Tras los enfrentamientos, embargos y detenciones por el conflicto con el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), analizan crear un comité de Asuntos Territoriales, integrado por los movimientos sociales agrarios; por federaciones, sindicatos y asociaciones vinculadas a la agricultura; por las secretarías estatales de Seguridad Pública, Agricultura y Desarrollo Rural; legisladores estatales, incluidos líderes del gobierno y de la oposición; y por representantes del Ministerio Público, el Tribunal de Justicia de Bahía, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
Fuente: con información de Bahía Noticias y ABAF
Crédito de foto de portada: Bahía Noticias
BRASIL (13/4/2023).- El gobierno de Jerônimo Rodrigues (PT) estaría evaluando la posibilidad de crear un comité para discutir la problemática de tierras en Bahía, tras la invasión de tierras ocurrida en las últimas semanas.
“La idea inicial es construir una mesa de discusión para resolver la crisis provocada por las ocupaciones del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el interior del estado, pero la instancia sería permanente, con el objetivo de resolver eventuales conflictos por la tierra en el territorio bahiano”, publicaron los medios de prensa locales.
La “Comisión Permanente de Asuntos Territoriales de Bahía” fue idea del diputado estatal Eduardo Salles (PP), durante una reunión realizada el martes (11) con el secretario de Estado de Relaciones Institucionales, Luiz Caetano (PT).
El parlamentario reveló a Bahia Notícias que su principal preocupación es que los conflictos por tierras en el estado se intensifiquen y resulten en pérdidas de vidas. “Mi preocupación es por las vidas involucradas. Los productores rurales, con quienes soy muy cercano, están más organizados y ya no están dispuestos a aceptar la invasión de su tierra, que es productiva y cumple la función social de propiedad prevista en la Constitución”, sostuvo el legislador.
Agregó que de continuar esta situación y seguir “evolucionando como están hasta ahora, puede haber una guerra entre civiles, con derramamiento de sangre, y eso no es lo que queremos”, dijo Salles.
Comité de Asuntos Territoriales como espacio de diálogo
Según detallaron, el comité estaría formado por los movimientos sociales agrarios; por federaciones, sindicatos y asociaciones vinculadas a la agricultura; por las secretarías estatales de Casa Civil, Relaciones Institucionales, Seguridad Pública, Agricultura y Desarrollo Rural; legisladores estatales, incluidos líderes del gobierno y de la oposición; y por representantes del Ministerio Público, el Tribunal de Justicia de Bahía, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
“Yo no estoy en contra de la reforma agraria. Está previsto en la Constitución y es bueno para Brasil. Pero hay que hacerlo legalmente, no invadiendo tierras de productores rurales, no invadiendo tierras productivas. Son familias que producen allí. A menudo pequeños productores. Entiendo la agenda de los movimientos sociales, pero creo que todo se puede resolver con diálogo. Hay que evitar la confrontación”, declaró Salles.
Desde la gerencia estatal se está considerando adoptar la medida sugerida por Salles. La intención, además de resolver pacíficamente los conflictos entre el MST y los productores rurales del interior del estado, es eclipsar los movimientos en la Asamblea Legislativa de Bahía (AL-BA) para la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI ) para investigar las ocupaciones en territorio bahiano.
“Es un movimiento apartidista que yo respeto, que entiendo es sumamente importante para que hagamos una reforma agraria en este país. Pero no me gusta la cuestión de las ocupaciones. No creo que las ocupaciones deban realizarse en lugares que son productivos. Y, para eso, el gobierno estadual ha atendido al Poder Judicial, en el sentido de embargo”, dijo el líder del gobierno en AL-BA, Rosemberg Pinto (PT), sobre el MST.
Además de pensar en crear el comité, el gobierno trabaja en otros frentes para evitar que la CPI deteriore la imagen de las administraciones del PT.
“De los 31 parlamentarios que firmaron la solicitud de apertura de investigación, 11 son de base gobernante. Hay presión para que estos diputados en situación retiren su nombre de la solicitud. Sin embargo, estos mismos cuadros también se ven presionados por sus bases electorales, muy vinculadas a los productores agropecuarios”, señalaron en la publicación de Bahía Noticias.
Por otro lado, el autor de la solicitud de CPI es optimista. El diputado estatal Leandro de Jesús (PL) cree que, aunque haya un movimiento de retiro de los miembros del gobierno, la solicitud de investigación seguirá en pie, con el mínimo de firmas requeridas para la apertura de la comisión. Como ya hay 31 parlamentarios suscritos, hasta 10 podrían retirarse sin comprometer el avance del proceso.
“La sensación que tengo, con los compañeros diputados, es que la mayoría debería quedarse con sus firmas. Puede haber uno u otro caso de retiros, pero creo que la posible cantidad de retiros de firmas, si es que sucede, no comprometerá el resultado final. Estoy seguro que tendremos más de 21 firmas”, evaluó Leandro de Jesús al portal bahiano.
El diputado del PL también respondió a los argumentos de Rosemberg contra el CPI. Según Leandro de Jesús, existe un hecho claro y determinado que motiva la investigación y el objeto de la solicitud no es la reforma agraria en sí, lo que permite abordar el tema fuera del Congreso Nacional.
