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La iniciativa es del diputado Miguel López (FPV). Pide que el gobierno informe, a través del Ministerio de Ecología, sobre la situación de desmonte en una colonia aborigen, la estimación del daño ambiental y económico generado y las responsabilidades de los funcionarios actuantes en la explotación de estos recursos.
Por Patricia Escobar
MISIONES (5/5/2008).- Se presentó en la Cámara de Diputados de Misiones un proyecto de resolución, exigiendo al poder ejecutivo provincial –a través de las autoridades del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo- que informe sobre la situación de apeo de especies nativas en la comunidad de Tekoa Arandú, en la zona de Pozo Azul. La iniciativa es del diputado justicialista Miguel López (FPV), quien solicitó se detalle la cantidad de metros cúbicos de madera extraída y valuación; destino de la madera apeada; estimación del daño ambiental y económico; estado de las investigaciones administrativas; quien o quienes ha/n autorizado la explotación; y funcionarios actuantes. “Es que en forma continua y sistemática se producen estos hechos, según se desprende de diversas presentaciones y denuncias policiales y judiciales realizadas por miembros de la comunidad en estos últimos años” indicó el legislador. Hay gran preocupación en la Pastoral Social Aborigen, ENDEPA, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y ahora se avanzó en la intervención del Poder Legislativo. negrita/Desprotección de la comunidad aborigen/negrita La comunidad Tekoa Arandú, se encuentra asentada en una extensión de 5.014 hectáreas, emplazado sobre la Ruta 17, Pozo Azul, en virtud de un contrato de donación celebrado en el año 1993 con los cargos de destino al asentamiento de los integrantes del pueblo guaraní y prohibición de arrendamiento, subdivisión y/o transferencia a terceros, debiendo respetar en caso de explotación del monte nativo existentes en esas superficies, el régimen establecido por la ley 854, no pudiendo dicho monte natural ser objeto de contrato de explotación con terceros. La comunidad aborigen y el pueblo guaraní se encuentran asimismo amparados por legislación nacional y provincial dictada al efecto. “En los últimos meses fue noticia que las tierras de la comunidad Tekoa Arandú, fueron objeto de tala y apeo ilegal de maderas nativas, desconociéndose la cantidad de metros cúbicos extraídos, como su valuación estimativa y el destino actual de la madera apeada”, expuso el legislador. “Aparentemente el hecho se habría consumado con total impunidad, por personas desconocidas e inclusive, según una denuncia realizada por un funcionario público, contó con el acuerdo de la comunidad aborigen, mas precisamente de su cacique”, agregó. “Es necesario resaltar la actitud de este funcionario público, que detenta la calidad de Director de Asuntos Guaraníes de la Provincia, que realiza la correspondiente denuncia, pero en el afán de proteger a la comunidad –seguramente- ha responsabilizado directamente al cacique de esa aldea, Nicanor Benítez”. El legislador sostienen que “la DAG fue creada para proteger, apoyar y respaldar a la comunidad y a sus miembros, asesorarlos, defenderlos y no denunciarlos, por cuanto los mismos constituyen el objeto de su misión y unirse junto a ellos en sus reclamos, dándoles las herramientas imprescindibles para evitar que sean usados, a fin de desenmascarar a los reales delincuentes que son los que poseen los medios, la maquinaria y la capacidad intelectual para engañarlos. Sin embargo ésta no fue la actitud asumida”, expuso. Por otra parte, consideró que “es necesario también resaltar, la actitud de los representantes de los organismos públicos, creados al efecto y se observa que no existe interés de parte de la autoridad de aplicación (entiéndase Ministerio de Ecología o el novel Ministerio de Derechos Humanos) proteger los recursos naturales de la provincia o a los pueblos originarios. Años de lucha, entre denuncias cruzadas, legislación de protección a los recursos naturales y sin embargo se siguen sucediendo devastaciones del monte nativo”. negrita/Interrogantes/negrita Finalmente, López plantea algunos interrogantes: “¿Quiénes están en condiciones de realizar tamaña destrucción? Los aborígenes? O gente totalmente preparada y organizada para este tipo de ilícitos. Existe connivencia con los organismos públicos encargados del control y de la entrega de los permisos para la explotación del monte? Existe el control?” “Si existe legislación de protección del medio ambiente, existen los diversos estamentos de la autoridad de aplicación para el cumplimiento de la norma, pero … pero se controla realmente? Hay interés en proteger el monte?” Para el diputado “este hecho, la tala indiscriminada del monte nativo, genera impotencia en toda la comunidad misionera y no solo en la comunidad Tekoa Arandu, ya que es total y absolutamente evidente que los aborígenes no pudieron y no podrán jamás, realizar ese tipo de depredación, no solamente porque no cuentan con los medios necesarios para hacerlos, sino porque su cultura, su forma de ser, su idiosincrasia, no lo permiten, no esta en su modo de ser, realizar tala indiscriminada; al contrario su mentalidad es la de conservar, extraer lo necesario para su supervivencia. Saben que el monte es su vida, que en ella encuentran su sustento, sus medicamentos, sus antepasados”, asegura en los fundamentos del escrito. De esta manera, a través del presente proyecto se pretende dilucidar la situación de dicha comunidad, como de los miembros de la misma y por supuesto de los verdaderos depredadores “la mafia maderera” como gustan referenciar los funcionarios involucrados en la investigación, habida cuenta de la flagrante violación a las normas mencionadas anteriormente, como las concernientes a la protección de los recursos naturales (ley 854 y sus modificatorias, 2932 de áreas naturales protegidas, ley 3426 de bosques protectores – fajas ecológicas, 3231 de Conservación de Suelos entre otras y por mencionar algunas).
