Las recientes modificaciones en la legislación forestal de Uruguay han generado inquietud en el sector, debido a la falta de claridad y previsibilidad en las nuevas regulaciones, que impactan directamente en las inversiones y presentan un desafío para los empresarios, sostienen desde la Sociedad de Productores Forestales, en una publicación de la Revista Forestal del país oriental bajo el título “Tiempos de cambio”.
Fuente: Revista Forestal Uruguay
URUGUAY (4/9/2024).- A lo largo de cinco décadas, la Ley Forestal de Uruguay fue objeto de diversas modificaciones que, aunque necesarias, han introducido tensiones en el sector. Desde la actualización normativa en 1987 que dio lugar a la segunda Ley Forestal, hasta la eliminación de ciertos subsidios y la introducción de requisitos ambientales a partir de 2005, cada cambio fue alterando las condiciones operativas para las empresas forestales.
Todo esto en un proceso de expansión y crecimiento de la actividad forestal en Uruguay. Este 2024 el sector forestal se convertirá en el primer rubro exportador del país, algo prácticamente impensado unas décadas atrás, cuando la forestación productiva apenas si existía. La estabilidad y certidumbre brindada a través de una política de Estado gracias a la Ley Forestal fue una de las claves para su desarrollo.
Hoy, sin embargo, una consecución de cambios reglamentarios preocupa a los empresarios y productores, ya que consideran generó un impacto en la previsibilidad y claridad de las inversiones en el sector.
Por medio de un decreto del Poder Ejecutivo impuso que todas las replantaciones sean tratadas como proyectos nuevos, obligando a los empresarios a registrarse ante el Ministerio de Ambiente, una exigencia que no aplicaba a los rebrotes anteriormente.
Desde la visión de los productores y empresarios del sector, el panorama se ha vuelto aún más complejo. En los últimos cinco años, se han sucedido una serie de regulaciones y proyectos de ley que han modificado drásticamente las reglas del juego, según reflejan en el informe de la Revista Forestal.
Una de las medidas más controvertidas fue la propuesta de restringir la forestación únicamente a suelos de prioridad forestal, una ley que fue vetada por el presidente Luis Lacalle Pou a finales de 2021. Poco después, un decreto del Poder Ejecutivo impuso que todas las replantaciones sean tratadas como proyectos nuevos, obligando a los empresarios a registrarse ante el Ministerio de Ambiente, una exigencia que no aplicaba a los rebrotes anteriormente.
Otra normativa reciente, aprobada en 2023, es el proyecto vinculado a la prevención de incendios, que agrega más capas de regulación al sector. Estas nuevas reglas, aunque fundamentadas en la necesidad de proteger el ambiente y la sostenibilidad del sector, han generado preocupaciones entre los empresarios debido a la falta de claridad y consistencia en su aplicación.
Las modificaciones en la reglamentación generan incertidumbre no solo para las nuevas inversiones sino para las que ya están en marcha, ya que se dificulta estimar qué campos y cuánta área son elegibles para forestar, y también se restringe la superficie a replantar.
Desafíos para la industria forestal
Desde la Sociedad de Productores Forestales (SPF), su presidenta Lucía Basso fue enfática en señalar que el crecimiento del sector requiere regulaciones actualizadas, pero también claras y predecibles. «No es lo mismo regular cincuenta mil hectáreas que un millón de hectáreas», expresó durante el Desayuno Forestal 2023, subrayando la importancia de contar con reglas definidas que se mantengan en el tiempo para asegurar que las inversiones a largo plazo se desarrollen adecuadamente.
Una de las principales críticas del sector es la disparidad en las exigencias ambientales. Según el vicepresidente de la gremial SPF, Francisco Bonino, el sector forestal es el único dentro del ecosistema agropecuario que debe obtener una aprobación ambiental para realizar sus actividades.
«En Uruguay, solo la forestación requiere de una autorización ambiental, mientras que otras actividades agropecuarias, como la ganadería o la lechería, no están sujetas a esta obligación», señala Bonino, destacando la incongruencia de cuidar el medio ambiente en una parcela mientras se descuida en otra.
Además, Bonino cuestiona la base técnica de algunas de estas regulaciones, como las «capas de conservación» establecidas por el Ministerio de Ambiente, que se fundamentan en estimaciones teóricas y generan incertidumbre debido a su falta de claridad. «Lo que más afecta al sector forestal hoy es la falta de claridad sobre las restricciones ambientales y la inestabilidad que genera su interpretación caso a caso», añade.
