La justicia absuelve a Diego Gómez, pero la Fiscalía y el autor del trabajo insistirán para que vaya a prisión. Fue acusado de un delito de violación de los derechos patrimoniales de autor por compartir una tesis de grado en Scribd, una plataforma de publicación de documentos en línea. Era un estudiante de Biología que encontró información útil y que creyó que a otros también les podría servir. Subió a internet un documento sobre taxonomía de anfibios y dos años después, recibió una citación de la Fiscalía.
Fuente: Diario El País
COLOMBIA (31/5/2017).- Diego Gómez habla desde Costa Rica porque trabaja en una reserva natural de ese país. Advierte de que en cualquier momento se puede perder la comunicación porque la señal de internet no le funciona bien. La pasada semana, la justicia colombiana lo absolvió en el proceso que desde 2014 lo tenía enredado en una historia que despertó un debate nacional. Gómez fue acusado de un delito de violación de los derechos patrimoniales de autor por compartir una tesis de grado en Scribd, una plataforma de publicación de documentos en línea. Era un estudiante de Biología que encontró información útil y que creyó que a otros también les podría servir. Subió a internet un documento sobre taxonomía de anfibios y dos años después, cuando acababa de ser becado para hacer una maestría en la Universidad Nacional de Costa Rica, recibió una citación de la Fiscalía. No le decían por qué, pero su nombre figuraba en un proceso penal.
Gómez repasó su vida en cuestión de minutos. “No encontraba ningún motivo para que la justicia me estuviera buscando”, cuenta. La razón era que el autor de la tesis que compartió lo había demandado. La cara de Gómez pronto terminó estampada en camisetas y vallas que pedían justicia. “Compartir no es un delito”, repetían en columnas de opinión, usuarios de redes sociales, en marchas. El apoyo hacia el biólogo se manifestó en varias ciudades del país. Se ofrecieron talleres sobre licencias alternativas para poder difundir documentos sin barreras legales. Se levantó todo un movimiento que intentó poner ese debate en la agenda nacional.
El fallo del juez lo declaró inocente, pero la Fiscalía y el demandante apelarán e insistirán en que vaya a prisión. “Este es el primer paso, sabemos que hay que seguir luchando, pero estamos contentos porque este caso ha permitido que se evidencie el problema del acceso al conocimiento”, dice Gómez, de 29 años. Ahora, además de biólogo es activista. Defiende el acceso abierto de material digital educativo, académico y científico. La fundación Karisma, que acompaña la defensa de Gómez, ha hablado de este caso como “el ejemplo perfecto” de las consecuencias de “leyes tan proteccionistas como el derecho de autor, sin tener en cuenta las garantías para el acceso al conocimiento con fines académicos”.
La pena máxima por el delito que se le acusa es de ocho años, más de lo que se le impone a quien comete un acto violento o está involucrado en trata de personas. La pregunta sobre si pesa más el derecho de autor que el derecho de acceso al conocimiento sigue sin respuesta. “Este caso debe ser el detonante de una discusión profunda en el país sobre el sentido y pertinencia del acceso abierto. Hoy celebramos que se hizo justicia en un absurdo que pudo sentar un mal precedente para el acceso al conocimiento en Colombia”, señaló en una nota de prensa Carolina Botero, directora de la Karisma. Es la primera vez que un estudiante se tiene que enfrentar a cargos criminales por publicar un artículo académico en línea.
“Me sorprende que lo que es indispensable para las actividades de investigación y conservación pueda ser considerado un delito. Me sorprende que algunos investigadores en ciencias biológicas también consideren impertinente, y sobre todo ilegal, que otros difundan su trabajo sin buscar ánimo de lucro», escribió Diego en una carta que se publicó en medios locales recién se conoció su historia. Años después, sigue pensando lo mismo. Cree que las actividades de investigación y difusión de ciencia y tecnología no deberían ser tratadas por la Ley igual que los contenidos comerciales. El Gobierno no debe involucrarse en decisiones judiciales, pero sí debería darle prioridad a esta discusión. “No me arrepiento de haberlo hecho. He crecido como profesional y se reforzaron bases ideológicas que tenía, pero no le deseo esto a nadie porque es agotador psicológicamente”. Cuenta que desde que se vio metido en este lío sus nervios se alteraron. También cambió su forma de acercarse a internet. “Sobre todo entendí la vulnerabilidad en cosas que hacemos todos los días. Encontré muchas formas para compartir conocimiento, buscar herramientas para hacerlo sin barreras”, dice.
Habla tranquilo y de vez en cuando se le escapa una risa, a pesar de que sabe que el caso no ha terminado. “Tendré que seguir endeudado para pagar a los abogados, seguiré bajo presión. No es fácil, pero estoy tranquilo porque sé que no hice nada malo, todo fue con buena intensión”. Mientras la apelación avanza, Diego continúa con su trabajo como investigador de la vida silvestre. Convencido de que compartir un papel académico en línea no es un crimen.
