques. Reducir la deforestación también es parte de las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, cumpliendo el compromiso del asumido por el país de lograr la neutralidad de carbono para el 2050, así como en el Convenio de Diversidad. Biológica y respetando lo acordado en París en el año 2015. Es hora de asumir los compromisos y salvar nuestros bosques. Conservarlos es esencial para preservar nuestra salud, bienestar y supervivencia», concluyó.
