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Es por los daños ambientales que provocaron ambas empresas en las regiones Séptima y Octava, respectivamente, debido a los derrames de líquidos tóxicos y combustible. La ex ministra Paulina Veloso dirige la investigación a cargo de la Unidad de Medio Ambiente del organismo.
Fuente: Lignum
CHILE (22/6/2007).- El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció hoy que interpondrá acciones legales contra Celco y Enap tras los daños ambientales que provocaron ambas empresas en las regiones Séptima y Octava, respectivamente, debido a los derrames de líquidos tóxicos y combustible. «En esta materia no hay diferencia alguna entre quienes pueden ser los demandados», aseguró el presidente del CDE, Carlos Mackenney, agregando que que antes se «ha demandado a empresas públicas y acá no hay discriminación de ningún tipo frente a situaciones en que nos interesa proteger a toda la ciudadanía». Las medidas que se tomarán ante la justicia son de carácter reparatorio y se basan en la ley 19.300 de Medioambiente, buscando, entre otros aspectos, la repoblación de la flora y la fauna que fueron afectadas por los daños ambientales en esas zonas del país. Este mañana, la ministra de Medioambiente, Ana Lya Uriarte, se reunió con el presidente del CDE, Carlos Mackenney, y le entregó dos carpetas con antecedentes de los casos referidos al derrame de líquidos tóxicos sobre el río Mataquito y la filtración de petróleo en la bahía San Vicente de Talcahuano. «El consejo tiene facultades y prerrogativas para proteger el medio ambiente y demandar cuando se produce daño ambiental. Estos son antecedentes que, además de los recopilados por el Consejo, completan lo necesario para que la Unidad de Medio Ambiente del CDE evalúe los requerimientos necesarios para accionar en ambas situaciones, a la brevedad posible, en cuanto a todos los antecedentes que requiere la demanda para ser presentada a tribunales», explicó el presidente del CDE. La Unidad de Medio Ambiente del CDE está dirigida por la consejera Paulina Veloso, ex ministra de la Presidencia. Ella explicó que la norma 19.300 «otorga la posibilidad de dos tipos de acciones: una acción de reparación e indemnizaciones». No obstante, agregó que en las 39 demandas que ha entablado el CDE se ha abordado básicamente la primera opción. «Eso significa que para determinar cuáles son las específicas acciones de reparación es que el CDE toma cierto tiempo, porque recauda una información de todos los servicios involucrados y de todos los organismos con competencia ambiental de tal manera de determinar en forma previa qué acciones deben hacerse para que se efectúe la reparación ambiental, esto es volver al estado anterior, de eso tratan las acciones de reparación», indicó Veloso. Según explicó la jefa de la Unidad de Medio Ambiente, el CDE ha sido más renuente a indemnización «porque ahí se requieren otras condiciones para qué indemnización se va demandar». «Nuestra primera intención es una demanda de reparación ambiental y para eso hay que determinar qué hay que hacer: si sacar los elementos tóxicos, incorporar determinados materiales que permitan la recomposición del lugar, etcétera, y eso se determina técnicamente», afirmó. Veloso y Mackenney no dieron fecha para la presentación de las acciones judiciales. «Hay algunos antecedentes pendientes que son de carácter técnico, como análisis de laboratorio y químicos, y tan pronto lleguen al Consejo completaremos lo necesario. No puedo señalar ahora en qué momento van a ser presentadas ambas demandas», dijo el presidente del CDE. «El Consejo se toma su tiempo y en general las demandas del Consejo han tenido éxito, nunca hemos tenido un rechazo, en que no se haya acogido el planteamiento del CDE. Hemos tenido una cantidad de acuerdos de reparación. Eso se debe a que el CDE recoge una cantidad de antecedentes para que sea muy seria y acogida», añadió Veloso. ANTECEDENTES PREVIOS La Unidad de Medio Ambiente del CDE había solicitado la semana pasada al procurador fiscal de la región del Maule, Isidoro Villalobos, acudir al río Mataquito, lugar que se vio contaminado y donde incluso se produjo la muerte masiva de peces por residuos industriales de la planta Licancel de Celco. Además, la misma unidad del CDE, a través de la abogada Ximena Silva, en conjunto con la Armada, realizó una serie de diligencias y visitas a terreno a la zona afectada para constatar los alcances del derrame de petróleo producido el pasado 25 de mayo en la bahía San Vicente de Talcahuano. Cabe recordar que el intendente del Maule, Alexis Sepúlveda, ya interpuso el 9 de junio una querella contra quienes resulten responsables de la contaminación en el Mataquito. La acción legal cuenta con el respaldo de la ministra de Medio Ambiente. Tras la muerte masiva de peces y el cierre de la planta de Celco en la Séptima Región se produjo un segundo incidente esta semana, cuando se detectó que se derramaron 50 mil litros de residuos líquidos con su tratamiento de purificación incompleto que llegaron al estero Lourdes y desde ahí pasaron al río Mataquito. Fuente: La Tercera
