El árbol que tapa el bosque

Opinión

Escribe: Ing. Alberto Tomás Ré. Especial para ArgentinaForestal.com

Muchas veces las noticias se mezclan y confunden, y es preciso tratar de separar una cuestión de otra para que “el árbol no impida que veamos al bosque”, como manifiesta un dicho popular. Cuando tomó estado público la noticia aparecida primeramente en el diario Clarín el pasado 4 de Junio, sobre la separación del cargo del Director de Forestación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagpya), el ingeniero José Luis Darraidou, sorprendió a muchos, pero… no a todos los operadores del sector. Hace bastante tiempo se anunciaban los problemas que se avecinaban, dando incluso ejemplos de los temas que ahora se mencionan como en proceso de investigación. Lo cierto es que la Sagpya confirmó que las autoridades del área, junto a otros organismos oficiales, están realizando una serie de auditorías ordenadas por el propio Secretario, para investigar la aplicación de los beneficios de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados. Las promociones a la actividad forestal no son nuevas, se conocían desde 1948 con la vieja Ley 13.273. Ésta, y las reglamentaciones que llegaron después, apuntaban prioritariamente a la creación de una masa crítica que sustentara la instalación de industrias de pasta de celulosa y -colateralmente- actividades industriales de fabricación de tableros, impregnación y aserrío. En última instancia las promociones acordadas consistían en otorgar subsidios para que los productores planten. La 25.080 -sancionada a inicios de 1999 con validez por diez años- básicamente otorga lo que denomina reintegros a las plantaciones, un aspecto algo diferente a lo anterior, que consiste en pagar el subsidio contra plantación lograda; el productor debe afrontar los gastos de la plantación con sus propios recursos, y el Estado posteriormente le devuelve un valor -previamente estipulado por el mismo- una vez certificada la realización de la plantación. Esto, unido a modernos sistemas de control y detección, sirvió para ordenar el sistema otorgando transparencia a la gestión. Pero la 25.080 además, introdujo como novedad la inclusión de proyectos foresto-industriales en los beneficios que se acordaron, es decir la promoción de proyectos que integraran la producción del bosque con su industrialización. Creó un régimen de promoción para las inversiones forestales y foresto-industriales, que comprenden aspectos que van desde la obtención de la semilla, la implantación de los bosques, su manejo, las actividades de investigación, hasta la industrialización de la madera producida, cuando el proceso formara parte de un emprendimiento foresto-industrial integrado. Los beneficios para el sector industrial se los vinculó –de esa manera- al aumento de oferta de madera que generaran. Probablemente en lo que se refiere a la industria no fue todo lo generosa que se hubiera esperado, pero sin dudas fue un gran avance. Antes de ella, no había nada que incluyera la industria maderera. La medida del régimen fue muy oportuna porque, si bien siempre se sostuvo que la existencia de plantaciones era una condición necesaria para la radicación de industrias, las mismas no se garantizan por sí mismas, dado que las decisiones de instalación dependen -además de contar con suficiente materia prima- de razones de mercado y del contexto económico y jurídico que hagan amigable el trato a las inversiones. La ley trató de darle ese marco de seguridad que una inversión a largo plazo necesita. En principio parecía que se tenía todo lo necesario para asegurar esas esperadas inversiones. El régimen de promoción establecido, incluye exenciones impositivas interesantes; un régimen de estabilidad fiscal por 30 años -ampliable a 50- , devoluciones anticipadas del IVA, y amortizaciones aceleradas de inversiones a los efectos del impuesto a las ganancias, entre otras. Paradójicamente, es en estas exenciones donde se advierten las mayores resistencias a su otorgamiento originadas por quienes tienen que aplicarlas dentro del mismo Estado. Está demostrado que todo régimen de promoción suscita interpretaciones restrictivas por parte de los organismos de aplicación. El Estado (ya sea nacional, provincial o municipal) se ha encargado de aportar medidas que recortan lo que la ley establece, algunas de ellas francamente contrarias a los objetivos propuestos. El caso de la estabilidad fiscal es el beneficio más cuestionado. Es llamativo que haya más de 400 pedidos de estabilidad y sólo un puñado de ellos se haya resuelto favorablemente. Sólo unos pocos en cinco años de la vigencia de la ley!!!, un lamentable récord. En estos días se escuchó como ejemplo -entre otras tantas dificultades- los inconvenientes actuales con la Aduana para la aplicación práctica del beneficio de estabilidad fiscal en relación con los Derechos de Exportación. Las interminables gestiones para tener la estabilidad ponen en duda el alcanzarla y -lo que es peor- hacen extensiva esa duda a todos las otras exenciones otorgadas por la ley. negrita/Aplicación de la ley/negrita Muchas cosas ocurrieron en el país para que el gran empuje evidenciado por las inversiones forestales de fines de los años 90 y principios de la década actual detuviera su marcha, y los signos de desconfianza aumentaran. Pero no todos son factores atribuibles a la coyuntura, las dificultades en la marcha de la ley 25.080 hacen también su aporte negativo. Es necesario identificar estos problemas “de adentro” para poder empezar a cambiarlos. Las dificultades son varias y entre ellas podemos enumerar: de interpretación de las normas; de las fechas de entrada en vigencia y los alcances de los beneficios; de tramitación de los expedientes; de falta de interacción entre las autoridades de aplicación nacional, las autoridades provinciales y municipales respectivas, y el resto de los organismos que intervienen en el proceso (recordemos que ésta es una ley de adhesión y que por lo tanto son aún más necesarias las buenas relaciones institucionales); de falta de definición y comunicación de criterios uniformes; y de implementación de los beneficios concedidos. Hay muchos deberes que realizar para aceitar los mecanismos y lograr un buen funcionamiento del sistema. Pero para avanzar en esto, será necesario definir si las autoridades consideran al sector forestal prioritario para su desarrollo; y si quienes manejan la política económica del país están convencidos de que este puede convertirse en el corto plazo, en una fuente de ingreso de divisas, y contribuir decididamente al desarrollo de negocios. Si encontramos una respuesta positiva, como lo esperamos, habría que trabajar activamente para eliminar todos los inconvenientes que se presentan. Un camino es unificar la conducción del proceso y otorgar a quien tenga que conducirla la suficiente autoridad como para integrar intereses y voluntades hoy dispersos. Mientras tanto, las denuncias provocan desconfianza en todo el sistema. Si hubo abusos o interpretaciones deshonestas, es absolutamente razonable -y esperable- que se castigue a los responsables, sean éstos de organismos oficiales o privados. Lo que no debemos dejar es que se ponga bajo sospecha la necesidad de promocionar al sector forestal, porque ello llevará a no cumplir los únicos objetivos que deberíamos esforzarnos en lograr, que son los de tener una masa forestal suficiente en cantidad y calidad, que alimente y desarrolle una industria fuerte vinculada a su transformación. Esta reflexión es finalmente para que no permitamos que “el bosque” del que hablábamos al inicio, no pueda visualizarse porque “un árbol” lo tape.

Escribe: Ing. Alberto Tomás Ré. Especial para ArgentinaForestal.com

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