El gobierno de Javier Milei logró la aprobación del senado de la Ley de Bases, que incluyó el debate con algunos cambios en el tratamiento del paquete fiscal de promoción que se otorgará a través del RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para favorecer el desarrollo de siete sectores: foresto-industria, agroindustria, minería, infraestructura, hidrocarburo, energías renovables y tecnologías. Pero agregó además, al turismo, petróleo, gas, y siderurgia. Le otorga beneficios fiscales por 30 años a los nuevos proyectos, lo que genera cuestionamientos desde varios sectores.
Fuente: con informacion de Digital 1, Página 12, y Ámbito
BUENOS AIRES (13/6/2024).- El Senado de la Nación dio luz verde a la polémica Ley Bases en general y al paquete fiscal, que incluyó al tan discutido Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aunque sufrió algunas modificaciones.
El cambio más importante con respecto al texto original es que, si bien se mantiene el monto base de 200 millones de dólares para las inversiones, los rubros finalmente incluidos fueron industria forestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. A estos se sumaron el turismo, petróleo, gas y siderúrgica, los últimos de la lista.
El nuevo borrador especifica que los proyectos beneficiados con el RIGI se comprometerán a destinar, como mínimo, un 20 por ciento del monto total de la inversión a la contratación de proveedores nacionales.
No obstante, para que se cumpla esta cláusula, debe haber un pre-requisito previo. En efecto, se menciona que “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Este 20 por ciento mínimo deberá mantenerse en las etapas de construcción y operación.
Uno de los principales atractivos del RIGI es que ofrece un largo plazo de estabilidad fiscal, por 30 años, un factor crucial -pero también muy cuestionado en el contexto actual del país y el mundo- para las inversiones a gran escala. La certeza en las políticas fiscales permite a las empresas planificar a largo plazo, algo indispensable para proyectos que requieren inversiones significativas y que tienen retornos prolongados en el tiempo.
Otro de los atractivos es la posibilidad para las empresas de importar maquinaria e insumos sin pagar aranceles, lo que reduce significativamente los costos iniciales de inversión. Además, se propone una reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%. Estas medidas buscan crear un ambiente fiscalmente favorable para las grandes inversiones, proporcionando una ventaja competitiva importante para atraer capital extranjero.
El borrador también realizó cambios sobre los limites a la obligación de liquidación en el Mercado Único de Cambios (MULC) de las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Este esquema nuevo contempla un 20 por ciento luego de dos años de iniciada la inversión, un 40 luego de los tres años y un cien a partir de los cuatro.
Se estableció que el plazo de adhesión será de dos años, aunque el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por única vez la vigencia del plazo para acogerse al RIGI por hasta un año. Vale destacar que, si bien el RIGI será de aplicación en todo el territorio nacional, estará sujeto a las normas provinciales y municipales.
Otra de las modificaciones se activó en el artículo 196, que versa sobre los incentivos cambiarios. Los párrafos sancionados dicen que los incentivos cambiarios en el cobro de exportaciones será de un 20 por ciento al cabo de dos años de iniciada la inversión, de 40 por ciento después de tres años y del 100 a partir de los cuatro.
A esos dos cambios se le sumó otro que apunta a “proteger” al Estado argentino frente a posibles denuncias en tribunales internacionales. Se votó que la autoridad de aplicación tendrá 45 días para decidir si aprueba o no un pedido de adhesión al régimen. Los períodos contemplan la posibilidad de retrasos frente a la posibilidad de que los administradores analicen con los inversores la posibilidad de incluir variaciones en la documentación.
Cuáles son los riesgos y las críticas hacia el RIGI
- Impacto en las reservas del Banco Central
Uno de los puntos más controvertidos del RIGI es la exigencia de liquidación de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) del 80% en el primer año, reduciéndose a 0% en el tercer año. Esto podría poner en riesgo las reservas de divisas acumuladas por el Banco Central, una preocupación significativa dado el contexto económico actual de Argentina. - Desigualdad y competencia desleal
El RIGI podría generar una competencia desleal para las PYMEs locales. Los beneficios fiscales y arancelarios exclusivos para las grandes inversiones, vigentes por 30 años, podrían contradecir los principios de igualdad y razonabilidad establecidos en la Constitución Nacional (arts. 16, 28 y 33). Las PYMEs, que no reciben beneficios similares, podrían verse en desventaja, afectando su capacidad de competir en igualdad de condiciones. - Autonomía provincial y dudas jurídicas
Existe incertidumbre sobre si las provincias y municipios deben adherir al RIGI para que este se les aplique. El artículo 222 invita a la adhesión, mientras que el artículo 163 impone obligaciones de manera compulsiva. Esta ambigüedad genera dudas sobre la certidumbre y seguridad jurídica prometidas por el régimen. Además, el artículo 163 podría limitar la capacidad de las provincias para aplicar sus propios regímenes preferenciales, lo que podría violar los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional. - Impacto en la industria local y empleo
La exención de aranceles a las importaciones podría ser perjudicial para la industria local, que tiene la capacidad de abastecer los grandes proyectos. La posibilidad de importar trabajadores en lugar de contratar mano de obra local también es una preocupación.
Ambiente | Cuestionamientos a ley RIGI desde Fundación Vida Silvestre Argentina
Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, expresó su preocupación sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por los senadores el pasado miércoles 29 de mayo. Aunque el dictamen eliminó el capítulo de desregulación ambiental, se mantiene la autorización al Poder Ejecutivo Nacional para modificar o disolver fondos fiduciarios públicos cruciales para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Jaramillo destacó la importancia de estos fondos en la protección de los bosques nativos, esenciales para la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y en la provisión de recursos para combatir los incendios forestales. Además, señaló que el dictamen incluye la creación de legislación ambiental conforme a la Ley de Hidrocarburos, lo cual considera innecesario, ya que la Ley General del Ambiente ya establece los principios básicos para garantizar un ambiente sano, según la Constitución Nacional.
El proyecto de Ley RIGI estipula en su artículo 163 que cualquier norma local que limite o contradiga las disposiciones del régimen será considerada nula. Jaramillo advierte que este beneficio, extendido por 30 años, podría invalidar futuras normativas ambientales necesarias para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Además, Jaramillo criticó que los artículos 173 y 174 del proyecto no exigen a las empresas beneficiarias la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos, lo cual considera una falta grave en la protección del medio ambiente.
En un contexto de crisis económica, social y política, Jaramillo lamenta que se busque aplicar una receta que hasta ahora no ha llevado al desarrollo deseado. «Una mayor flexibilización de las normas ambientales nunca puede ser el camino para la construcción del verdadero desarrollo, el desarrollo sustentable», afirmó.
Finalmente, Jaramillo instó a los senadores a considerar estos y otros elementos al ejercer su representación, para sentar las bases de un desarrollo sustentable que cumpla con el Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina.
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