| Referentes de la actividad opinan sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya |
El presidente de la Regional Río Uruguay de la Asociación Forestal Argentina, Juan Paul, consideró que el fallo de la Corte Internacional de La Haya fue “categórica” en sostener que la planta de Botnia no contamina. “El dictamen del tribunal es muy importante para la actividad foresto-industrial del país, ya que da por tierra algunos preconceptos que se plantean sobre la actividad y determina que en el siglo XXI es posible producir celulosa de acuerdo a estrictas normas de cuidado medioambiental”, consideró.
Por Patricia Escobar
ARGENTINA (29/4/2010).- Consultores, economistas, técnicos y referentes del sector foresto-industrial del país no se mostraron sorprendidos ante los transcendidos en los medios de prensa sobre los alcances del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que dio una respuesta «inaplelable» al conflicto planteado por Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de celulosa de Botnia, hoy UPM, sobre el Río Uruguay. Ante la consulta de ArgentinaForestal.com, opinaron para un informe especial, referentes calificados del país como los consultores Daniel Maradei, Gustavo Braier; desde Entre Ríos, el ingeniero forestal Martín Sánchez Acosta y el presidente de la Regional Río Uruguay de la Asociación Forestal Argentina (Afoa), Juan Paul, entre otros. El directivo de la Afoa, destacó del dictamen de la Corte, el punto en el cual se refieren a si la fábrica afecta en forma negativa la calidad del medio ambiente, especialmente agua y aire. “La respuesta fue en forma categórica que no, y esto es muy importante para el sector foresto-industrial, ya que un tribunal de idóneos dictamina con conocimiento científico que esta moderna fábrica de celulosa no afecta negativamente el medioambiente, dando por tierra algunos preconceptos sobre esta actividad y determina que en el siglo XXI es posible producir celulosa de acuerdo a estrictas normas de cuidado medioambiental”, expresó el empresario. En tanto, el ing. Maradei, director de la consultora Maradei, Pike y Asociados, sostuvo que si bien lo resuelto por el Tribunal de La Haya respondió en parte a lo esperado por quienes entienden del tema, “tal vez se habían cifrado muchas esperanzas sobre el fallo, y por eso es que queda como un sabor a poco. Si bien estas reflexiones son hechas sin haberlo leído en forma detallada el fallo, y basadas sólo en las informaciones difundidas públicamente, yo esperaba que se hicieran propuestas», dijo. En este sentido, explicó que «por un lado se dice que Uruguay no informó como debía. Y punto. Y por otro lado ratifica que las pruebas presentadas no permiten determinar que la planta contamine. Pero ahí se termina la cosa aparentemente. No hay castigos, ni propuestas ni nada más. Y para toda una comunidad que está convencida que Botnia los afecta, y para todos los que pretendemos que este conflicto llegue a su fin, nos falta algo más”, expresó. “Desde que se decidió llevar el problema a la Corte Internacional ciframos muchísimas esperanzas en que después de esto se solucionaba el problema. Pero la realidad no fue como lo imaginábamos. Tal vez, erróneamente, pretendimos que el problema nos lo resuelvan los de afuera. Y está claro que somos nosotros, argentinos y uruguayos, quienes debemos, científica y políticamente resolver con urgencia esta incomprensiva situación”, analizó. negrita/Ahora, racionalidad/negrita Por su parte, el licenciado Braier –quien también aclaró que opina sobre las notas periodísticas trascendidas sobre el fallo- coincidió con que “fue un dictamen muy previsible, de que se ha fallado y que ha habido fallas formales por parte de Uruguay, que llevan a un incumplimiento del Tratado del Río Uruguay, pero que no se ha comprobado daño ambiental”. Para el especialista, esta no comprobación jurídica del daño ambiental “creo que abre en la cabeza de los vecinos de Gualeguaychú la sensación de que la contaminación está, pero que no se la ha demostrado fehacientemente. Y, encima, que todo se origina en la violación del tratado firmado por ambos países”, expuso. Asimismo, consideró que también esto “abre la puerta a que políticos advenedizos, como Busti –ex gobernador de Entre Ríos- , señalen algo que puede ser correcto que es la inversión de la prueba. No que uno tenga que probar si se ha contaminado, sino que tenga que demostrar que no lo va a hacer o no lo ha hecho”. Con respecto a este aspecto, agregó que “debe tenerse en cuenta el estado de la tecnología actual, por medio de las mejores prácticas disponibles en el nivel mundial, y los límites permitidos en la generalidad de los países, incluidos Uruguay y Argentina. Si se tiene la expectativa de que una fábrica tenga efluente “cero”, se trata de algo que no se le exige a nadie; ni siquiera al almacén de ramos generales de Gualeguaychú, en donde se higieniza el local con productos químicos, se arrojan los residuos, se enciende la iluminación, se generan residuos humanos, etcétera”, graficó. De esta manera, Braier manifestó que muchas veces, “montado en un enojo irracional, como siento que es el que tienen los ciudadanos de Gualguaychú, se me da por pensar que empiecen a vivir sin usar papeles y que después nos cuenten al resto de los mortales del siglo XXI cómo resulta la experiencia. Porque usar papel y pedir que se fabrique en otro lado para que se pudra otra gente, según su información, mitos y prejuicios, no es muy amigable con la humanidad”. negrita/Monitoreo conjunto/negrita En tanto, en la opinión personal de Martín Sánchez Acosta, el fallo de la Corte deja parte de culpa y razón a cada una de las partes es “algo salomónico”, dijo. «A primera vista deja las cosas más a favor de Uruguay, pues no hace lugar a los reclamos de contaminación de Argentina (lo que no es lo mismo que decir que no puede contaminar), y también deja expresamente aclarado que el incumplimiento ante la CARU (Comisión Administradora del Rio Uruguay) no fue sustancial, sino en ciertas formalidades”, dijo el profesional. “Creo que deja abierta parte de echarse culpas y sumarse cosas positivas a cada país”, añadió. En relación al “monitoreo conjunto” que sugieren desde La Haya debieran realizar Argentina y Uruguay a los efluentes vertidos por la planta de Botnia-UPM al Río Uruguay, el ingeniero Sánchez Acosta consideró que el mismo debiera realizar a través de los laboratorios especializados de ambos países. “Uruguay montó un instituto en Fray Bentos con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, y en Argentina se equipó fuertemente un laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en Florencio Varela, Buenos Aires, para estudiar los residuos en el agua del Río Uruguay”, mencionó. Para Sánchez Acosta, “la CARU nunca fue muy eficiente en este sentido, ya que nunca dio una respuesta al problema de larga data, anterior a la planta celulósica, de eutrofización del río en todo su curso con la presencia de las conocidas “algas verdes” que llegan a Misiones”. De esta manera, consideró que para el monitoreo “deberí¬an estar presentes entes oficiales científicos como LATU – INTI, pero fundamentalmente las universidades que son más independientes del gobierno”, concluyó. cursiva/Más información en la Edición N°78 de la Revista ArgentinaForestal.com/cursiva