El futuro de la inversión en la actividad
El sector forestal uruguayo, un pilar de la economía del país, enfrenta ahora uno de sus mayores desafíos: adaptarse a un entorno regulatorio en constante cambio que pone en riesgo la previsibilidad, un factor clave para atraer y mantener inversiones a largo plazo.
La demanda de reglas claras y estables no solo es una cuestión de supervivencia empresarial, sino también una necesidad para garantizar el desarrollo sostenible de la industria en un contexto de creciente preocupación ambiental.
Las nuevas normativas, si bien buscan proteger el ambiente, también deben equilibrarse con la necesidad de ofrecer un marco regulatorio que permita a las empresas proyectarse a futuro con seguridad. La claridad en las reglas del juego será determinante para que el sector forestal uruguayo pueda seguir siendo competitivo y atractivo para los inversionistas.
Uruguay, que ha sido durante años un destino atractivo para la inversión forestal, enfrenta ahora un desafío significativo debido a la falta de previsibilidad en las nuevas regulaciones.
Según Bonino, esta incertidumbre está comenzando a afectar de manera visible el desarrollo del sector. “Aunque Uruguay sigue siendo un destino interesante para la inversión forestal, no estamos viendo un aumento en la plantación de nuevas áreas. Esto se debe a la dificultad de prever el resultado de los proyectos que buscan establecerse”, señaló.
A pesar de que el sector forestal ha experimentado un auge en inversiones, especialmente en proyectos de carbono y en industrias relacionadas con la celulosa y la madera aserrable, Bonino destaca que este impulso no se ha trasladado a la silvicultura.
“El propio Ministerio de Ambiente ha reconocido en reuniones que el área nueva que se está forestando es mínima. La mayoría de los proyectos presentados son de áreas previamente forestadas, lo que evidencia la restricción existente”, explicó.
Las modificaciones recientes no solo afectan a las nuevas inversiones, sino también a los proyectos ya establecidos. Para los nuevos inversores, la mayor dificultad radica en determinar qué campos son elegibles para forestar y cuánto de ese terreno puede ser efectivamente utilizado.
“Esto aumenta la incertidumbre respecto al retorno de la inversión, ya que no solo es una cuestión de cuánto se va a producir o vender, sino también de qué área se puede plantar”, subrayó Bonino.
Por otro lado, los proyectos ya en marcha enfrentan restricciones adicionales impuestas por el Ministerio de Ambiente, que limitan la superficie a replantar. “Cuando se trata de replantar, ahora es posible plantar en menos área que antes, lo que reduce la tasa de retorno porque se disminuye la superficie útil de los campos”, explicó Bonino. Este cambio, implementado después de que las inversiones ya habían sido decididas, tiene un impacto significativo en la viabilidad económica de los proyectos.
Políticas de Estado adaptadas en tiempos de cambios
Omar Marcelino Urioste, uno de los pioneros forestales del Uruguay, también expresa preocupación por los cambios normativos, señalando que estos representan un riesgo para la actividad forestal y que es crucial no perder de vista el recorrido que ha llevado al sector a su posición actual. “Las lecciones del pasado nos permitieron construir el sector que tenemos hoy”, mencionó Urioste, quien también destacó que el futuro de la actividad depende de dos factores clave: la demanda internacional y el mantenimiento de una política de Estado coherente y estable. “Los cambios en la aplicación de las políticas pueden generar incertidumbres que son enemigas de la inversión”, advirtió.
Bonino coincidió, afirmando que la incertidumbre regulatoria es un riesgo evitable. “Como inversores a muy largo plazo, entendemos que el riesgo es parte del negocio: podemos enfrentar sequías, incendios, o tormentas. Sin embargo, en el caso de las regulaciones, no se trata de evitar los cambios, sino de tener claridad en las definiciones para que estos riesgos no se vuelvan imposibles de gestionar”, concluyó.
Las recientes modificaciones en la reglamentación forestal han creado un entorno de incertidumbre que afecta tanto a nuevas inversiones como a proyectos en curso, dificultando la estimación de áreas elegibles para la forestación y restringiendo la superficie disponible para replantar. Este escenario plantea un desafío significativo para el futuro del sector forestal en Uruguay.
