| La subsecretaria de Trabajo de la provincia responsabilizó a las cooperativas fraudulentas |
Datos de la Nación señalan a la industria maderera entre las de mayor índice de trabajo no registrado. Desde la Provincia piden una legislación más efectiva para sancionar a cooperativas infractoras. Conforme a lo afirmado por la subsecretaria de trabajo de la Provincia, Fabiola Bianco, en Misiones el panorama sería aún peor, ya que el 50% de los trabajadores no estaría inscripto como tal.
Fuente: Misiones On Line . Por Rafael Cortés
MISIONES(12/7/2005).- Cifras proporcionadas por la Afip y el Ministerio de Trabajo de la Nación ubican a la industria de la madera entre las actividades con mayor porcentaje de empleados no registrados en todo el país. Según los datos oficiales, un 36 por ciento de los empleados de la madera trabaja en negro, pero conforme a lo afirmado por la subsecretaria de trabajo de la Provincia, Fabiola Bianco, en Misiones el panorama sería aún peor, ya que la mitad de los trabajadores no estaría inscripto como tal. La funcionaria responsabilizó por la delicada situación a la implementación irregular de la figura de la cooperativa de trabajo. “Tenemos algunas malas prácticas instituidas, como las cooperativas de trabajo que son fraudulentas”, explicó. Bianco señaló que “en muchas de las inspecciones que hicimos detectamos muchos aserraderos que no tienen empleados, sino que tienen pseudo asociados cooperativos que para nosotros son lisa y llanamente trabajadores no registrados”. La funcionaria consideró que el mal uso de la figura de la cooperativa de trabajo burla completamente la voluntad de los trabajadores ya que estos generalmente “no tienen ni idea” de que forman parte de una cooperativa y que tienen derecho a las ganancias y a participar en las asambleas. La subsecretaria de Trabajo aseguró que no existe ninguna diferencia entre un trabajador no registrado y uno que se desempeña como pseudo socio de una cooperativa fraudulenta ya que ninguno de los dos cuenta con salario mínimo asegurado, obra social, aportes jubilatorios ni seguro de trabajo. “Generalmente cobran alrededor de $2,40 la hora, lo que es una barbaridad total”, indicó la funcionaria. Bianco explicó que para combatir estas prácticas resulta necesario un marco legal más efectivo. «Aprovechamos la última visita del Ministro de Trabajo Carlos Tomada para plantearle que la normativa es insuficiente, necesitamos una herramienta efectiva para combatir este sistema de cooperativas que contratan los aserraderos para colocar empleados que ingresan engañados cobrando magros salarios y sin beneficios de ningún tipo», añadió. Consultado por Misiones On Line sobre la acción de las cooperativas de trabajo en Misiones, Tomada aseguró que “a las cooperativas que cumplen su función y responden al viejo modelo del cooperativismo, vamos a protegerlas, pero aquellas que usan la figura de cooperativa para incurrir en fraude laboral son nuestras principales enemigas”. negrita/Uno de cada tres/negrita La AFIP y el Ministerio de Trabajo llevaron a cabo operativos conjuntos sobre 36 mil empresas. Los sectores detectados con mayor irregularidad son el agro, restaurantes y madera. La AFIP realizó una serie de inspecciones en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo en los que detectó que existe alrededor de 33% de empleados que se encuentran en la informalidad sobre un total de 36 mil empresas que abarcaron los procedimientos. Los operativos fueron realizados entre enero y mayo de este año y dieron como resultado que 32 mil trabajadores están en negro. Las empresas que tienen en estas condiciones a parte de su personal deben $31 millones a Seguridad Social explicó el administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad. Estos datos fueron expuestos en el segundo II Foro sobre Clandestinidad Laboral, organizado por la Unión de Entidades de Servicios (UDES). A su vez, de los operativos de la AFIP surge que en total la deuda fiscal de estas empresas asciende a $ 101 millones. Según el diario La Nación, el ente recaudador giró 469.000 intimaciones por falta de presentación o de pago de las declaraciones juradas de empleados, que implican $ 914 millones. De acuerdo a los números de los operativos que presentó la viceministra de Trabajo Noemí Rial, hasta marzo se habían inspeccionado 88.779 empresas.
