Por primera vez, el máximo tribunal mundial declara ilegales las acciones gubernamentales que impulsan el cambio climático y sienta las bases para una nueva era de justicia climática global. El derecho a un ambiente sano y las acciones orientadas a mitigar y evitar la contaminación logra un respaldo jurídico sin precedentes a nivel mundial. La CIJ concluyó que los Estados que violen sus obligaciones climáticas cometen un acto «ilícito» y pueden estar obligados a pagar indemnizaciones a los países más afectados.