| Matías Domeyko, gerente general de Arauco: |
El ejecutivo consideró que la decisión de la autoridad de mantener la restricción de un 20% en la producción de la Planta de Valdivia, «es absolutamente ilegal y arbitrario, porque desde marzo del 2006 están cumplidas todas las exigencias que la autoridad nos impuso para retomar la producción autorizada de 550.000 toneladas anuales. Esto es muy serio y contrario al estado de derecho», afirmó.
Fuente: Lignum
-¿Considera ilegal que la autoridad mantenga la restricción de un 20% en la producción de la Planta de Valdivia, siendo que Knight Pièdsol concluyó que habían cumplido con los puntos pedidos en la Resolución 377 en marzo de 2006? «Esto es absolutamente ilegal y arbitrario, porque desde marzo del 2006 están cumplidas todas las exigencias que la autoridad nos impuso para retomar la producción autorizada de 550.000 toneladas anuales. Peor aún, con la larga tramitación que se ha dado a este asunto, por más de 20 meses, la autoridad está desconociendo sus propias resoluciones conforme a las cuales bastaba la certificación del auditor ambiental externo Knight Pièdsol, para que declararan de inmediato cumplidas todas las condiciones impuestas». «Esto es muy serio y contrario al estado de derecho. Si la empresa hubiera sabido que la autoridad no iba a respetar ni siquiera sus propias resoluciones, no habríamos invertido más de US$ 700 millones en esta planta». -¿Qué impacto ha tenido para la empresa esta disminución de la producción por 20 meses? ¿Qué efectos tiene para la planta de Valdivia estar funcionando a media máquina? «Obviamente esta medida arbitraria tiene un impacto negativo en la empresa. Menores ventas por más de US$ 110 millones de dólares y un menor resultado que afecta a más de 10.000 accionistas, entre los cuales se encuentran las AFP e inversionistas extranjeros. También preocupa a los bancos, tanto nacionales como extranjeros, que han apoyado esta inversión con financiamiento en base a una producción de 550.000 toneladas anuales». «Además, esta situación afecta fuertemente a pequeñas y medianas empresas de la región, las que no han podido participar en la cadena de esta mayor producción, entre las cuales se encuentran proveedores de insumos, madera, transporte, cosecha forestal, servicios y trabajadores que están esperando». -¿Piensan seguir algún tipo de acción legal o administrativa para agilizar las decisiones y volver a producir 550 mil toneladas al año? «Durante más de 20 meses hemos solicitado reiteradamente a las autoridades que se pronuncien respecto de este tema. La vía de los tribunales es siempre una alternativa posible, pero confiamos en que la autoridad resuelva esta situación rápidamente». -¿Qué comentarios reciben ustedes en ambientes internacionales por esta paralización? ¿Qué opinan otros actores? «Arauco vende sus productos en más de 50 países y debe al sistema financiero internacional más de US$ 2.400 millones. Las instituciones extranjeras y nuestros clientes no logran entender que a la planta de celulosa de Valdivia, que cuenta con la mejor tecnología ambiental disponible y que cumple con los parámetros ambientales más exigentes de esta industria en el mundo, la autoridad la mantenga restringida en un 20% de su producción, a pesar de haber cumplido con todo lo que se le ha exigido». El empresariado critica: «Están siendo afectados «Esto es contradictorio e incoherente; por un lado, tenemos una autoridad que promueve el crecimiento, y por otro lado, hay otra autoridad que parece estar frenándolo. Es algo muy difícil de entender, sobre todo si tomamos en consideración que estamos viviendo una desaceleración de la actividad en el país». «Aquí hay principios y derechos que están siendo afectados; en lo fundamental el derecho a la propiedad y el derecho a emprender». Andrés Concha Sofofa «Arauco cumplió y así lo demostró la inspección internacional; entonces, ¿por qué no funcionar a plena capacidad? No hacerlo es restarle seriedad a las normas ambientales, a las inversiones y también al Estado de Derecho. Existe una legalidad vigente y hay que cumplirla, y el Estado tiene el deber de que las instituciones funcionen». «He querido hablar con la ministra de Medio Ambiente y no me ha sido posible. Como no hay explicaciones, planteo mi molestia de forma pública». Fernando Léniz Corma Fuente: El Mercurio
