El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) resolvió rechazar la propuesta de modificación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en el marco de los ejes planteados en el Pacto de Mayo. La decisión se fundamenta en el dictamen elaborado por la Comisión de Bosques Nativos del organismo, que evidenció un amplio consenso entre las jurisdicciones provinciales.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES (5/5/2026).- De un total de 24, 17 provincias se manifestaron a favor del rechazo a la reforma en la Comisión de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente. Dos se abstuvieron y cinco estuvieron ausentes al momento del análisis, aunque el dictamen evidenció un amplio consenso entre las jurisdicciones provinciales
Entre las provincias que rechazaron la modificación se encuentran Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Corrientes, Misiones y Tucumán, entre otras. Hubo dos abstenciones: Catamarca y Entre Rios, en tanto que las provincias ausentes fueron Chaco, Chubut, San Luis, San Juan y CABA.
El informe también incorporó la opinión de la sociedad civil y sectores técnicos, a partir del análisis de unas 60 ponencias presentadas por organizaciones no gubernamentales, universidades, institutos científicos, cámaras empresarias y profesionales.
Según el dictamen, cerca del 90% de estas intervenciones se manifestaron en contra de la reforma, con argumentos basados en criterios científicos y de protección ambiental, mientras que un 10% expresó su apoyo, principalmente por razones vinculadas a la eficiencia económica y el derecho de propiedad.
En su análisis, la Comisión advirtió que la propuesta de modificación implicaría una “ruptura del bloque de constitucionalidad ambiental”, señalando posibles vulneraciones a principios y normativas vigentes.
Entre los puntos observados se destaca la posible violación del principio de no regresión, al considerar que la reforma reduciría los niveles de protección sobre una porción significativa de los bosques nativos del país. Asimismo, se alertó sobre el impacto en comunidades campesinas y pueblos originarios, ante el eventual avance sobre territorios actualmente protegidos.
El dictamen también cuestiona el cambio en el sistema de control, al pasar de un esquema de autorización previa a uno basado en notificaciones, lo que según el organismo, debilitaría el rol preventivo del Estado.
Además, se advirtió sobre un posible incumplimiento de compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, y eventuales consecuencias en materia comercial, en particular con mercados que exigen garantías de producción libre de deforestación.
A través de la resolución aprobada, COFEMA dispuso elevar el dictamen a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación y a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado para su tratamiento.
En paralelo, el organismo reiteró el pedido al Poder Ejecutivo Nacional de resguardar las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, solicitud que también fue extendida al Poder Legislativo.
