El abogado y exjuez Rubén Lunge, representante del empresario forestal Alfredo Ruff, aseguró que la causa por usurpación permanece sin definiciones mientras continúan la toma de tierras en los lotes del propietario. Tras la orden de desalojo, volvieron a ingresar al predio. La querella acusa al cacique Santiago Ramos, de Puente Quemado II, y a la organización EMIPA de instigar la intrusión en el lugar y reclamó una nueva intervención judicial.
Fuente: Misiones Online
MISIONES (9/8/2026).- El abogado y exjuez Rubén Lunge, quien representa como querellante al empresario Alfredo Ruff en el conflicto por tierras de Garuhapé que fue relevada como territorialidad ancestral en la Ley 26.160 y derivó en una toma espontánea de parte de la Comunidad Puente Quemado II, que lidera el mburuvichá Santiago Ramos.
El abogado afirmó que la causa judicial se encuentra actualmente sin avances, no hay información sobre el dictamen del juez respecto al desalojo, y esperan una resolución legal sobre el pedido de un nuevo desalojo ante la intrusión de más 100 personas, entre niños, jóvenes, mujeres y ancianos que trasladan de distintas comunidades Mbya Guaraní.
Además, sostuvo que las personas que permanecen en el predio aumentaron durante los últimos días y volvió a señalar al cacique Ramos y al Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, como presuntos instigadores de la ocupación ilegal.
“En rigor, la causa está como en stand by”, explicó Lunge. Según indicó, la querella solicitó que continúe el desalojo o que se disponga una nueva medida, pero hasta el momento el juez de la causa de Jardín América no resolvió ese planteo ni otros recursos incorporados al expediente. También señaló que estaban previstas instancias de conciliación propuestas por organismos del Estado Provincial que finalmente no se concretaron.
El abogado aseguró que quienes ocupan las tierras de Ruff continúan en el lugar y sostuvo que, lejos de disminuir, aumentó la cantidad de personas.
También afirmó que detectaron vehículos particulares utilizados para trasladar integrantes de comunidades mbyá guaraní y mencionó específicamente una camioneta que atribuyó a EMIPA.
Lunge recordó que anteriormente existió una orden judicial de desalojo. Según relató, cuando la Policía notificó la medida, quienes se encontraban dentro del terreno se retiraron de manera pacífica, pero posteriormente regresaron al lugar.
Destacó además que en aquel procedimiento participaron efectivos policiales, personal sanitario, psicólogos y asistentes sociales.
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Lunge aclaró que la denuncia no apunta contra el pueblo mbyá guaraní
Durante la entrevista, el abogado buscó diferenciar la actuación de la querella respecto de la comunidad indígena en general. “Yo no soy defensor de Ruff, yo soy querellante de Ruff”, precisó la diferendia, ya que colabora con el fiscalía en la investifación de la causa iniciada, y agregó que el empresario no está imputado en ninguna causa.
También sostuvo que las acusaciones impulsadas desde su representación están dirigidas contra el cacique Santiago Ramos y EMIPA, y no contra el conjunto del Pueblo Mbyá Guaraní. “Ni siquiera imputamos al pueblo mbyá”, remarcó.
Según Lunge, la querella considera que en el caso existe una usurpación contemplada en el artículo 181 del Código Penal. Esa caracterización corresponde a la posición de la parte querellante y deberá ser evaluada dentro del proceso judicial.
El abogado señaló que Ruff desarrolla en el lugar un proyecto productivo vinculado con plantaciones de yerba mate orgánica y explotacióon forestal, que cuenta según afirmó, con las autorizaciones ambientales necesarias del Ministerio de Ecología de Misiones.
El exjuez también rechazó cuestionamientos formulados contra la primera orden de desalojo. Explicó que la medida fue solicitada por la propia querella y dispuesta por el juez Sena. Según su relato, la Policía comunicó la resolución con la presencia de un traductor y posteriormente se produjo la restitución del inmueble a Ruff, representado en el lugar por el propio Lunge.
Cuestionamientos sobre los relevamientos territoriales
Otro de los puntos planteados por Lunge estuvo relacionado con la aplicación de la Ley 26.160 y los relevamientos territoriales indígenas realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El abogado sostuvo que estos relevamientos no equivalen a títulos de propiedad y cuestionó que, a su entender, los propietarios privados no hayan tenido suficiente participación o conocimiento sobre su alcance.
“Desde EMIPA hacen creer que esa ley de relevamiento concede título de propiedad y no es así, hay otros procedimientos administrativos y jurídicos que requieren ser superados hasta llegar a establecer el título pretendido en un marco de seguridad jurídica”, manifestó.
También indicó que la familia Ruff es propietaria de esas tierras desde hace alrededor de 60 años y que desarrolla allí actividades productivas con permisos correspondientes.
Lunge aseguró además que actualmente existirían personas provenientes de otros países dentro del terreno y afirmó que el empresario sufrió impedimentos para continuar determinados trabajos en su propiedad. El abogado también denunció daños sobre la vegetación nativa dentro del predio y reclamó una mayor intervención estatal.
Según describió, se levantaron construcciones precarias y se cortaron árboles dentro del sector ocupado. “En este conflicto falta presencia del Estado”, expresó.
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La querella acusa a Ramos y EMIPA de instigación
Hacia el final de la entrevista, Lunge precisó la calificación penal que impulsa la querella. Señaló que el expediente comprende una presunta usurpación y sostuvo que quienes habrían promovido esa conducta podrían ser considerados instigadores. También mencionó una posible desobediencia judicial.
Ante la consulta específica sobre quiénes son señalados por la querella, respondió: “A Satiago Ramos y a EMIPA”. Insistió en que la presentación no está dirigida contra el conjunto de las comunidades mbyá guaraní.
Lunge cuestionó además que Ramos continúe en libertad y expresó que, desde su experiencia como exjuez, consideraría necesaria una medida más severa. Sin embargo, hasta el momento, de acuerdo con lo explicado durante la entrevista, los acusados todavía no fueron indagados por estos hechos.
La querella espera ahora una resolución sobre el nuevo pedido de desalojo. Lunge advirtió que la continuidad del conflicto genera preocupación entre propietarios y vecinos de la zona y afirmó que seguirán recurriendo a las distintas instancias judiciales para reclamar la restitución del inmueble.