“El líder del Gobierno en la Cámara está mal informado. No estamos hablando de reforma agraria específicamente, en términos legales, como debe ser. Estamos hablando de hechos que interesan al Estado, al gobierno ya la sociedad bahiana, porque son invasiones ilegales. Estamos hablando de un tema de seguridad pública, impactos económicos y también sociales impactados por estas invasiones”, argumentó Leandro.
“Por lo tanto, sí tenemos hechos que llevan a la instalación de este CPI y el líder del gobierno, si no me equivoco, está tratando de usar esta narrativa para tratar de debilitar al CPI, lo que no sucederá. Todo lo hicimos dentro de los criterios requeridos, respetando las reglas de la Cámara, cumplimos todos los pasos y ahora está en manos del Presidente de la Cámara, quien nos aseguró continuar con esta instalación”, continuó el parlamentario del PL.
A pesar de la persistencia de la CPI, Leandro de Jesús también valoró la creación de un comité permanente para el diálogo de los involucrados en la crisis de la tierra. Lo importante, según él, es tener un proceso legal y transparente de reforma agraria, sin perjuicio de los productores rurales.
“Cualquier tipo de iniciativa que tenga como objetivo solucionar el problema, lo acojo con beneplácito. Si esta iniciativa trae luz a este momento de oscuridad que estamos viviendo con respecto a estas invasiones, me parece genial, incluso con la participación de todos los involucrados, con las partes interesadas de cada lado. Y que el gobierno tiene un papel fuera del escenario político e ideológico. Hay que buscar la reforma agraria de acuerdo con la ley. Yo no estoy en contra de la reforma agraria”, concluyó Leandro.
Posición de ABAF
Desde la Asociación de Empresas de Base Forestal de Bahía (ABAF) reconocieron las acciones del Poder Judicial, Gobierno Federal y Estado de Bahía en la resolución de conflictos con el Movimiento de los Trabajadores Áreas Rurales Sin Tierra (MST). “Creemos que la negociación pacífica y el diálogo son siempre la mejor opción para resolver y prevenir problemas como estos, y pedimos la continuidad de estas acciones conjuntas.”, señalaron.
A su vez, remarcaron “las ventajas sobre responsabilidades económicas, sociales y ambientales del sector forestal son una muestra del desarrollo local que genera, y por ello, se llama la atención sobre la responsabilidad del Gobierno respecto a la necesidad de actualizar y continuar con las políticas públicas en beneficio de los pequeños agricultores”, expresaron a través de un comunicado que difundieron en los principales medios de prensa de la región.
El sector forestal de San Salvador de Bahía se expresó de esta forma sobre la problemática de invasión de tierras que se profundizó en las últimas semanas.
“Repudiamos cualquier tipo de ilegalidad o violencia y estamos -siempre- disponibles para contribuir con lo que sea necesario: evitar, aclarar y resolver conflictos. Los actos ilegales violan la ley, impactar propiedades productivas y comprometer inversiones económicas (actuales y futuras) que generen empleos y movilizar la economía local y nacional”, indicaron en el documento.
Consideraron que “los embargos recientes han sido justos, no solo para las empresas que tenían sus propiedades invadidos, sino para el conjunto de la sociedad, especialmente la clase de los productores rurales. El apoyo continuo es esencial del Poder Judicial, del Gobierno Federal y del Estado de Bahía para que situaciones similares no vuelvan a ocurrir y que se mantenga el orden”.
Solo así las empresas podrán seguir invirtiendo, generando empleos e impuestos, que conduzcan al desarrollo y calidad de vida principalmente para el interior del estado, contribuyendo a desconcentrar la economía.
ABAF declara que sus empresas integrantes conservan la legítima posesión y propiedad de los terrenos de sus producciones forestal, cumpliendo objetivos socioeconómicos y ambientales, todo ello en estricto apego a la legislación vigente, siguiendo (con certificaciones formales) los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad de productos y servicios, asegurando el compromiso con las personas y el medio ambiente.
Junto a sus asociados, ABAF viene realizando esfuerzos para que el sector siga abasteciendo a los varios segmentos que utilizan madera en sus procesos productivos: minería, construcción civil, biomasa, muebles, madera, papel, cartón, empaques, celulosa, telas, pinturas, procesamiento de granos y fibras, etcétera.
Además de las más de 500 empresas que forman parte del sector, comunidades de emprendedores y asentamientos la sustentabilidad también forman parte de nuestra cadena productiva, con productos madereros y no madereros, de manera totalmente integrado.
ABAF reiteró, a través de su comunicado, su compromiso de “diálogo frecuente y transparente con las organizaciones sociales y comunidades en las regiones donde operan sus asociados”.
Voluntariamente, en Bahía, el sector forestal invierte en proyectos socioambientales que benefician a más de 600.000 personas en 250 municipios.
Este es un punto sensible para lograr un desarrollo económico sostenible. “Es de absoluta importancia que gobiernos actualicen acciones a favor de los pequeños productores rurales, que implementen medidas para reducir desigualdades en el campo y ser conscientes de los problemas de la tierra, asegurando el acceso a la tierra y su uso efectivo sostenible”, expresaron.
Finalmente, hicieron un llamado de atención a las autoridades judiciales, federales y estatales a perseverar en las acciones que conduzcan a la garantía de tranquilidad y seguridad jurídica, “para que nosotros también podamos seguir trabajando y contribuyendo al progreso de Bahía y Brasil”.
